Miles de personas marcharon esta tarde desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para reclamar que se legalice la interrupción del embarazo y prevenir las miles de muertes anuales que provocan los abortos clandestinos. Entre las grupos convocantes figuraron Pan y Rosas, Correpi, Mujeres en Cicop, Juntas y a la Izquierda, Plenario de Mujeres Trabajadoras, Mala Junta, Patria Grande, Ni Una Menos y Mujeres en Lucha. Las consignas más oídas fueron "saquen sus rosarios de nuestros ovarios", "educación sexual integral para decidir", "aborto legal para no morir" y "no a la objeción de conciencia”.
Las 500 organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, denunciaron además que no se cumple el protocolo para abortos contemplados en el código penal porque hay muchas provincias que todavía no adhirieron.
"Pedimos que se trate el proyecto, lo presentamos este año por sexta vez; si no se trata, pierde otra vez estado parlamentario", denunció Vilma Ripoll, de Juntas y a la Izquierda, en relación al proyecto auspiciado por la Campaña. “Están cajoneando el proyecto que despenaliza el aborto y la iglesia está impulsando el proyecto de ley de Libertad Religiosa que blanquea la objeción de conciencia institucional, lo que impide los abortos en los hospitales", agregó.
Por su parte, Myriam Bregman, del FIT, consideró que “mientras cientos de mujeres, fundamentalmente jóvenes y pobres, siguen muriendo por abortos mal hechos y miles quedan con secuelas en su salud, se impone sobre el derecho de las mujeres la voluntad de la Iglesia y los sucesivos Gobiernos, que han hecho oídos sordos a la realidad”.
El Plenario de Trabajadores del Partido Obrero consideró, a su vez, que “los defensores de la clandestinidad del aborto no sólo protegen el negocio de las clínicas privadas, sino que se valen de este mecanismo para someternos al tutelaje del Estado y de la Iglesia, que se arrogan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.
Mientras tanto, el Congreso de Bolivia reformó un artículo del Código Civil y amplió las causales legales para interrumpir un embarazo antes de las ocho semanas de gestación. La reforma contempla el caso de las mujeres que tengan niños, adultos mayores o discapacitados a su cargo, y obliga a los médicos a cumplirla sin que puedan ampararse en la objeción de conciencia.
