"Morales es capaz de cualquier cosa con tal de ponerme una mordaza", denunció la líder de la Tupac Amaru al gobernador de Jujuy desde la localidad de El Carmen, donde cumple una restrictiva prisión domiciliaria, después de que la Cámara de Apelaciones de Jujuy diera la orden para que volviera al penal de mujeres de Alto Comedero, en contra de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La abogada defensora de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que el traslado no puede hacerse efectivo hasta que transcurran los 15 días para presentar una apelación, pero Sala no descartó que sea trasladada esta misma noche: "Hoy en día, quien toma las decisiones judiciales es Morales".   

"Están violando la resolución de la CIDH. Es muy grave lo que me están haciendo y Morales se deberá hacer responsable si algo me sucede", subrayó Milagro y agregó que el gobernador de Cambiemos "todo lo legal, lo hace ilegal, pero lamentablemente en Jujuy hay quienes se están acostumbrado a estas cosas de atropellar los derechos de la gente para meter miedo a la sociedad". 

La referente de la Tupac consideró que la decisión de la Cámara es política debido a las declaraciones que ella realizó desde que fue trasladada a El Carmen para cumplir prisión domiciliaria —recurrida por la defensa debido a las condiciones ilegales impuestas para una detención de este tipo—, como por ejemplo, la convocatoria que difundió ayer para participar de las movilizaciones por los dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 

Milagro también consideró que con esta noticia "quieren tapar lo de Ledesma", en relación al conflicto que desde hace 15 días se vive en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, donde los trabajadores del ingenio de la familia Blaquier sostienen un paro en reclamo de mejores condiciones de trabajo y salarios. Ayer, la Policía provincial los reprimió para desalojar un corte en la ruta 34.  

"Estoy tranquila, no tengo miedo y me da la razón en lo que estábamos denunciando. Gerardo Morales me quiere amordazar y él cree que la única forma es devolverme al penal", insistió la dirigente, que también advirtió sobre el hostigamiento contra otras compañeras de la Tupac, que continúan detenidas en Alto Comedero. "Así es como estamos viviendo en Jujuy", lamentó.

Por su parte, la abogada Gómez Alcorta, explicó que la resolución de la Cámara de Apelaciones está bajo "efecto suspensivo" hasta que transcurran los 15 días hábiles para apelar la decisión por parte de la defensa. "Fue imposible apelar porque nos notificaron hoy a las 19, pero inmediatamente avisamos a los organismos de derechos humanos y a la CIDH, que en este momento ya está en conocimiento de lo que ocurrió", informó la letrada. 

Gómez Alcorta consideró que el fallo de la Cámara "es político y en represalia a que Milagro no se quedó sumisa". "No toleran que Milagro hable, ellos la quieren callada, silenciada y a la vista para que no puede hablar con ningún medio", insistió.  

Ayer, los abogados de la Tupac habían presentado la recusación contra el juez federal Pablo Pullen Llermanos, luego de que se conociera el testimonio de una persona que denunció ser extorsionada para que declarara contra Milagro, por lo que la abogada también apuntó que  "cada vez que se presenta una una medida, la represalia es inmediata". 

"Nos estamos dando cuenta de que no tienen límite de perversidad. Estas decisiones no pueden tener otra intención que generar situación emocional tremenda en Milagro, y lo que está en juego es la vida de Milagro, eso ya lo dijo la CIDH", resaltó Gómez Alcorta. 

La abogada indicó que fueron puestos en aviso tanto el CELS como Andhes y Amnistía Internacional, los organismos de derechos humanos que presentaron ante la CIDH la medida cautelar, que fue ordenada por el organismo internacional a favor de la dirigente social. "El Gobierno se encuentra otra vez incumpliendo una resolución de la comisión", denunció la letrada. 

Más temprano, Alejandro "Coco" Garfagnini, vocero de la Tupac, señaló que "el gobierno nacional tiene que actuar inmediatamente como garante para cumplir la resolución de la CIDH" y resaltó que el fallo de Cámara demuestra que "la Justicia de Jujuy es parte del aparato represivo del gobernador (Gerardo) Morales". En ese sentido, Garfagnini exigió al Ejecutivo que ordene "la intervención" de la justicia provincial.