Juana Quispe era concejala del municipio del altiplano de Acoraimes, en La Paz, Bolivia, cuando fue asesinada en marzo de 2012. Su cuerpo fue encontrado en un barranco cerca del río Orkojahuira con marcas compatibles con un estrangulamiento.

Los principales sospechosos señalados por el femicidio fueron el entonces alcalde municipal, Félix Huanca, junto al presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, Pastor Cutili y Basilia Ramos.

La concejala de 42 años había denunciado que era presionada para dejar su cargo, práctica que en Bolivia se conoce como “compromiso forzoso de la gestión compartida”. Seis meses antes de ser asesinada, Quispe advirtió que recibió amenazas de muerte. "No me he rendido, tomé fuerzas y dije no voy a hacerlo, si es posible mátenme, estoy dispuesta a morir", manifestó la concejala.

Quispe ganó una acción judicial que obligaba a las autoridades a mantenerla en el puesto y ante el incumplimiento de la medida ella los demandó penalmente por "desobediencia a órdenes de amparo".

Dos días antes de la audiencia de resolución del proceso penal, Quispe fue invitada por Huanca a almorzar en La Paz. No se supo nada más de ella hasta el 13 de marzo de 2012, día que la encontraron sin vida.

Si bien su femicidio fue la punta de lanza para la aprobación de la Ley 243 de Protección contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, su caso es uno de los centenares que continúan impunes.

En marzo de este año, a casi once años de su asesinato, la causa llegó a juicio oral pero todavía no existe condena y desde su círculo íntimo e instituciones como la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) denuncian excesivas demoras en el proceso.

El foco está puesto en las trabas que existen desde el comienzo de la investigación por parte de la Fiscalía, que llegó a rechazar inicialmente la denuncia de femicidio con el argumento de que la concejala fue víctima de un robo. Esta teoría cayó rápidamente ya que junto al cuerpo de la concejala se encontraron todas sus pertenencias.

“Ella vivió el acoso y la violencia física y lo denunció. Al hacerlo, nuestra hermana sufrió el acoso de parte de su alcalde y colegas concejales. La retiraron del cargo de manera ilegal y presentó un amparo constitucional por haber sido alejada de su cargo. Lo ganó y le dijeron que iba a pagar con su vida; y se cumplió”, denuncia Josefina Velázquez Correa de Acobol.