El periodista Fernando Niembro recibió un duro revés de la Cámara Nacional en lo Criminal, que ordenó revocar el sobreseimiento con el que había sido beneficiado en primera instancia, en una causa en la que se investiga la adjudicación de casi 25 millones de pesos en publicidad en forma directa durante la administración de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara consideró que se pudo haber cometido un "fraude" y conminó a continuar la investigación por supuestos ilícitos con millonarios contratos de publicidad. 

Luego de la audiencia oral, celebrada después de varias postergaciones, la Sala IV de la Cámara dejó sin efecto la medida dictada en primera instancia por el juez en lo criminal Roberto Ponce. "Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otros delitos", acotaron los camaristas Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Ricardo Pinto.

En la causa se denunció la posible comisión de ilícitos en la asignación, desde 2012 hasta 2015, de publicidad oficial de la Ciudad a la empresa "La Usina Producciones SRL". El tribunal de segunda instancia destacó incongruencias entre lo facturado por la empresa y lo informado por el gobierno local, por un monto cercano a los 4.500.000 pesos, y discrepó, porque no fue justificada, acerca de la supuesta situación de "necesidad y urgencia" argumentada para asignar la publicidad a La Usina Producciones. 

Según la denuncia penal, la empresa que se atribuye a Niembro habría percibido un total de 24.718.595,48 pesos, más de cuatro veces lo que tuvo que afrontar para cumplir con la publicidad, la mayoría relacionada con encuestas sobre la administración local. Así, la Cámara estimó que la empresa de Niembro -ex funcionario durante la presidencia de Carlos Menem- tuvo una "utilidad bruta" de 19.073.606,41 pesos.

"No resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones S.R.L. llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó", sostuvieron los camaristas, quienes tampoco descartaron "sobreprecios" en la publicidad.

La causa llegó a la Sala IV de la Cámara por apelación del fiscal Carlos Velarde, para quien la resolución de Ponce fue "prematura".