Mientras los senadores nacionales debatían y daban media sanción a la prórroga de la Ley Nº 26.160 que frena los desalojos de los pueblos originarios, una comunidad indígena ubicada en el límite de Salta, Santiago del Estero y Chaco era ferozmente reprimida para expulsarla de sus tierras ancestrales.

Se trata de la comunidad Sin Fronteras, del pueblo lule vilela, que cuenta con personería jurídica, inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de acuerdo con la legislación vigente.

Sin embargo, unos treinta policías salteños y el juez de paz de El Quebrachal, Oscar Alfredo García, irrumpieron violentamente el martes junto a “paramilitares” del terrateniente ganadero Marcos Loprestti, que desde hace una década intenta usurpar esas tierras ancestrales.

Cariló Olaiz, miembro del Mocase Vía Campesina, contó que los efectivos llegaron al lugar “fuertemente armados”, agredieron a miembros de la comunidad y “voltearon el rancho” de una de las familias.

Tras destruir la vivienda, esposaron y golpearon a una de las integrantes de la familia, Teresa Palma, así como a otras mujeres, e hirieron en la cara con balas de goma a Miguel Palma.

Cuando quiso intervenir una de las autoridades de la comunidad, el consejero Rafael Galván, los efectivos lo redujeron y se lo llevaron detenido a la comisaría de El Quebrachal, donde quedó incomunicado por varias horas.

“Loprestti es un terrateniente que se apropió de unas 17 mil hectáreas. Ha ido desalojando a gente que estaba a la par del río Salado, una zona muy rica porque tiene riego. Tenemos entendido que el juzgado iba a notificar a la comunidad, no a desalojarla, pero parece que Loprestti pone plata y hacen lo que él quiere”, indicó Olaiz.

Para el referente del Mocase Vía Campesina, “es lamentable que haya pasado esto mientras se debatía la Ley Nº 26.160 y a dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería”. “Es como si fuera una provocación”, sostuvo, y agregó que el operativo se realizó pese a que “hace dos meses hubo un diálogo con el Ministerio Público Fiscal”, luego de presentarle toda la documentación del relevamiento del INAI.

Según adelantaron desde la comunidad, se presentará una denuncia ante la fiscalía por la represión, el intento de desalojo que “viola la Ley Nº 26.160” y el robo de pertenencias de la familia Palma.

Luego de su liberación, el consejero Rafael Galván le contó a este diario: “A eso del mediodía del martes nos enteramos de lo que estaba ocurriendo con la familia Palma en la comunidad Sin Fronteras. Fuimos para allá, llegamos más o menos a las 14. Había policías, estaba la brigada de El Quebrachal con dos topadoras y dos tractores del empresario Loprestti, que hace años viene desalojando gente de la zona”.

“El juez García nos dice que tiene una orden de desalojo, que yo no vi, y cuando me pongo delante de la casa de los Palma para impedir que le pasen con la topadora por encima, me detienen por resistencia a la autoridad. También la detienen a Teresa Palma, que está enferma, pero a ella la liberan enseguida. A mí me llevan incomunicado a El Quebrachal”, continuó Galván.

“La orden de desalojo viene por un juicio perdido, que el abogado de los Palma no le comunicó a nadie”, explica Galván. El Mocase viene denunciando desde hace ya tiempo un funcionamiento irregular de la Justicia en varias provincias (Salta, Jujuy, Santiago del Estero) en lo que hace a los juicios de desalojo (abogados que en medio de los juicios renuncian y no lo comunican a nadie, otros que dejan que se venzan los plazos para apelar o hacer presentaciones, por ejemplo, y muchos jueces que fuerzan las leyes a favor de los grandes terratenientes). “Pero es ilegal, porque la comunidad tiene desde 2012 el relevamiento territorial que exige el INAI y está protegida por la ley 26.160.”

“De todas maneras, ejecutan el desalojo, y le pasan a la casa de los Palma con la topadora por encima. Rompen todo. Igual, como no dejan consigna policial ni nada, los compañeros vuelven a ocupar sus tierras. Pero están con una carpa. Para voltear la casa, además de la topadora utilizaron dos tractores del empresario Loprestti”, dijo Galván sobre el terrateniente que en los últimos años “se apropió de unas 17 mil hectáreas”, dentro de las cuales la familia Palma “quedó encerrada entre alambrados”. “Pretenden desalojar a los Palma definitivamente”, insistió.

En tanto, Rolando Castellanos, abogado del Mocase, explicó que “vamos a volver a presentar ante la jueza Patricia Rames todos los papeles que avalan la aplicación del artículo 3 de la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas. La jueza Rames ordenó el desalojo por un juicio de reivindicación que hizo Loprestti”.