Mientras cientos de integrantes de organizaciones indígenas y sociales mantenían una vigilia frente al Congreso, el Senado aprobó por unanimidad la prórroga de la ley de emergencia territorial, que suspende los desalojos de los pueblos originarios. Cambiemos intentó hasta último momento reducir el plazo a 2 años y medio pero el conjunto de la oposición, con el bloque PJ-FpV con el actor central, insistió en que debía mantenerse el período de 4 años, en sintonía con lo establecido por el convenio 169 de la OIT. Finalmente, la iniciativa se aprobó por 62 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. “Este gobierno quería hacer caer la ley. Es la conmoción del caso Maldonado la que lo lleva a consentir que esta ley es necesaria. Una prórroga menor era en un claro mensaje a exacerbar el conflicto de tierras en la Argentina. Y lo que necesitamos es paz. Esta ley apunta fundamentalmente al reconocimiento de esa necesidad”, aseguró el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, uno de los más contundentes en su discurso. El texto pasará ahora a la Cámara de Diputados.

En un contexto crítico producto de la desaparición de Santiago Maldonado ocurrida durante la represión de la Gendarmería Nacional a una protesta de la comunidad Mapuche en Chubut, los senadores aprobaron el proyecto que otorga una tercera prórroga a la ley 26.160, que en 2006 declaró la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de cuatro años”. La norma dispuso la suspensión, mientras durara la emergencia, de “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. 

El macrismo primero había buscado postergar el tratamiento para hacer caer la prórroga, posteriormente intentó ponerle un plazo de un año sin posibilidad de renovación y a último momento propuso 30 meses con una única extensión de 12 meses más. Esa alternativa, impulsada en el tratamiento en particular cosechó apenas 4 adhesiones. 

“Este proyecto es imprescindible. No es una concesión sino  un imperativo de derechos humanos. Es una obligación del Estado de reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”, aseguró la peronista pampeana Norma Durango, una de las senadoras que presentó el pedido de prórroga. 

La rionegrina Magdalena Odarda (Coalición Cívica-Ari), presidenta de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, señaló que más del 65 por ciento de las 1532 comunidades indígenas identificadas hasta la fecha quedarían en un “estado de vulnerabilidad” y podrían ser desalojadas si en Diputados no se prórroga la emergencia que vence el 23 de noviembre. También recordó el pronunciamiento a favor por parte de la Iglesia Católica y las declaraciones del Papa Francisco.

Si bien anticipó su voto favorable, desde la UCR, el formoseño Luis Naidenoff apuntó sobre la demora en completar el relevamiento técnico-jurídico-catastral. “Si a 11 de la sanción de la ley vamos a votar una prórroga, no hemos hecho las cosas del todo bien”, señaló Naidenoff y cargó responsabilidades tanto en el Gobierno Nacional anterior como en los gobiernos provinciales. “Sería bueno saber qué se ha hecho con los 30 millones de pesos que le destinaba la ley”, se quejó.

La kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, que también presentó una iniciativa de prórroga, precisó que si bien hoy son más de 1500 las comunidades autoidentificadas como pueblos originarios, la previsión al momento de sancionarse la ley era de 950. Es decir que las 702 comunidades registradas actualmente representan más de un 70 por ciento respecto de aquel objetivo original. 

Yendo al terreno político, Fernández Sagasti recordó que Mauricio Macri es amigo de grandes empresarios propietarios de enormes extensiones en la Patagonia, al punto de alojarse en la estancia del magnate Joe Lewis en Río Negro. “Los representantes del pueblo argentino no vamos a avalar la persecución, el desalojo y la estigmatización de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en la Argentina es la violencia institucional”, remató Fernández Sagasti, que reiteró la pregunta que viene escuchándose en la sociedad argentina hace 57 días: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”

En tono conciliador y sin responder a las críticas, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado adelantó que apoyarían la prórroga, negó que estuvieran en contra de los pueblos indígenas y apeló a la vieja noción del “crisol de razas” para referirse a la diversidad y la multiculturalidad argentina. Poco después le salió al cruce la jujeña Liliana Fellner: “Tenemos que abandonar el concepto de crisol de razas. No somos materiales que se nos puedan fundir para sacar una sola cosa. Somos un pueblo con diversidades. Y sobre todo las comunidades aborígenes”, afirmó la senadora, que criticó a algunos dirigentes de “usar a la Pacha Mama con un efecto marketinero”. Fue un tiro por elevación a Macri, que participó del homenaje a la madre tierra organizado por el gobernador jujeño Gerardo Morales.

Otro de los promotores de la prórroga, el senador de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, aludió a la cuestión de fondo y el tratamiento mediático del tema. “Tenemos que terminar con esto, no queremos más desalojos y desapariciones forzadas como la del ciudadano Santiago Maldonado. No queremos más campañas amarillas con comunicadores de prestigio pintados de amarillo para calumniar y desinformar sobre las causas del conflicto. No le hace bien a la argentina”, disparó.

Sobre el cierre fue el turno de Miguel Pichetto, jefe de la bancada PJ-FpV. Anunció la decisión de su bloque de votar la prórroga pero realizó varias consideraciones de tipo personal para no hacer “un ejercicio demagógico barato”. Pichetto rechazó la existencia de un “territorio sagrado” como esgrimen los pueblos originarios. “De ninguna manera el Estado argentino puede tolerar una situación como ésta en la que hay a un espacio del territorio en el que no puede ingresar. Este argumento falaz no es tolerable desde el punto de vista desde constitucional”, advirtió. También arremetió con fuerza contra “grupos violentos” como la RAM, aunque después dejó al margen de esos actos a “una mayoría inmensa de la comunidad Mapuche”. Si bien reconoció que aplicar el mismo procedimiento en Argentina sería una vulneración de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, Pichetto señaló que en Chile la presidenta Michelle Bachelet, declaró a la región de la Araucanía “bajo la jurisdicción del Ejército chileno”. Por otro lado, volvió a advertir sobre el peligro de “distintas corrientes migratorias que provienen de lugares muy pobres” y llamó a “repensar la cuestión de la soberanía”.

Fue el radical Angel Rozas quien reconoció explícitamente la voluntad del Ejecutivo de achicar el plazo de la prórroga. Según dijo, porque entendían que en dos años y medio podían completar todo el trabajo pendiente.