A menos de 72 horas del referéndum de secesión de Cataluña, la policía confiscó ayer urnas y más boletas electorales, antes de precintar los sitios de votación, una medida que quedó en el aire ante el riesgo de disturbios, pese a que los simpatizantes independentistas comienzan a asumir que no podrán votar y preparan concentraciones pacíficas. 

Al margen de la retórica de confrontación, que se mantiene, la realidad empieza a imponerse de cara a la crucial jornada del 1 de octubre, cuando los catalanes tienen intención de votar en un referéndum de independencia convocado por el gobierno regional y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC) español. 

En el marco de la investigación judicial para neutralizar el referéndum, la Guardia Civil española incautó 2,5 millones de boletas electorales, más de 4 millones de sobres y 120 urnas –que habrían sido utilizadas en elecciones del club Barcelona–, en una empresa de Igualada, en la provincia de Barcelona, según informaron fuentes policiales. 

Por otro lado, desde primera hora de esta mañana, la Guardia Urbana –policía municipal– se presentó en los locales de los talleres del Ayuntamiento de Barcelona, donde se almacenan urnas electorales que pertenecen al Estado español para evitar que sean utilizadas en la consulta, en cumplimiento de una orden judicial. 

Los independentistas dicen extraoficialmente que cuentan con sus propias urnas –que estarían escondidas en un “consulado amigo”–, pero las fuerzas de seguridad tienen órdenes de precintar antes del sábado los colegios electorales y no permitir ninguna votación en un perímetro de 100 metros. 

La posición de los Mossos d’Esquadra –policía catalana–, que está a cargo del operativo es poco clara, ya que el responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, dijo ayer que no cerrarán los centros de votación si hay “riesgo de desórdenes públicos”. 

“Lo que se pretende hacer el próximo domingo no es limitar la libertad de expresión, eso es legítimo, lo defendemos y lo protegemos. Lo que se quiere evitar es un acto declarado ilegal por el TC y que la autoridad judicial pide que se evite”, aclaró el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, tras una reunión convocada de la Junta de Seguridad (órgano de coordinación entre Cataluña y Madrid) convocada por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont.

El dirigente volvió a ofrecer pruebas de que los catalanes podrán votar al publicar en su cuenta de Twitter un video que muestra cómo se están imprimiendo boletas para el 1-O, como se denomina a la consulta en la prensa española.

En calles, la consigna “votaremos” también sigue en boca de los manifestantes. Estudiantes de colegios secundarios y universitarios realizaron ayer una concentración en la plaza Universitat de Barcelona, donde volvieron a denunciar la deriva represiva del Estado español, que, subrayan, les “niega el derecho a votar”. 

Entre gritos de “inde-inde-independencia” y banderas, los líderes de la movilización aseguraron que el domingo harán valer sus derechos, aunque la acción ya acordada por diferentes organizaciones sociales, conscientes de que el escenario cambió, es convertir el 1-0 en una movilización pacífica frente a los centros de voto.

“Si no nos dejan votar, llenamos los centros de gente”, dijo el estudiante Rubén Gallardo, de 18 años. “La idea es acudir bien temprano a los colegios electorales (centros de votación), cada uno al suyo, con la boleta electoral en la mano, y quedarnos allí, haciendo un acto de resistencia y dignidad”, añadió. 

Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) dio instrucciones a sus grupos territoriales para que el domingo a las 7 se reúnan en los centros de votación para repartir boletas y organizar a personas con el fin de lograr “colas gigantes y ordenadas” antes de una eventual apertura de los sitios.

Recomiendan “resistencia pacífica, cero violencia y máxima audacia”, y, en este sentido, piden “no enfrentarse” a la policía catalana, según el documento interno difundido por la prensa española. 

Una plataforma que reúne a entidades y sindicatos del sector educativo informó en su web que cuenta con 40.000 inscritos para llevar a cabo una iniciativa llamada “Escuelas Abiertas”, que pretende permitir que la votación se celebre, también recurriendo a voluntarios. 

Desde Bruselas, el consejero de Exteriores catalán, Raül Romeva, advirtió que sólo hay dos opciones sobre la mesa: “votar o aceptar la represión”, de ahí que apeló a la Comisión Europea (CE) para que intervenga ante el conflicto catalán, ya que están en juego los “derechos fundamentales y la democracia”, los valores sobre los que se fundó la Unión Europea (UE). 

El Ejecutivo central recordó que la posición de la UE es que el conflicto catalán es una asunto interno de España y, de hecho, aseguran que la reacción llegaría “en caso de que sea el gobierno del Estado el que no respetara su propia Constitución”, admitió ayer un funcionario español de primera línea. Con las tensiones políticas al máximo por el conflicto, la mayor preocupación es que se produzca algún hecho que desencadene una represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. 

El diario digital español El Confidencial publicó ayer, citando fuentes “solventes”, que grupos de ultraderechistas de toda España y europeos y de la extrema izquierda radical se darán cita en Barcelona este fin de semana, lo que puede incendiar las calles y hacer estallar de forma impredecible el conflicto catalán.