Miembros del Foro Contra la Violencia Institucional de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por legisladores, representantes del Ministerio Público de Defensa, de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones sociales, presentaron ayer en la Legislatura de la Ciudad el “Registro Ciudadano de la Violencia Institucional”, una herramienta para controlar los abusos de las fuerzas de seguridad frente al avance de las irregularidades policiales y el incumplimiento de la Ley de Seguridad Pública. Durante la conferencia se dio a conocer un material que explica cómo actuar ante una acción irregular de la policía y cómo registrarlo con el celular (ver aparte); qué hacer ante una detención policial y en el caso de que el detenido sea un niño, niña o adolescente. “La idea es construir un registro de casos de violencia institucional, con la participación la Legislatura. A partir de esos registros se van a poder hacer interpelaciones, pedidos de informes y, en algunos casos, intervenir jurídicamente”, explicó a PáginaI12 Claudia Cesaroni, quien participó del evento como representante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc).
La presentación estuvo a cargo de la legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud del FpV, Andrea Conde; Carlos Tomada, legislador del mismo bloque; Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Claudia Cesaroni (Cepoc), el juez Roberto Tavosnaska, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Pablo Vicente, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP); Carolina Arias, representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y Marcela Millán, del Ministerio Público de la Defensa porteño.
“El gobierno de Cambiemos nos está dando mucho para hacer en el Foro Contra la Violencia Institucional y la policía no cumple con la Ley de Seguridad Pública que logramos aprobar en la Legislatura”, dijo Conde para abrir la conferencia. Luego recordó que en 2017 “sufrimos la razzia de las mujeres durante el paro del 8 de marzo; la represión de los docentes cuando instalaron la carpa en el Congreso y la cacería después de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1º de septiembre”. “En este contexto es fundamental construir organización popular para hacer frente a la escalada represiva que asistimos desde la asunción del Gobierno de Macri –continuó la legisladora–. Por eso es necesario que estemos atentos a estos atropellos y estemos informados sobre las herramientas y garantías que tenemos frente a este accionar policial para cuidarnos y cuidar a los mas vulnerables”, finalizó.
A su turno, Cesaroni recordó que “desde el Cepoc habíamos creado en febrero de 2016 el ReCaVe, registro de casos de violencia estatal, cuando empezaron a aparecer denuncias en todos lados”. “El registro produjo dos informes en todo este tiempo, y a partir de eso fuimos convocados por algunos legisladores como José Campagnoli y Andrea Conde, con otras organizaciones, para construir una cuestión más amplia”, agregó luego. En este sentido, Victoria Darraidu, del Cels, detalló que el Registro va a permitir “poder generar nuevos mecanismos de difusión entre distintas organizaciones pensando en tener un mayor alcance de esta información, tener un registro a partir de un mail al que puedan enviar actos que dan cuenta de abuso policial y recibir asesoramiento a quien quiera hacer una denuncia. En definitiva, poner en contacto a este colectivo, a organismos de la sociedad civil y organismos públicos que tienen mayor capacidad de vehiculizar esto como una denuncia”.
Por su parte, el director de litigio y defensa legal del Cels, Diego Morales, advirtió que entre las irregularidades más comunes que se registraron en el último tiempo por parte de las fuerzas de seguridad se encuentran “que las detenciones se prolongan más de lo que estipula la ley; dice que son cuatro horas pero llegan a ser hasta 24”; “hemos identificado en muchísimas marchas de este año situaciones que no cumplen con la norma; tener el chaleco con la identificación, no portar armas, no tener elementos que puedan provocar daños”; y en tercer lugar indicó que “estamos viendo episodios de ingreso de miembros de las fuerzas de seguridad a las escuelas”. Sumado a esto, Morales destacó que “este año presenciamos cómo las ilegalidades cometidas por las fuerzas de seguridad fueron convalidadas por el poder judicial”.
Informe: Juan Funes.
