A contramano de la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó ayer la prisión domiciliaria a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien desde el 31 de agosto se encontraba sometida a un abusivo operativo de control y seguridad en la casa del barrio La Ciénaga. Los camaristas Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan aceptaron el planteo realizado por el fiscal de Investigación Penal jujeño, Diego Cussel, y dictaron la resolución el viernes a última hora de la tarde, sin informar los fundamentos de la medida. La defensa de Sala anticipó a PáginaI12 que apelarán ante la Cámara de Casación, lo que según el Código Procesal jujeño suspenderá la orden de reingresar a la diputada del Parlasur a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero. 

“Esto es para tapar las atrocidades que está haciendo Gerardo Morales en mi provincia. Morales me quiere poner una mordaza”, alertó anoche Sala, quien incluso denunció las condiciones en las que se encuentra actualmente detenida: “No han respetado la resolución de la CIDH. Lo que yo estoy viviendo es un traslado de cárcel a cárcel”, agregó. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) notificó ayer mismo al organismo internacional sobre la decisión judicial.

El 28 de julio, la CIDH había resuelto que el Estado nacional, por ser parte del sistema interamericano, debía cumplir con la libertad inmediata solicitada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas o, en su defecto, concederle la detención domiciliaria o la libertad vigilada por medios electrónicos. Si bien la medida cautelar tenía carácter urgente, su cumplimiento demoró más de un mes por responsabilidad de un premeditado procedimiento dispuesto por los magistrados de primera instancia Pablo Pullen Llermanos y Gastón Mercau. La vivienda seleccionada para la detención de Sala se encontraba sin conexión eléctrica, puertas, ventanas, agua ni sanitarios. Se le ordenó a la defensa la refacción de esa casa ubicada en el departamento de El Carmen, a la que finalmente fue trasladada el 31 de agosto. 

Anoche, tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones, Sala volvió a denunciar las condiciones en las que se encuentra detenida, que ni siquiera alcanzan ese nivel de exigencia para los represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Más de una veintena de gendarmes rodeando la casa, 24 cámaras de seguridad y la obligación de salir al balcón tres veces por día para mostrar su presencia en el domicilio son sólo algunos de los ejemplos que remarcó Sala para señalar el trato al que se encuentra sometida. Además, hace pocos días le prohibieron el ingreso al domicilio a Pedro Santiago, el hijo de su marido, Raúl Noro.

“Esto es demasiado denigrante. Me están haciendo una jugarreta muy sucia. Solo me cambian de una prisión a otra prisión. Todo esto es político, Gerardo Morales me quiere poner una mordaza. Él cree que la única manera de ponerme una mordaza en mandarme de nuevo al penal”, afirmó Sala, quien se refirió a la fuerte represión policial a los trabajadores del ingenio Ledesma que reclamaban por aumentos de salarios. También vinculó la decisión de la Cámara con su posición sobre la desaparición de Santiago Maldonado. “Toda esta decisión saltó cuando he salido al balcón para preguntarle a los gendarmes dónde está Santiago Maldonado. Es grave que después de 60 días no aparezca”, señaló Sala y expresó su apoyo a la movilización convocada para este domingo en la Plaza de Mayo.

La líder de la Tupac sostuvo que no va a resistirse en caso de que durante el fin de semana las fuerzas de seguridad la trasladen al penal y responsabilizó al gobernador radical “por cualquier cosa que pase”. Reveló, además, que sus compañeras que permanecen detenidas fueron “atropelladas” y “apretadas judicialmente”. En una entrevista telefónica en el canal C5N, denunció que el gobierno “está jugando con la democracia”. “Hoy no tenemos Poder Judicial, quien toma las decisiones judiciales es Gerardo Morales”, insistió. 

Si bien no se conocen los fundamentos del fallo de los jueces Paolini, Del Portal y Cattan, en su apelación el fiscal Cussel había argumentado que la CIDH “carece de competencia” para pronunciarse sobre la detención de Sala y que “no se encuentra acreditado de ninguna manera el riesgo” para la vida de la dirigente. 

El 16 de junio una delegación de la CIDH viajó especialmente a Jujuy para conocer las condiciones de detención de Sala antes de prenunciarse y luego de hacerlo, su presidente Francisco Eguiguren fue más que contundente: “El hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios, multitud de procesos judiciales, le han ido creando un cuadro de agobio que atañe su integridad psíquica, moral, y eso le genera un cuadro peligroso para su vida y su integridad. La Comisión llega a la conclusión, sin entrar a analizar los procesos, de que su permanencia en prisión pone en riesgo su vida severamente y por eso considera que cualquier continuidad de juicio debe darse o fuera de la cárcel en un arresto domiciliario o en libertad sometida a procedimientos de control”, afirmó Eguiguren en una entrevista exclusiva a PáginaI12 publicada el 30 de julio.

La defensa de Sala criticó ayer la decisión de la Cámara de Apelaciones y subrayó que según el artículo 165 del Código Procesal Penal de Jujuy, “los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos”, pero en la resolución emitida, no se establece una habilitación especial a tal fin. Advirtieron que recurrirán la resolución y que según el artículo 443 del mismo Código Procesal jujeño eso otorgará efectos suspensivos a la medida. “De hacerse efectiva la misma, el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país”.

Sala fue detenida 16 de enero 2016, acusada por “tumultos” e “instigación a cometer delitos”, en un claro ejemplo de la criminalización de la protesta social por parte del dirigente radical y uno de los cinco gobernadores que posee Cambiemos. En un primer momento el presidente Mauricio Macri intentó una defensa de la detención: sostuvo que le parece “bien” que los jueces “se animen a defender el valor de la ley”. A medida que la situación escaló intentó desentenderse del tema, escudarse en la división de poderes y en el respeto a la autonomía provincial. Finalmente, la presión internacional de organismos dependientes de la OEA, las Naciones Unidas y la CIDH llevaron a la administración Cambiemos a revisar su posición. La Corte Suprema de Justicia, en cabeza de Ricardo Lorenzetti, nunca se expidió sobre el tema pese a que tiene pendiente un recurso extraordinario desde diciembre de 2016.