El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, fue más allá de sus propias –y funestas– palabras la semana pasada cristalizó en un decreto la amenaza a quienes trabajan en escuelas de gestión privada que dependen de su Arzobispado, al indicar: “En lo que respecta a la Educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia, sígase puntualmente lo que he establecido en ‘El orden del espíritu en la sexualidad. Aportes preliminares al ordenamiento de la educación sexual en la escuela’. Prohíbo expresamente que en esta área tan delicada y bella se recurra como fuente de inspiración a la ‘teoría de género’ y a los textos que la sostienen”. Es decir, la Educación Sexual Integral como está vigente por la ley nacional de 2006 y en la provincia de Buenos Aires desde 2015. Y que rige para todas las escuelas del país, sean de gestión pública o privada. Si los fantasmas de la sanción o el despido circulaban ya entre lxs docentes de las escuelas confesionales de La Plata por esta razón, ahora es explícito. Y mientras tanto, el gobierno de Buenos Aires hizo silencio. Del ministro de Educación de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny no se ha conocido ninguna reconversión al prelado famoso por expresiones como que la “masturbación es animaloide” entre otros conceptos de la época de la Inquisición que, incluso, cuesta reproducir. 

La avanzada inquisidora está, además, habilitada por el contexto. Un informe firmado por el Coordinador de Unidad de Gestión de Documentación del Ministerio de Educación de la Nación, Martín Ricardo Funes, a pedido de la Fundación Huésped, indica que entre 2015 y 2017 se redujeron de forma rotunda las capacitaciones presenciales del Programa de Educación Sexual Integral. Mientras sólo en 2015 se realizaron capacitaciones en 14.000 escuelas de seis provincias (entre ellas Buenos Aires) con la presencia de 55.000 docentes; en 2016 se hicieron en 100 escuelas, sólo de Corrientes, con 200 asistentes. Y en 2017 fueron 1050 docentes, sólo de Corrientes y Mendoza. El contraste es enorme si se tiene en cuenta que entre 2012 y 2015 hubo 115.000 docentes en estas capacitaciones. Si se suman los dos últimos años, la cifra es de 1250. Las capacitaciones virtuales también cayeron más de la mitad (de 16.914 docentes alcanzados en seis cursos en 2015 a 6.720 en cuatro cursos en 2016 y 4.450 en dos cursos este año). Si hablamos de presupuesto, la reducción es elocuente: de 55 millones 755 mil pesos destinados al programa en 2015, a 27 millones 662 en 2016. En 2017, la cifra trepó algo, a 43 millones 211 mil pesos, pero sigue siendo menor, sin tener en cuenta la inflación. 

“La vinculación de (la gobernadora María Eugenia) Vidal y el (candidato a senador y ex ministro de Educación de la Nación) Esteban Bullrich con la iglesia, hace que Aguer se sienta habilitado. Por eso, habría que ver qué respuesta da el gobierno a este decreto. Hasta ahora no hemos tenido conocimiento de ninguna”, expresó Catalina González del Cerro, antropóloga e integrante del Frente por la Educación Sexual Integral. 

La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Graciela Morgade, señaló que “más o menos solapadamente, hay un desmantelamiento del programa de la ESI, que empezó con la descentralización de las políticas educativas y siguió con la apertura de un número absolutamente deficitario de cupos para los cursos. Pero además, está apareciendo una impugnación de lo que se dio en denominar ‘la ideología de género’. Está circulando un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda, donde se dice que el feminismo es una nueva forma de comunismo y se hace una crítica lapidaria a la ideología de género. Son indicios realmente preocupantes”. Se refiere al libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez que es material de consulta de todo el espectro antiderechos y misógino. Para Morgade, “en ese marco hay que leer esta resolución, que además es ilegal. El tema es hasta qué punto el gobierno nacional está decidido a cumplir la ley. Justamente, el gobierno se caracteriza por dos estilos, una es tirar muchas cosas, que algunas son terribles y provocan resistencia, pero muchas otras pasan. Y otra forma de acción es el desmantelamiento por inanición. Yo creo que se están dando las dos cosas”. 

Guillermo Romero es investigador del Conicet. Su tesis fue una investigación (entre 2011 y 2012) sobre la aplicación de la ESI en las escuelas confesionales de La Plata. “No encontré prácticamente personas que adhirieran a los postulados de Aguer, y sin embargo, las posiciones que tenían respecto de la ESI tenían que ver con los materiales que había producido el Arzobispado, y que circulaban al interior de las escuelas, si bien no se utilizaban en las aula”, contó Romero. Esos materiales –describió– son “un espejo invertido de lo que fue elaborando el plan nacional de ESI, tanto desde el título como el diseño”. Y dio ejemplos: “El plan nacional sacó la revista ESI para charlar en familia. Y la Iglesia elaboró una que se llama Educación Integral de la Sexualidad, material para padres”. El investigador advirtió que la jerarquía católica “siempre provocó la confusión, con materiales parecidos pero que desarrollan propuestas diametralmente opuestas”. 

Sobre la aplicación de la ESI en las escuelas confesionales de La Plata, Romero sostuvo que existen “divergencias de prácticas al interior de las escuelas. Lo cierto es que el discurso muy enfático que tiene Aguer, que parece como extremadamente cavernícola y que no es posible de llevar a la práctica por nadie, sí funcionan como limitantes para la acción de docentes y directivos, en el sentido que se considera que es algo pasible de una sanción, un docente sabe que puede ser echado si transgrede ciertos límites respecto de la ESI”. 

La contracara es la demanda social por la aplicación del Programa de Educación Sexual Integral. González del Cerro apuntó también el “contexto de mucha legitimidad respecto de la ESI sobre todo en los últimos años, y a partir del movimiento de mujeres. Hay más visibilización de la ley, más vinculación con la perspectiva de género, es más conocido que la ESI no sólo habla de una dimensión biológica sino de una perspectiva cultural. Y especialmente hay una demanda de las y los estudiantes al respecto. Creo que el decreto es una respuesta casi defensiva de Aguer de algo que está sucediendo de facto, que es que en las escuelas católicas no siempre los docentes hacen caso a sus planteos. En ese sentido, Aguer está respondiendo a algo que no tiene vuelta atrás, porque culturalmente algo ya cambió”.