Pasó ya un mes de la primera movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado y no hay pruebas de que las personas detenidas hayan tenido algo que ver con los incidentes que les atribuyó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. De los 31 arrestados, sólo una aparece en las filmaciones arrojando piedras, lo que tampoco es equiparable de por sí a un delito como la intimidación. Por lo demás, no hay nada de nada. La mayoría de los manifestantes fueron atrapados al voleo y, para justificarlo, en las actas policiales se les atribuyó una acusación genérica y se consignaron lugares de detención falsos, donde ni siquiera estaban. De los 22 policías que declararon como testigos, ni uno especificó las razones de su proceder ni por qué avanzó sobre cada detenido. Pese a la discrepancia entre las actas, los relatos y las pruebas, por ahora la fuerza no está en la mira del juez Marcelo de Martínez de Giorgi, e incluso quedó a cargo de la propia policía el análisis de las imágenes que registran su accionar y el de agitadores que nunca fueron imputados.

Los 31 manifestantes fueron indagados por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, pero el juez aún no resolvió su situación procesal (o sea si los procesa, sobresee o dicta falta de mérito) a pesar de que el Código Procesal fija un plazo de diez días, ya superado. Recién esta semana comenzaron a devolverles sus pertenencias, como los teléfonos, que fueron secuestrados para ser peritados y analizar las vinculaciones entre ellos, aunque era gente que no se conocía entre sí, excepto un camarógrafo y su asistente. “La intimidación pública es un delito que requiere del acuerdo entre las personas para, a través de ciertos actos, generar una situación de temor generalizado en la población. Ni siquiera tirar una piedra es comparable, hay un abismo”, explicó a PáginaI12 la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi), que representa a varios de los detenidos.

Lo que se repetía en los relatos de la mayoría de los detenidos ante el juez era una incongruencia entre el lugar de detención que figuraba en el acta y el sitio donde realmente estaban, lo que implicaba además que tampoco estaban en los disturbios que les adjudicaron. En algunos casos ni siquiera coincidía el horario de arresto del acta con el  real. Del docente José Morales, por ejemplo, el acta decía que lo habían atrapado en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, tirando botellas y piedras, pero entregó un ticket que mostraba que después de la movilización se había ido a comer a una pizzería a siete cuadras. Mientras cenaba advirtió que la policía empezaba a correr a un grupo de chicos que estaba en la vereda. Morales se acercó para defenderlos y uno de los policías le tiró gas pimienta, lo tiró al piso y lo arrestó.

Entre los detenidos también había dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Juan Mourenza y Ezequiel Medone, que cubrían la marcha. Según el documento policial, fueron detenidos a las ocho de la noche por tirar el vallado de la Casa Rosada. Pero el arresto está filmada dos horas más tarde en la esquina de avenida de Mayo y San José, cuando vieron que los efectivos se estaban llevando a una chica que tomaba imágenes con su teléfono celular. En una de las filmaciones donde se advierte este momento, se escucha a un policía: “Ese también está filmando ¡Agarralo!”.  

Las imágenes que habían sido tomadas por la RNMA son analizadas por los abogados de Correpi. “Estamos viendo caso por caso, dónde dice la policía que fue detenido y en qué circunstancias y lo contrastamos con las imágenes. No encontramos ningún caso done haya coincidencia. Por lo tanto vamos a pedir la nulidad de las actas policiales”, señaló Verdú.

Durante todo este mes de investigación, el juzgado se ocupó de rastrear pruebas que expliquen las detenciones. O sea, se los detuvo y después se empezó a buscar la justificación. Martínez de Giorgi le encomendó a la Policía de la Ciudad el análisis de las filmaciones de las cámaras de Monitoreo Urbano y las del Ministerio de Economía. Le pidió un “compilado”, siguiendo la sugerencia del fiscal Ramiro González ya que hay más de 24 horas de grabaciones. En un informe preliminar, sólo uno de los detenidos es identificado arrojando piedras, otro en una postura similar pero confusa. Otros cuatro aparecen en esos registros, pero simplemente están en el lugar.  El único que quedó detenido es un ciudadano colombiano que tenía antecedentes penales.  

A los policías que fueron citados a declarar se les preguntó por las razones de cada una de las detenciones. O sea, que digan por qué detuvieron a tal o cual manifestante. Las explicaciones fueron genéricas e imprecisas. Algunos policías trataron de justificar los arrestos con el argumento de que habían sido agredidos y fundamentos peculiares. Por ejemplo, un agente relató que vio que un compañero intentaba detener a una mujer y como había otros que interferían fue a ayudar. Ahí fue que “un individuo morocho, de barba, de unos 35 años con remera de negra y jeans que gritaba que era de prensa le dio un codazo en la boca sin llegar a lesionarlo” y “por esa razón lo redujo”. El policía mostró en una foto de Infobae al camarógrafo y su ayudante de la RNMA y dijo que uno de ellos le había dado el codazo que no le hizo nada, y para justificar la detención concluyó: “Según mi experiencia, estas personas llevan consigo algún elemento que utilizan para crear piedras, es decir algo similar a un martillo y un cincel”.  

Para justificar su accionar los efectivos hablan de que ellos sufrieron lesiones en las manos, las rodillas y los pies. Un agente de la Comuna 15 dijo que le rociaron la cara con gas pimienta. Era “fuego amigo”, pero acusó a algún manifestante. Excepto el caso del codazo, nadie dice qué persona le hizo qué lesión.

Una arista que por ahora la pesquisa esquiva son las referencias de algunos de los detenidos a los maltratos y amenazas de parte de los agentes. “¿Quieren terminar como Maldonado?”, fue una de las advertencias que un grupo de los detenidos recibió durante el traslado a la comisaría, como relató a este diario tras su liberación Cristian Vázquez, un joven que ni siquiera había asistido a la marcha, sino que salía de trabajar en México y Defensa, en el área de sistemas de una empresa. Contó también que hacían desnudar a quienes tenían tatuajes, y que escuchaba desde su celda  como revisaban a las mujeres. Una de ellas describió una requisa violenta, otra que la obligaron a desnudarse por completo. Otra de las detenidas tenía un golpe en la cara, la había aplastado la policía contra el asfalto. Como no quiso sacarse la ropa el médico puso en el informe final que no tenía lesiones, relató Ada Luz, una estudiante de Filosofía.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) se presentó en la causa y pidió informes al Ministerio de Seguridad sobre, por ejemplo, las razones de la presencia de policías de civil durante la manifestación que habrían participado en las detenciones. El organismo, a cargo de Félix Crous, aún está investigando. Es posible que denuncie el abuso policial, que parece repetir un patrón de conducta de otras movilizaciones: cuando ya terminó la marcha, el acto y la mayor parte de la gente se desconcentró, aparece mágicamente un grupo de agitadores, se genera un estado de confusión y en medio de eso los efectivos salen a reprimir y detener. Este año, por ejemplo, la Procuvin denunció arrestos totalmente arbitrarios tras la marcha de mujeres del 8 de marzo (8M).

“Pasó un mes y es evidente que se están buscando datos y material que el juzgado no tiene. Los policías no identifican a persona alguna ni contextos precisos. El juez rechazó hasta ahora iniciativas para investigar a la policía que, en cambio, puso a cargo de la investigación”, señaló el equipo de abogadas y abogados de Nuevo Encuentro.

“A esta altura el juez debería sobreseer a todos los detenidos e imputar a los policías que detuvieron a 31 personas sin causa alguna y a los responsables políticos que ordenaron esa represión, también sin justificación”, advirtió Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblo. “El único delito que se cometió el 1 de septiembre -concluyó– fue el de privación ilegítima de libertad y el impedimento de un reunión lícita, por parte de la policía”.