Desde que el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum independentista catalán, la Justicia española está actuando para impedir la consulta desde diferentes frentes judiciales, mientras que el gobierno de la Generalitat insiste en su celebración mañana. “Se pretende desde el gobierno de ultraderecha que no haya referéndum a toda costa. Se están recortando los derechos políticos”, afirma el abogado Xavier Muñoz Soriano, miembro de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, en diálogo telefónico con PáginaI12. 

Soriano considera que hay una represión masiva para desactivar a los principales agentes políticos y que no se produzca la consulta. “El nivel de represión es tal que no sabemos hasta qué punto la gente va a estar dispuesta a jugársela por el referéndum porque corren peligro a nivel penal”, aseguró. Para el letrado, el gobierno español usa al poder judicial para frenar el referéndum como si éste fuese orquestado por el gobierno catalán y por personas, que se pueden encarcelar o inhabilitar, sin tener en cuenta el movimiento popular que hay detrás. “El debate es entre legalidad vigente y la legitimidad. En Cataluña tenemos la legitimidad del pueblo y se está rindiendo cuentas al mandato popular más allá de la legalidad vigente”.

El proceso soberanista surge en la impugnación del Tribunal Constitucional del estatuto de autonomía de Cataluña (que se aprobó en 2006) en el 2010, con la cual se recortaron muchas de las competencias que se habían aprobado y refrendado por el pueblo catalán. Desde entonces el Parlamento y el gobierno catalán se plantean la cuestión autodeterminista. En primera instancia, se intentó negociar con el estado español un referéndum sobre la autonomía de Cataluña sin éxito. Entonces, el gobierno catalán trata de sortear los obstáculos y la coerción del Ejecutivo de Madrid para evitar que se lleve a cabo la consulta. La semana pasada el presidente español, Mariano Rajoy, aseguró que la consulta que considera ilegal, estaba desarticulada y su Ejecutivo junto a la Justicia intensificaron el operativo de intervención en Cataluña para evitar que se vote. 

El 6 de septiembre se aprobó la Ley del Referéndum convocando al referéndum unilateral el 1 de octubre y al día siguiente se aprobó La ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que es la que establece los pasos que se van a dar en caso de que gane el “SÍ” partidario de la independencia. “La aprobación de las leyes de Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica generaron inmediatamente la impugnación por parte del Tribunal Constitucional con forma de urgencia y la utilización del poder penal por la vía judicial para reprimir a las personas que han llevado a cabo estos movimientos parlamentarios. Desde la Ley del Referéndum se hace una convocatoria a todas las alcaldías y al el pueblo de Cataluña para votar el 1 de octubre y desde la Fiscalía se ordena la investigación de 712 alcaldes responsables de las municipalidades que son los que han de facilitar esa votación. De golpe tenemos investigados por parte del sistema penal al 75 por ciento de los alcaldes de Cataluña. Estamos entrando en una suerte de estado de excepción”, dice Soriano. 

El 20 de septiembre la Policía y la Guardia Civil nacional realizaron una operación en la que detuvieron a 14 altos cargos del gobierno de la Generalitat, incluyendo el Secretario General de Economía, el Secretario de Hacienda, el responsable de la Oficina de Exteriores, el responsable de Comunicaciones, de Trabajo, de Gobernación, de Patrimonio, y de Vicepresidencia. Tambien fueron detenidos y empresarios relacionados con las imprentas y las empresas de difusión encargadas del material electoral. Todos ellos, políticos y empresarios recuperaron su libertad tras prestar declaración. “El día que se aprobó la Ley del Referéndum se aprobó también la Junta Electoral que dirigiría la consulta a nivel genérico y luego los miembros provinciales. El Tribunal Constitucional multó con 12 mil euros diarios mientras se mantenga la vigencia de la Junta a cada miembro de la junta general y con seis mil euros por día a los de la junta provincial. Lógicamente algunos renunciaron. Lo que pretenden es reprimir para inhibir”, asegura Soriano. 

Se realizó también en el mismo 20 de septiembre 41 registros en sedes, entre ellas seis en despachos oficiales de la Generalitat. “El jefe de la Policía catalana también fue requerido por la Fiscalía para que traslade la orden de investigar y perseguir cualquier información que reciban sobre el referéndum. Se produjo al mismo tiempo el intento de registro en la sede la Candidatura de Unidad Popular (CUP) sin orden judicial por lo cual no pudieron entrar ni requisar el material. Es inédito en Cataluña y en el estado español que la Policía pretenda entrar y registrar la sede de un partido político sin orden”, asegura el abogado y añade que a su vez se llamó a directores de diferentes medios de comunicación, incluida la televisión pública catalana, para que no hagan publicidad sobre el referéndum bajo amenaza de ser imputados en un proceso penal. “Es una persecución a todos desde el sistema penal, sin ningún tipo de diálogo político trascendente y bajo amenaza de prisión”. 

Además, en otro paso sin precedentes, la Guardia Civil intervino la página web de la Asamblea Nacional Catalana, la principal organización de la sociedad civil que promueve la secesión. La actuación, que se inició por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alcanza a más de 140 páginas web vinculadas al referéndum. En relación al bloqueo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, escribió en la red social Twitter: “No se pueden poner límites a la democracia: consultá dónde votar el #1Oct”.   

Frente a todo esto se produjeron protestas masivas durante varios días, lo que llevó a la Fiscalía a acusar de sedición (levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo) a los responsables de las organizaciones independentistas que estaban detrás de las movilizaciones. “La Fiscalía puso una querella en la Audiencia Nacional que es un Tribunal Central de Madrid sin identificar a quien señala esa denuncia. Lo que pretende es subir todavía más el escalón penal ya no por desobediencia sino por el delito de sedición que acarrea penas de prisión de hasta 15 años. Apunta que a quien se persigue con esta causa penal es a los portavoces, a los directores o presidentes de las principales organizaciones sociales que avalaron esas protestas y que las animaron”. El gobierno español consideró que con ese operativo el referéndum había quedado desactivado, pero Puigdemont advirtió que tenía planes de contingencia y que se iba a celebrar igual. 

Tras las protestas, el gobierno también intervino las fuerzas de seguridad de Cataluña y el Ministerio del Interior anunció al Ejecutivo catalán el envío de más policías y guardias civiles para apoyar a los Mossos d´Esquadra (policía catalana). “Es intolerable que el Estado dirija los operativos policiales de Cataluña. Desde el gobierno de Cataluña no aceptamos esta injerencia del Estado, saltándose todos los mecanismos de coordinación ya existentes con el Estado”, manifestó el consejero el ministerio del Interior catalán, Joaquín Forn. Sin embargo, fuentes de Madrid dijeron que la ley española contempla la intervención de la Policía y la Guardia Civil en el mantenimiento del orden público en apoyo de los Mossos. 

El abogado agrega que las cuentas de la Generalitat están intervenidas hace días por parte del gobierno español y que existe la amenaza de aplicar el artículo 150 de la Constitución que suspendería la autonomía de Cataluña en caso de que el referéndum siga adelante. “La hipótesis es que se detengan varios alcaldes que no reconocen el proceso penal como legítimo y que no van a acudir al juzgado a declarar por voluntad propia. Posiblemente tengamos imágenes de la Policía deteniéndolos. También está la posibilidad de que se detenga al presidente de la Generalitat”, asegura. 

Según el análisis de Soriano, se está trascendiendo el debate fundamental sobre el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña hacia el debate de los derechos políticos, sociales, humanos. “Existe una reacción represiva indiscriminada por parte del gobierno español. Esta es la esencia real del gobierno actual y del estado español en general. Hay una consigna desde el movimiento independentista que es la de romper con el régimen del 78, que es el pacto constitucional de la transición, como la continuidad de algunas cuestiones fundamentales del régimen dictatorial anterior”, concluye.