La reforma o reemplazo del decreto 1212 que el Gobierno proyecta, modificará el régimen especial de aportes personales de los futbolistas y las contribuciones patronales de los clubes al Estado. Entre estos últimos, los que tienen escuelas de nivel inicial, primario, secundario o institutos terciarios, se verán perjudicados económicamente porque su personal docente y administrativo quedará fuera del alcance de la norma. Es el caso de River, Vélez o Godoy Cruz de Mendoza, que aportan al régimen nacional. Ahora deberán pagarle más a la Seguridad Social y sobre una base imponible mayor que afectará nuevos recursos. El tema se está analizando en la AFIP. Su titular, Alberto Abad, ya era crítico de la norma cuando ocupaba el mismo cargo en el gobierno de Eduardo Duhalde. El ex presidente había firmado el decreto en 2003. Todo indica ahora que la AFA y varias de sus instituciones afiliadas no recibirán buenas noticias en un futuro cercano.
“Se debe tomar en cuenta que River y Boca hoy podrían facturar en promedio 1600 millones, con la venta de jugadores. Pero póngale que sean 1200. Al siete por ciento, eso daría un promedio de unos 80 millones de pesos más o menos si todos los ingresos del fútbol tributaran. 80 contra lo que pagan hoy. Sería un aumento exponencial. Si a la cuota social se la pusiera dentro del régimen imponible, los clubes tendrían que ver cómo se la trasladan a los socios. Es obvio que muchos no podrían pagar los aumentos”, le cuenta a PáginaI12 un dirigente del club de Núñez que pidió reserva de identidad porque se desempeña en un cargo público.
El decreto 1212 establecía cuando salió publicado en el boletín oficial del 20 de mayo de 2003 que los clubes se obligaban a pagar una suma equivalente al dos por ciento de lo que recaudaran en tres ítems: entradas de los partidos, transferencias de jugadores y derechos de televisión de los torneos. A cambio, el Estado suspendía todos los juicios o ejecuciones en curso contra las instituciones deportivas. El 1º de agosto de 2005, la alícuota se elevó al 6,5 por ciento, lo que significó un aumento del 225 por ciento. Desde ese momento se mantuvo en un dígito, contra el 29 por ciento que se tributa hoy por fuera del régimen especial.
El sistema de “percepción y retención para el ingreso de los aportes personales y contribuciones patronales correspondientes a los jugadores de fútbol, miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares que atiendan a los planteles que practiquen fútbol profesional en cualquier categoría y demás personal dependiente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y de los clubes que intervengan en los torneos organizados por dicha asociación en las divisiones Primera A, Nacional B y Primera B” fue recibido con aplausos y reconocimiento entre los dirigentes. Sus clubes, a la salida de la grave crisis del 2001, estaban en bancarrota. El que no había quebrado estaba concursado o se había acogido al régimen de gerenciamiento.
El proyecto que discutieron en el Ministerio de Trabajo, la AFA y el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis, está ahora en la AFIP para su evaluación. Según le confió a PáginaI12 el vicepresidente de Unión de Santa Fe y abogado especializado en el tema, Marcelo Martín, “el área que lo tiene es la Dirección de Recaudación de Recursos de la Seguridad Social. No conozco la posición de la AFIP, pero el gobierno parece más apurado que el fútbol en resolver el nuevo régimen especial”. El dirigente participó de las negociaciones en las que se involucró hasta el propio ministro Jorge Triaca (h).
Martín también señaló que “está en juego la pertinencia del decreto, su viabilidad económica, si va o no va. Pero además queda muy claro que el sistema está desfinanciado. Uno de los cambios que se aprobaron es que los clubes pagarían de manera directa los aportes patronales que les retienen a los futbolistas”. Cuando se creó el decreto 1212, había sido concebido para que los clubes aportaran al Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social una suma equivalente al 2 por ciento de lo que recaudaran. Los rubros imponibles eran las entradas de los partidos, las transferencias de jugadores y los derechos de televisión. En aquel momento, el Estado suspendió todos los juicios o ejecuciones en curso contra las instituciones deportivas. Se trataba de rescatar a las economías de los clubes, que habían quedado en cesación de pagos como el país.
En el escenario actual, se verían afectados por el nuevo régimen especial los recursos que genere la selección nacional por venta de entradas, publicidad y derechos de televisión, más los partidos amistosos y el sponsor del torneo de la Superliga. La idea que tiene el titular de la AFIP sobre el tema la expresó en octubre del año pasado durante una conferencia de prensa. Mencionó que la nueva base imponible debería contener también las cuotas que pagan los socios en sus clubes y se pronunció a favor de “aumentar la alícuota” que fija el decreto de Duhalde. Una posibilidad que los dirigentes del fútbol rechazan.
Según Martín, “a River, Vélez, Godoy Cruz y otros clubes que tienen institutos educativos de varios niveles y aportan a las cajas nacionales les impactará más la modificación del decreto 1212 porque los trabajadores de sus colegios quedarán excluidos”. Puso como ejemplos de lo contrario a “Independiente y Unión, que aportan a cajas provinciales y no sufrirán tanto con los cambios al régimen especial”.
Son 11 mil los trabajadores de los clubes encuadrados en este sistema desde 2003. Pertenecen a todos los clubes afiliados directamente a la AFA en sus categorías profesionales. Para Abad hay una inequidad desde que rige el decreto. “El fútbol tiene un régimen especial, atípico. Esto genera un fortísimo desfinanciamiento de la seguridad social. Porque cuando los jugadores se jubilan, consiguen las mismas condiciones que cualquier trabajador”, declaró hace un año. Si se impusiera su pensamiento de aumentar la alícuota o llevar a los clubes hacia el régimen general de la Seguridad Social, se desataría un conflicto. Muchas de las instituciones deportivas afiliadas a la AFA sumarían más dificultades económicas a las que ya tienen. Por eso quieren desactivar los cambios más ambiciosos al decreto 1212. La AFIP tiene ahora la palabra.