Algunos podrían estar tentados a llamarlo el Oktoberfest de Comodoro Py. Otros serán más descriptivos y hablarán del jolgorio electoral de los fiscales y magistrados federales. Lo cierto es que en los tribunales preparan una andanada de aquí al día de los comicios, el 22 de octubre, que está al servicio de las necesidades electorales de Cambiemos y apunta contra todos los aspectos del gobierno kirchnerista. En los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py ya se habla de que es inminente la citación a indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, que lleva adelante el juez Claudio Bonadio. En paralelo está el expediente por la muerte de Alberto Nisman donde se esperaba un inmediato cambio en la calificación, pasando de muerte dudosa a homicidio. Los rumores señalan que la pericia de la Gendarmería no convenció a nadie en el edificio de Retiro y hubo voces que afirmaban que sobre la base de ese texto no sería fácil avanzar. Sin embargo, el tronco de poder de Comodoro Py –los hombres que responden a la Casa Rosa y la Corte Suprema– disciplinará todo detrás de la Gendarmería, por lo que se sostendrán las conclusiones pese a que tiene baches descomunales. Lo que predominará es que no son tiempos para desautorizar a la Gendarmería, que “se la está jugando” en el Pu Lof de los mapuches y en Jujuy. 

De todas maneras, la defensa de Diego Lagomarsino presentaría esta semana un pedido de nulidad por las gravísimas inconsistencias de los gendarmes (ver aparte). Los miércoles, el Oktoberfest tendrá las sesiones del juicio contra Julio De Vido por la tragedia de Once y los martes, a partir de esta semana, las audiencias contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone. El tribunal oral número 4, que es el mismo para Boudou y De Vido, está liderado por un hombre claramente alineado con el gobierno, Pablo Bertuzzi. En las últimas dos semanas resaltó la eficiencia de los encargados de prensa que mandaron mails invitando a los medios a acreditarse para los dos juicios. En el medio de la andanada, está previsto también el procesamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la calle Perón. 

Largada

La cronología electoral de Comodoro Py se iba a iniciar el viernes con la citación a indagatoria de la ex presidente y su ex canciller, así como a los demás imputados en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Algo demoró la medida. Todas las maniobras desarrolladas, incluida la invención de una causa paralela convalidada por la Cámara Federal, no podían terminar en otra cosa que en las citaciones a indagatoria y, seguramente, en procesamientos, pese a que el memorándum fue tratado por el Congreso y convertido en ley, y nunca entró en vigencia. 

Como ya se hizo en la causa conocida como dólar-futuro, el llamado a indagatoria no calificaría el delito, pero haría una descripción de los hechos como traición a la patria exactamente en el mismo sentido en el que fue condenado Juan Domingo Perón en 1955. En la llamada Revolución Libertadora se consideró traición a la patria que Perón le haya “concedido facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo”. La firma de aquel fallo dictatorial fue del juez Luis Botet y argumentaba que Perón le ordenaba al Congreso que aprobara tales o cuales leyes, que los diputados estaban obligados a leer textos y que de esa manera se afectaba “la vida, el honor y los bienes de los argentinos”. También se señalaría que el memorándum fue una forma de adjudicarse la suma del poder, porque CFK y Timerman se metieron en un caso judicial, el atentado contra la AMIA. 

En la semana que pasó, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, que defienden a CFK y Timerman presentaron un escrito de cien páginas en las que detallaron los antecedentes del memorándum. Fue una especie de preparación para las indagatorias. Como la acusación se concentra en que el gobierno firmó el memorándum y, supuestamente, dio una especie de visto bueno para levantar las órdenes de captura con alertas rojas contra los funcionarios iraníes, Rúa-Peñafort señalaron toda la documentación en la que el Ejecutivo insistió una y otra vez en que las alertas rojas no debían levantarse. Un detalle poco conocido, revelado por el periodista Horacio Verbitsky en este diario el 18 de enero de 2015, es que después de la firma del memorándum, el canciller de Irán le propuso a Timerman redactar una nota conjunta dirigida a Interpol informando del acuerdo y que debían levantarse las alertas rojas. Timerman no sólo se negó señalando que eso no formaba parte del acuerdo sino que llamó al secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, para dejarle en claro que nada modificaba la situación de las alertas. El diálogo empezó en inglés, continuó en francés y finalmente Noble concluyó: “Se lo dije en inglés, después en francés y ahora se lo digo en su idioma: el memorandum es muy conveniente y no hay riesgo que sobre esa base se modifiquen las alertas rojas”. Timerman pidió que se pusiera por escrito, lo que Interpol hizo a través de un dictamen de su Consejero Jurídico Joel Sellier. 

Las alertas rojas nunca se levantaron y rigen hasta hoy. Eso derrumba de por sí toda la acusación. Un dato impactante es la jugada por demonizar al norteamericano Noble, ex jefe del Servicio de Seguridad de Estados Unidos. Primero Nisman dijo que Timerman intentó levantar las alertas rojas y Noble fue quien se opuso. A raíz de que el norteamericano contestó en PáginaI12 y en The Wall Street Journal que lo de Nisman era falso, que la Argentina siempre insistió en la vigencia de las alertas, la maniobra mediática-política-judicial pasó a acusarlo de ser una especie de agente de los iraníes, porque supuestamente uno de sus colaboradores ahora trabaja en un estudio de abogados de Londres que intenta levantar las alertas rojas. Y en paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita no acepta los dichos anteriores de Noble y no hizo las gestiones para que declare en el expediente. El viernes se le tomó declaración por skype a un experto en cuestiones nucleares, aparentemente por el tratado que firmó Irán con las grandes potencias. En el caso de Noble, no declararía por skype sino por escrito, pero los funcionarios judiciales se niegan a gestionar esa declaración ante Interpol, el único organismo que puede autorizar el testimonio ya que Noble tiene la inmunidad diplomática. 

Público

En el texto presentado por Rúa-Peñafort se resalta lo pública que fue toda la negociación del memorándum. Como anticipó PáginaI12 en exclusiva, ya en 2008 Interpol propuso la firma de un memorándum y la conformación de un comité jurídico mixto. En ese momento, Nisman no se opuso, sino que dijo que había que seguir adelante la negociación. 

Un dato asombroso aportado por el escrito es que a través de Interpol Irán propuso antes un primer texto que se iniciaba así: “Las partes aceptan que no hubo ninguna acusación contra ciudadanos iraníes en relación con la causa AMIA”. O sea, para arrancar, había que partir de cero y retirar la acusación. Y en el punto ocho de aquella propuesta se decía que Argentina debía retirar las órdenes de captura. Eso fue rechazado por el gobierno de Néstor Kirchner y en 2011 fue el de CFK el que consiguió que Interpol ratificara las alertas rojas en 2010.

En la Asamblea General de Naciones Unidas, CFK ya había hecho pública la negociación proponiéndole a Irán la realización de un juicio en un tercer país. Lo ratificó en todas las asambleas posteriores e incluso se anunciaron reuniones reservadas con la delegación iraní. Pollicita alega que hubo un encuentro con el canciller de Teherán en enero de 2011. Nisman lo niega y no hay una sola prueba sólida sobre la existencia del encuentro. Lo concreto es que a mediados de ese año, se hicieron las gestiones y se logró la ratificación de las capturas con alertas rojas por otros cinco años. En la Asamblea General de la ONU de 2011, Cristina dijo “la Argentina no debe rechazar ninguna propuesta de negociación, pero ello en modo alguno supone dejar de lado los requerimientos emanados de la justicia en relación con los presuntos responsables de cometer el atentado. No podríamos hacerlo porque eso depende de jueces y fiscales”. En el texto de los letrados queda claro que las reuniones reservadas son parte de las relaciones exteriores y Timerman acredita encuentros reservados con 26 países a lo largo de su gestión. Eso demuestra que es una práctica común de la Argentina y de las demás naciones. 

En resumen, Rúa y Peñafort se anticipan al llamado a indagatoria señalando que la afirmación de que Timerman intentó bajar las alertas “no se ha visto acompañada de ninguna prueba o indicio que la respalde. No hay documento alguno, ni testimonio alguno, ni escucha alguna, que sostenga este punto, ciertamente crucial. Es una grave afirmación sin ningún soporte probatorio. Y que fue para colmo desmentida puntualmente y en forma categórica por el Secretario General de Interpol, Ronald Noble”. 

Fuerza

En la última semana, tras la presentación del informe de la Gendarmería, corrieron los más diversos rumores en el edificio de Comodoro Py. El principal, es que el estudio no resiste el menor análisis (ver aparte) y se basa en especulaciones incomprobables, como la fractura de la nariz o la aparición de la ketamina o la ejecución a cargo de dos personas sobre las que no hay ningún rastro ni huella ni evidencia. En la comunidad científica, sobre todo forenses y toxicólogos, la pericia fue muy cuestionada. En ese clima, las versiones indicaban que el fiscal Eduardo Taiano, que instruye el expediente y mantiene un diálogo fluido con el juez Julián Ercolini, iba a tener que convocar a los forenses del Cuerpo Médico de la Corte Suprema y a los peritos de la Policía Federal para que den su opinión, ya que la Gendarmería contradice totalmente lo sostenido por ellos. 

Sin embargo, sobre el final de la semana, pareció cambiar el viento, especialmente en base a los hombres que marcan el rumbo político en Comodoro Py. La opinión que empezó a circular subrayaba la profesionalidad de la Gendarmería, la seriedad con la que trabajaron, pese a que no contaron con forenses reconocidos ni de trayectoria. En verdad, los escasísimos elogios iban para la Gendarmería no para el estudio que presentaron. 

Lo concreto es que deslegitimar lo hecho por la Gendarmería pegaría duramente en la fuerza, justito en momentos en que están en el centro de las sospechas por el caso Maldonado y cargan con parte del costo político porque el gobernador Gerardo Morales recurre a gendarmes para hostigar a Milagro Sala. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el propio mandatario jujeño tienen una hipoteca con la Gendarmería a raíz de la muerte de 42 efectivos –la mayor catástrofe de la fuerza– enviados por Bullrich, a pedido de Morales, para reprimir a la Tupac. El micro, con una rueda en mal estado y que registró inconvenientes en viajes anteriores, se desbarrancó produciendo las muertes en diciembre de 2015. Ni Bullrich ni Morales pagaron costo alguno, gracias a la protección mediática y a la docilidad de la fuerza.

Martes

En su cronograma electoral, el Tribunal Oral Federal número 4, que ya enjuicia a De Vido por la tragedia de Once, pondrá en marcha las audiencias del juicio por el caso de la imprenta Ciccone contra Boudou y otros funcionarios y empresarios. Será este martes y todos los martes de octubre. El Tribunal no aceptó hacer ninguna pericia de la ruta del dinero con el que se concretó la compra de Ciccone. El ex vicepresidente sostiene que se demostraría así que no fue el comprador sino que –según él– fue Raúl Moneta, con financiamiento también de Jorge Brito. Tampoco el Tribunal, empujado por el juez Bertuzzi, permitió que el juicio empiece en noviembre, dando tiempo a la realización de varias de las pruebas pedidas por las partes. Como siempre, el martes se leerá la acusación y es muy probable que Boudou realice una extensa declaración, pero lo hará después de los comicios. En su entorno afirman que no se va a prestar al show electoral.

Apuntada

El espectáculo electoral podría tener otro punto alto con el procesamiento de una de las figuras más apuntadas por la Casa Rosada: la procuradora Alejandra Gils Carbó. Todo indica que el juez Julián Ercolini dictará esa medida por la compra del edificio de la calle Perón en la que no hubo ningún perjuicio para el Estado y, sobre todo, ella no se favoreció. En la compra intervino un funcionario, Guillermo Belingui, quien aparentemente benefició a su medio hermano, Juan Carlos Thil, que cobró una importante comisión de la inmobiliaria que ganó la licitación. 

Desde hace rato los ex integrantes del gobierno kirchnerista o los funcionarios que no se alinean con la Casa Rosada juegan con la cancha inclinada en contra en Comodoro Py. Los Panamá Papers que quedan impunes en un arco, terminan en imputaciones, procesamientos y juicios orales en el otro. Eso se agudiza en el cronograma de acá al 22, el día de las elecciones. Una verdadera temporada de caza.