El próximo miércoles la jueza Mónica Lamperti resolverá si admite como querellante al gobierno provincial en la megacausa por estafas inmobiliarias que tiene a escribanos, empresarios, contadores y un sindicalista involucrados. En la presentación, el procurador general de la provincia, Juan Carlos Carbone, dijo que la pretensión tiene que ver con que fueron afectados bienes del Estado; pero las defensas se quejaron de que el Ejecutivo se inmiscuya en cuestiones judiciales, cuando el Estado ya está representado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por eso, hablaron de "intereses políticos". En tanto, si bien en el escrito de presentación del pedido de constitución de querellante no figuraba la acción contra el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, ayer la provincia aclaró que la presentación es contra todos los involucrados en el proceso. El mismo día, el último comprador del campo de Villa Amelia también pidió ser parte del proceso. Aunque el fiscal de Estado, Pablo Saccone, se presentó en Tribunales ayer, no participó de la audiencia. En representación de la provincia estuvo Carbone, a instancias del gobernador Miguel Lifschitz que anunció la presentación hace varias semanas. El funcionario se basó en que "están en juego bienes que no son propios de los imputados". Y agregó: "Este caso instrumenta negocios jurídicos privados, pero a través de documentos públicos. La ley dice que los registros y protocolos de escribanos son bienes del Estado, no de particulares. Si no hubo delito de alteración o falsificación de documentos es evidente que hay una posible afectación de bienes que asisten al Estado". Además, puntualizó que "la constitución provincial dice que el Estado es el garante del cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales; y tiene que hacer todas las acciones posibles para prevenir y buscar sanciones ante incumplimientos. Trascendió, además, la falta de un legajo del Registro de la Propiedad, que implicaría la participación de algún funcionario o empleado; y la provincia tiene un interés directo de investigar esta cuestión", expresó. Luego, se basó en el escrito presentado días atrás, por lo que se excusó de hablar de cada uno de los imputados.

En tanto, el fiscal Sebastián Narvaja no presentó oposición al pedido. Incluso, dijo que desde el MPA se realizó el juicio de admisibilidad del planteo, que "cumple con los requisitos".

Las criticas llovieron por parte de las defensas, quienes apuntaron a que la ley da la posibilidad de querellar a herederos forzosos o damnificados. La mayoría de los abogados pidió que se rechace la querella e hicieron hincapié en que "un poder del Estado no puede inmiscuirse en el otro".

El abogado del sindicalista Maximiliano González de Gaetano, Jorge Bedouret, criticó: "Es muy interesante y lujosa la presentación del Ejecutivo, porque no lo tenemos nunca, ya que nunca se ha presentado como querellante en la ciudad. Solo el ofendido penalmente puede ser querellante", dijo.

En tanto, Froilán Ravena, en representación de Abdala, sorprendió: "El ingreso del poder Ejecutivo al Judicial debe ser tratado con mucha delicadeza, porque evidentemente aquí hay una cuestión política. En el escrito, la pretención de querellar va dirigida contra todos, menos contra Abdala, y ello generó rumores, por lo que se hizo un anuncio de que también estaba incluido en la acusación (ya que fue el último detenido). Yo no me voy a oponer al planteo, porque tengo la convicción de que mi cliente no debería estar imputado en esta causa; y lo demostraremos", dijo.

La causa está en Tribunales hace un mes y medio, aunque lleva dos años de pesquisa en el MPA. Los acusados son Abdala, quien está en libertad bajo fianza, al igual que el escribano Luis María Kurtzemann; el agente bursátil Oneto, el vendedor de autos Roberto Aymo, su esposa (en domiciliaria) y su chofer Zárate; el escribano Eduardo Torres y su par Juan Bautista Aliau (en domiciliaria por enfermedad). También están presos y acusados el sindicalista De Gaetano, y el empresario automotriz Leandro "Lelo" Pérez. La mayoría estará en prisión preventiva hasta el 12 de diciembre.