Entre el 10 y el 13 de diciembre se realizará en Buenos Aires la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Argentina presidirá la reunión de dicha entidad que integran 164 miembros cuyo objetivo desde el momento de su creación, en plena hegemonía neoliberal en 1995, es garantizar el libre comercio en todo el mundo por sobre la soberanía de los países y de las decisiones políticas que los mismos puedan elegir para su desarrollo. La OMC se autodefine como la única organización que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 

No es lo mismo ser parte de la OMC siendo países subdesarrollados o emergentes que siendo países desarrollados, por las claras asimetrías económicas que existen entre ambos. Los primeros tienen en casi todos los casos un destino de proveedores de materias primas o servicios y los segundos como productores de manufacturas. Son además quienes manejan las reglas de la comercialización. De hecho en esta cumbre, más allá de seguir discutiendo como en reuniones anteriores que Europa rebaje sus aranceles agrícolas y Estados Unidos reduzca la subvenciones a su agricultura, lo que se va a tratar es el manejo del comercio electrónico. Las multinacionales tecnológicas, con la lógica de libre comercio que rige los principios de la OMC, pretenden acceder a las bases de datos de todos los países para llegar de manera directa a los consumidores de todo el mundo, algo que pueden hacer en Estados Unidos pero a lo que Europa se resiste.

Lo que se debe analizar es como llega nuestro país a esta reunión y a la presidencia del G20 en 2018. Desde que asumió el actual gobierno, Argentina hizo todo los deberes que le impuso no solo la OMC, sino también el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Entre ellos, el fin de las restricciones al mercado cambiario, lo que provocó una fuerte devaluación generando una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y, consecuentemente, una brutal caída del consumo que aún se mantiene. Se han profundizado las medidas para garantizar la apertura de importaciones sobre todo de bienes terminados, como la reducción de los canales rojos de Aduana, o la creación de la Ventanilla VUCE para “agilizar” el comercio exterior. También la suba de tasas que favoreció la especulación financiera y reducción de los subsidios a los servicios públicos.

En la disputa permanente de sentido común, el gobierno ha logrado instalar que Argentina debe tener una “inserción inteligente en el mundo”. Por eso acepta todas las condiciones de estos organismos y en el mismo sentido avanza en un tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 

En el proyecto del gobierno para lograr esa “inserción inteligente”, nuestro país debe ganar en competitividad y profundizar las medidas tomadas hasta hoy. Para ello la OCDE recomienda una reforma de la legislación laboral, reducción del déficit fiscal, una reforma impositiva que rebaje y elimine algunos impuestos y, por supuesto, para compensar los efectos de esa reforma, propone bajar el gasto público. Se sabe que cuando baja el gasto público y reducen los salarios se cae más el mercado interno, cierran fábricas y aumenta el desempleo. El camino elegido es un modelo para 20 millones de argentinos que no cierra sin conflicto. Argentina no es Australia

El gobierno está decidido a cumplir con todos los requisitos que imponen la OMC y otros organismos internacionales. Pero claramente, para quienes soñamos con un país más justo, pertenecer al mundo resignando soberanía, crecimiento y desarrollo, no es inteligente ni viable. Será la sociedad la que decida hasta donde llega este proyecto de “inserción inteligente en el mundo”.

* Dirigente de Cgera.

@arielferaguilar