La Legislatura santafesina aprobó ayer con media sanción una ley que prohíbe a médicos y profesionales en general del arte de curar el cobro de plus o dinero adicional por los servicios que brinden a afiliados de obras sociales y prepagas. Si el Senado completa la sanción, Santa Fe será la cuarta provincia del país en la que se declare la ilegalidad de esa costumbre instalada en la relación médico-paciente. Las entidades colegiadas aceptan la norma pero señalan que "ataca el síntoma, no la enfermedad", esto es, la demora y los descuentos que ejercen ciertas clínicas y sanatorios en perjuicio de la "mano de obra", o sea, los médicos. La consecuencia inmediata -el plus- es el traslado del problema al paciente.

Menos el bloque de Cambiemos, todos en Diputados votaron ayer el proyecto de los peronistas Luis Rubeo y Leandro Busatto, que prohíbe el cobro de plus a afiliados a obras sociales, a entidades del Sistema Nacional del Seguro de Salud y a los de la obra social estatal Iapos.

La ley le confiere autoridad de aplicación a la Defensoría del Pueblo, que deberá intervenir de oficio o a fuerza de denuncias contra los profesionales que la infrinjan. Para ello, deberán formar un cuerpo específico de inspectores. La otra fiscalización dependerá del Ministerio de Salud provincial, que deberá proveer a cada sala de espera de un cartel con la siguiente leyenda: "El cobro de plus médico es ilegal. Denúncielo". Y en cada consultorio será obligación exhibirlo al público.

Las sanciones previstas para quienes violen la ley son multas por un monto de entre uno y diez equivalentes al salario mínimo vital y móvil y suspensión como prestadores de entre 90 y 180 días. Una ley similar ya rige en Chaco, Entre Ríos y La Pampa.

"Que el plus esté arraigado no implica que sea válido cobrarle dos veces al paciente. Lo que ocurre es que en el camino alguien se queda con una tajada y el médico, víctima de ello, le traslada el problema al paciente, que es el más indefenso. Iapos, por ejemplo, paga 220 pesos por orden y liquida cada quince días, pero los médicos cobran 120 pesos y a 60 días. Esa lógica empresaria propicia el cobro de plus ¿Y quién le va a pedir un recibo al médico por el plus que le cobra?", acicateó Rubeo al fundamentar su proyecto.

El bloque Cambiemos argumentó su abstención en una posible declaración de inconstitucionalidad. "Los colegios profesionales -replicó Rubeo- se crean por ley provincial, así que tenemos potestad de legislar sobre la actividad".

El titular de la Asociación Médica Rosario, Dardo Dorato, cifró el origen del problema en la dispar puja de recursos para el financiamiento del sistema de salud. Aludió al poderoso lobby de la industria farmacéutica, de diagnóstico por imágenes y alta complejidad que instala "un piso de costos fijos arbitrario e inflexible". Eso, sumado a la actitud de clínicas y sanatorios que demoran más de la cuenta entre que cobran a la obra social y le pagan a sus médicos. "Algunos directamente no pagan, y hay sanatorios que le cobran al médico para internar a un paciente", abundó Dorato.

Eduardo Taboada, del sindicato Amra, consideró que la ley "es una aspirina para la fiebre: el problema son los bajos salarios y honorarios. Si pagaran en tiempo y forma sería distinto. Hay sanatorios que pagan seis meses después de que cobraron, y no más del 40 por ciento del valor de la orden. No es agradable cobrar el plus, pero hay que ver por qué se cobra. La empresa nunca pierde", reprochó.