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Opinión
El presidente Mauricio Macri enuncia que “está abierto” a pensar en un segundo mandato, lo dice en inglés: un arrebato de simbolismo. Hay audacia y confianza en la movida, no descolgada en el contexto. Periodistas y consultores oficialistas (confesos o culposos) dan por sentada la reelección. A dos años vista el vaticinio da certeza sobre su pertenencia pero no sobre el remoto porvenir.
El filo lanzamiento se asienta en los resultados electorales de agosto y los que se prevén para dentro de tres semanas.
Las elecciones las ganan o las pierden los oficialismos. El actual se encamina, casi seguro, a salir airoso. Es lógico interpretar el veredicto como una legitimación de ejercicio formulada por una minoría consistente.
El oficialismo enfila en tren bala, cree este cronista, a traducir que se le ha librado cheque en blanco para pasar del “gradualismo” a la radicalización. No “apenas” en lo económico: también en otras materias sensibles, como la represión, la persecución judicial. Hasta la proscripción de dirigentes opositores en yunta con el ala oficialista del PJ (Poder Judicial, se entiende). Se trata de una hipótesis a corroborar. Dista de ser antojadiza pues se funda en las barajas que ya muestra Macri, anticipando sus jugadas inminentes.
La base está: Las Primarias Abiertas (PASO) arrojaron un resultado propicio para el gobierno, contrapesado parcialmente por los primeros puestos obtenidos por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires y el ex diputado Agustín Rossi en Santa Fe. Aún si se mantuvieran en la votación general, Cambiemos podrá cantar victoria el domingo 22. Los antecedentes y la lógica política comprueban que la victoria en “primeras vueltas” (las PASO fungen como tales en buena medida) embellece. Contar con los recursos de estados nacionales, provinciales o municipales es una ventaja adicional en toda la Argentina y en Buenos Aires, especialmente.
La nueva integración del Congreso nacional depende de números “finitos” que solo se develarán cuando se escruten los votos. Cambiemos, en cualquier caso, aumentará las bancas en ambas Cámaras. Por decisión ciudadana y también por operaciones que realiza para sisar bancas en detrimento de gobiernos provinciales afines (Río Negro, Tierra del Fuego) o de los socios radicales. (Ver asimismo nota aparte). Se corrobora una tendencia de las coaliciones, ya probada por los distintos peronismos: el socio principal fagocita a los aliados, los minimiza, coopta sus cuadros. Fiel a su idiosincrasia, el PRO redistribuye desigualmente las ganancias.
El oficialismo, todo lo indica, quedará revalidado como primera minoría electoral, muy despegada de cualquier fuerza del atomizado archipiélago opositor. Mérito y demérito de ambos, pongalé.
Con ese caudal, el macrismo irá por más, en sus propios términos.
La razzia judicial: Los medios hegemónicos anuncian cuáles serán los próximos dirigentes o empresarios o sindicalistas perseguidos por el Poder Judicial. O anticipa las pericias referidas a la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman. Días o semanas o meses antes de que se produzcan, con impudicia que trasluce la complicidad entre dos poderes del Estado.
Clarín informa que el diputado Máximo Kirchner está primero en la fila, con el cuchillo del desafuero bajo el poncho. El rechazo del pliego de Cristina sigue latente como amenaza.
La tele primero, un editorial de La Nación luego, anticipan la vindicta contra Víctor Santa María, secretario general del SUTERH y en tal carácter titular del Grupo Octubre, propietario de PáginaI12. Es un secreto a voces, no desmentido, que Macri pidió la persecución contra Santa María, enfurecido por la publicación de denuncias fehacientes de Horacio Verbitsky acerca de cómo blanquearon fortunas amigos y parientes del presidente.
Todo se expone o hasta ostenta ante el estridente silencio de las entidades que defienden la libertad de prensa o las ONGs “ciudadanas” que le cobraban off side al kirchnerismo con saña tenaz.
El despido del colega Roberto Navarro en C5N hace sistema con un avance contra la pluralidad de voces, desatado y en espiral ascendente.
Todos unidos reformaremos: Seiscientos mil argentinos salieron de la pobreza, titulan a coro los dos diarios predilectos de Macri. ¿Adónde habrán ido? Un peldaño más arriba, del que pueden resbalar cuando se termine de cobrar el tarifazo y la liberación del precio de los combustibles líquidos se traslade a precios. Todo quirúrgicamente diferido hasta principios de noviembre.
Las cifras de las transiciones de los pobres simplifican siempre. En esta instancia hay que callar que la indigencia subió un cachito.
Los movimientos sociales, más atentos, lo detectan e insisten en pedir la Ley de Emergencia Alimentaria.
El ministro de Trabajo Jorge Triaca (hijo) entra en la enésima faz pacifista con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT). Los visita en “la casa” de Azopardo.
Promete, no por primera vez, que cualquier reforma se hará a través del consenso. Los compañeros jerarcas se dejaron engrupir un par de veces, incluyendo un pacto anti despidos sellado en la Casa de Gobierno, efímero como el gas en una canasta. Al cierre de esta nota es un enigma si han internalizado la experiencia o si recaerán en la celada.
La reforma laboral sobrevuela el cónclave. Triaca no niega su existencia, ni la reconoce: quien calla de ese modo, otorga. “No será espejo de la de Brasil”, musita.
El trato es cordial. Pablo Moyano, Secretario General de Camioneros, hace gala de frontalidad: rehúsa participar. El ministro habrá respirado con alivio: se detestan.
Héctor Daer, uno de los triunviros de la conducción cegetista, tiene línea directa con Triaca, dialogan eventualmente mano a mano. Se manda solo: un síntoma adicional de las abundantes divisiones internas.
El Confederal se congrega la semana que viene. Juan Carlos Schmid, otro triunviro, se compromete ante oídos atentos a “decir lo mismo que en la Plaza de Mayo”. Alude a aquel acto desafiante, vituperado desde la Rosada y zonas de influencia. La secuencia, que comenzará tras las elecciones, será reunirse con gobernadores, legisladores nacionales, convocar plenarios de la Central Obrera. Y si no hay respuesta sigue vigente la perspectiva de tomar medidas de fuerza.
En Trabajo imaginan que el “plebiscito” del 22 de octubre les bajará el copete y será el momento de ir por las reformas, con la nueva integración del Parlamento. La convocatoria a sesiones extraordinarias llegará como por tubo, el temario se enuncia de modo impreciso. La direccionalidad es clara. Ya sonó la hora de bajar los costos laborales, mejorar la competitividad, reducir las gravosas cargas de las abnegadas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Contrapoderes en la mira: En el incompleto recorrido precedente se hizo referencia a medidas lícitas y a otras que no lo son. Cambiemos puede redoblar su programa de derecha desde el mes que viene. De hecho, el relanzamiento ya arrancó.
Cualitativamente distinta, peor en esencia, es la ofensiva desplegada contra opositores, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y en general toda forma de protesta. Se apela, sin pruritos legales, a la criminalización, la represión. Se incrementan las franquicias concedidas a las fuerzas de seguridad para desvirtuar el uso legítimo de la violencia estatal.
Los contrapoderes funcionaron como termostato para las desmesuras macristas desde diciembre de 2015. Bloquearon algunas, consiguieron que el Gobierno retrocediera en otras, a veces fallaron. Amedrentar, golpear, encarcelar a militantes o manifestantes rompe las reglas de juego y degrada el escenario democrático.
La revocación de la “prisión domiciliaria” (se subrayan las comillas) de Milagro Sala es un episodio sugestivo. El Poder Ejecutivo y el Judicial de Jujuy son uno solo. Desacatar el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el interregno electoral expresa un desafío propio de quien se supone blindado. El sociólogo Pablo Semán planteó semana atrás una presunción atroz: por primera vez desde 1983 es factible que la prepotencia y la vulneración de Derechos Humanos sean una buena carta electoral.
La oposición política dispone de menos de veinte días para caminar, militar, buscar votantes “de a uno”, convencerlos justo en la recta final, aquella en las que los ciudadanos elaboran su decisión.
Entre tanto, los argentinos de a pie se obstinan en poner el cuerpo para preguntar dónde está Santiago Maldonado. Su noble obstinación venció al encubrimiento inicial, a la canallesca conducta del juez Guido Otranto. Sin desfallecer, sin recurrir a la violencia, sin bajar los brazos.
