La Legislatura provincial salió a bancar al Ejecutivo en la disputa por el reparto del Fondo del Conurbano contra la pretensión de Buenos Aires por una mayor tajada. La Cámara de Diputados declaró por voto unánime esta semana una expresión de apoyo al acuerdo que Miguel Lifschitz firmó con el resto de los gobernadores para resistir la ofensiva de María Eugenia Vidal y su cautelar ante la Corte Suprema de Justicia nacional. Hay 50 mil millones de pesos en juego, de los cuales 6 mil millones le tocan a Santa Fe, o los perdería si el máximo tribunal falla a favor de la gobernadora de Cambiemos.

El autor del proyecto de declaración, el radical Jorge Henn, sostuvo que el presidente Mauricio Macri "debe resolver esto con política y antes de que la Corte se expida. Lo que plantea Buenos Aires no debe ir en perjuicio del resto, pero percibo que Macri especula con que salga el fallo y luego discutir todo con la preocupación de las provincias".

Vidal reclama cambiar la ley del Impuesto a las Ganancias, que asigna el 10 por ciento de su recaudación a la constitución del Fondo del Conurbano. Es el auxilio financiero para las provincias creado en 1992 y que en 1996 añadió un tope a la cuota bonaerense, 650 millones de pesos como máximo, y el excedente distribuido al resto de las provincias en concepto de coparticipación. Pero el pataleo de Vidal se funda en que esa cifra quedó congelada mientras que la recaudación de Ganancias siguió evolucionando al ritmo de la economía.

"Buenos Aires ha sido beneficiada con creces con fondos no reintegrables, con subsidios a los servicios públicos. No vamos a permitir que a Santa Fe le toquen un solo peso", enfatizó Henn a Rosario/12 y reclamó la cuestión de fondo: "Nos debemos una nueva coparticipación".

"Respaldamos el planteo realizado por los gobernadores porque entendemos que hay que generar las condiciones políticas necesarias para que, mediante el diálogo, construyamos un federalismo más en serio, demostrándolo desde la práctica, y no solamente desde lo declamativo", dijo el legislador de la UCR-NEO y ex vicegobernador del socialista Antonio Bonfatti, con quien firmó el proyecto aprobado.

Campea la desconfianza de que Macri no mueva un dedo hasta que la Corte se expida, y todo indica que no lo hará antes de la elección legislativa del 22. Y en esa línea de análisis, las provincias sospechan que el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti esta vez compense a Cambiemos con un fallo favorable, tanto como el año pasado lo hizo con Santa Fe, Córdoba y San Luis, cuando reclamaron la restitución del 15 por ciento de coparticipación detraída de manera incorrecta por la Anses.

A cuento de esta situación, en la Casa Gris incluyen entre los argumentos de su reclamo la demora del gobierno nacional en cumplir con el fallo de la Corte y pagar los 50.000 millones de pesos que, consideran, es la deuda histórica por esos fondos escamoteados desde la década del '90. A pesar de sucesivas promesas de pago expresadas por distintos referentes de Casa Rosada -Gabriela Michetti, Marcos Peña, Rogelio Frigerio- la revelación del proyecto de presupuesto nacional para 2018 confirmó los temores de Lifschitz: en ese texto no hay ninguna previsión ni intención de pagarle a Santa Fe ni un centavo de lo adeudado.

"Percibo que no hay voluntad política en el gobierno nacional. La demora en pagar según el fallo de la Corte es otra muestra de la escasa calidad institucional imperante en Argentina", fustigó Henn. "Sugiero -continuó- que hay que pasar a la fase ejecutiva del fallo. Veo en el macrismo escasa propensión a cumplir con los fallos de la Corte".

"Todos tienen el derecho de reclamar ante la Corte, pero -distinguió- no es lo mismo realizar un planteo por una detracción ilegal del 15% de nuestros recursos coparticipables como se le hizo a la provincia de Santa Fe durante muchos años, que pedir que se modifique una ley que implica una quita de recursos para las provincias".