Desde Esquel

El nuevo juez de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Gustavo Lleral, estuvo reunido ayer con Guido Otranto, ex magistrado de la pesquisa. La reunión se extendió por más de tres horas y tras su salida de los tribunales, Lleral pidió prudencia, respeto por la familia de Santiago pero en ningún momento fue enfático sobre el curso que tomará su investigación. PáginaI12 le preguntó si reasumiría la investigación por la desaparición forzada -delegada hasta este momento en la fiscal Silvina Avila- y si se había discutido la posibilidad de apartar a la Gendarmería del expediente de habeas corpus pero no quiso adelantar ningún movimiento. Tampoco fue enfático en si avanzaría sobre la desaparición forzada como hipótesis de trabajo. Al entender de las querellas, Otranto “invirtió la carga de la prueba”, a pesar de las múltiples contradicciones presentadas por la Gendarmería y los funcionarios del Ministerio de Seguridad para entorpecer la investigación.

El objetivo de las querellas es que el nuevo juez pueda centrarse en la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y que haya más vinculación entre los dos expedientes en curso. PáginaI12 le preguntó a Lleral, durante una breve conferencia de prensa a la salida de tribunales, si tenía pensado o si había evaluado con su equipo el apartamiento de la Gendarmería dentro del expediente de Habeas Corpus. Según indicó a este diario uno de los abogados con acceso a la causa, la intromisión de dicha fuerza de seguridad, sumada a la presencia del Ministerio que conduce Patricia Bullrich, debilitó cualquier posibilidad de investigación sobre los responsables penales de la desaparición de Santiago Maldonado. El nuevo juez, que llegó a la ciudad de Esquel con dos secretarios, prosecretarios y escribientes, no adelantó ninguna medida. Lo más probable es que en las próximas horas mantenga una reunión con Sergio Maldonado, hermano de Santiago.  

Como ejemplo de las intromisiones del Gobierno y la Gendarmería entendidas como desvíos en la investigación, este diario publicó cómo Gonzalo Cané, Secretario Coordinador con los Poderes Judiciales, introdujo dentro del expediente la falsa pista del “puestero de Epuyen”. Eso ocurrió el 15 de agosto. Un día después, Bullrich sostuvo ese argumento en el Congreso y durante dos semanas consecutivas, hasta que los resultados de ADN sobre dicho puestero echaron por tierra el planteo del Gobierno. 

Otro de los puntos que ponen sobre la mesa los investigadores de las partes querellantes son las contradicciones de la Gendarmería: primero informaron que no habían ingresado al territorio, hubo omisiones en el listado del personal que participó de los operativos del 31 de julio y el primero de agosto. De hecho, si se cotejan los libros secuestrados a los tres escuadrones de la fuerza, y se los compara con los listados presentados por Gendarmería ante el juzgado –a los que accedió este diario–, hay varios uniformados de los cuáles no se sabe si estuvieron o no dentro de la Pu Lof en Resistencia (Antonio Leiva, Benacio González, Sergio Ramírez, Luis Alfredo Horack, Marcelo González, etc). De hecho, en uno de los audios analizados por este diario, perteneciente a Daniel Gómez, se menciona que en el acta del primero de agosto faltaba la firma de un uniformado, a quien no identificó.

Por otro lado, en esta nueva etapa de la investigación, las querellas buscarán clarificar la situación entorno a los gendarmes que accedieron al río, y dilucidar puntualmente el rol que les cupo en el operativo a Emmanuel Echazú, Dario Zoilán, Ernesto Yañez, Neri Robledo, Juan Carlos Peloso, Orlando Yucra, Ramón Vera, Maira Ramos y Alejandro Ruiz Díaz.

Una de las hipótesis sobre las que se insistirá es en que no existió la mentada flagrancia para justificar la persecución dentro de la Lof y que al menos uno de los heridos, tal el caso de Echazú, fue golpeado en el río. “¿Cómo puede ser que hubo una lluvia de piedras como sostienen los gendarmes y ninguno de los vehículos sufrió al menos un raspón o rotura de un foquito?”, se preguntó ante este diario un abogado con acceso al expediente. El que firmó el acta de la represión del primero de agosto fue Echazú y en su redacción hay más justificaciones (que nadie se las había pedido en ese momento) que los datos concretos de la represión.