Como es sabido, por medio de un correo electrónico anónimo se presentó una denuncia contra la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, aduciéndose que en una cátedra se había hablado sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado acaecida hace casi 60 días. La comunicación anónima fue enviada al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que la remitió a la Secretaría de Políticas Universitarias y esta Secretaría, a su vez, la reenvió al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. El Rectorado de la UBA no desestimó el burdo anonimato –como elementalmente hubiera correspondido, en defensa de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional– y lo remitió a la Facultad de Filosofía y Letras.
El proceder de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, aparecería como coherente con las orientaciones predominantes del gobierno conservador de la Alianza PRO-UCR. Pero el proceder de nuestro Rectorado, que debería haber rechazado de plano no sólo el componente inconstitucional (y por ende antidemocrático) sino además la “metodología” del anonimato, ¿cómo debe ser calificado?
Aunque a destiempo, sería edificante y reparador en parte que el Rectorado de la UBA produjera una comunicación pública de rechazo frontal a esa indignante (por su contenido especialmente y por su estilo) denuncia anónima. También el resto de las facultades y sus respectivos consejos directivos deberían expresar su inmediato rechazo acerca de lo acontecido.
* Profesor consulto de la UBA.
