Pasaron dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado y el gobierno sigue repitiendo el mismo libreto negacionista, incluso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que podría resumirse así: no hay ninguna evidencia de que al joven se lo haya llevado la Gendarmería, ni siquiera de que haya estado en el lugar de los hechos, y la comunidad mapuche de Cushamen –cuyo reclamo por tierras y por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala él estaba apoyando– obstaculizó medidas de prueba. PáginaI12 accedió en exclusiva al informe del Estado argentino que responde a las medidas cautelares que la CIDH había ordenado para dar con Maldonado e investigar los sucedido. El Gobierno elevó los documentos emitidos por el juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila, quienes no dan crédito a los testimonios de los hombres y mujeres mapuches, pero sí informan en detalle sobre todas las personas que dijeron ver al desaparecido en diferentes puntos del país. “A diferencia del Gobierno, que sigue sin dar crédito a los mapuches, la CIDH ya ponderó esas pruebas y por eso emitió las medidas cautelares. Ahora vamos a demostrar el encubrimiento del Estado, que consiste en haber enviado a (el funcionario del ministerio de Seguridad, Daniel) Barberis para cerrar filas y no para saber realmente qué pasó. En el cuerpo del expediente están los formularios que ellos arman, no interrogan a todos los gendarmes sino sólo a once, y donde aparecían incoherencias, unificaron los criterios”, dijo a este diario Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, que junto con Carlos “Chuzo” González Quintana iniciaron la denuncia ante la CIDH por la represión que ya sufrió la Lof de Cushamen en enero, y presentaron una ampliación cuando desapareció Maldonado. En ese expediente el organismo dictó medidas cautelares que no fueron cumplidas por el gobierno y ayer volvió a expresar, a través de su cuenta oficial de Twitter, “su preocupación” por el paradero de Maldonado. 

“Es vital entender que Barberis dice que están todos en el mismo barco el día 9 de agosto, y la mayoría de los informes posteriores son del 10 en adelante: No es cierto lo que dijo Bullrich de que los entrevistaron uno por uno. El gendarme Gómez reconoce que ayudó a redactar todos los formularios, como surge de los audios, está clarísimo”, agregó el letrado. Por eso ahora están elevando esa parte de la causa judicial, el famoso informe de Gendarmería elaborado para exculpar a la fuerza, en lugar de investigarla. “Le llevaron al juez eso para decirle que los gendarmes no tuvieron nada que ver, en lugar de obligarlos a presentarse a dar su testimonio libremente ante la justicia”, describió.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich rompió el silencio al que la habían conminado e hizo una declaración para estar en sintonía con los dos meses de la desaparición del joven artista, de 28 años, oriundo de La Plata y asentado desde abril en El Bolsón. “Que se sepa qué pasó, lo estamos buscando”, dijo la funcionaria. Cabaleiro optó por responder citando una imagen: “Varios de los carteles que ofrecen la recompensa de dos millones de pesos han sido ‘intervenidos’ con la frase ‘se lo llevó Gendarmería’, pero nosotros sólo vamos a seguir reclamando que aparezca con vida”, replicó. Y agregó que “vamos a insistir en que debe ser desarticulado el sistema de recompensas porque, tal como quedó demostrado en la respuesta del Estado a la CIDH, es lo que les permite sembrar la investigación con pistas falsas”. De hecho, poco antes de las conclusiones, la respuesta del gobierno enumeró el detalle de las más de 200 personas que dijeron haberlo visto a Maldonado en Gualeguaychú, intentando cruzar a Chile o yendo a Misiones a participar del encuentro del Movimiento Hippie, en Mar del Plata, en Colón y en la estación terminal ferrocarril Belgrano camino a Villa Rosa, entre otros puntos. 

Negacionismo recargado

“Es menester insistir en que no existe por el momento ninguna constancia que corrobore el extremo relativo a que Santiago Maldonado hubiese sido privado de su libertad por agentes del Estado o grupos que actúen con su autorización, como requisito de la normativa internacional para declarar la existencia de una desaparición forzada”, rezan las conclusiones enviadas a Washington por la administración de Mauricio Macri, que dan cuenta palmaria ya no de la falta de pruebas para inculpar a los gendarmes y sus superiores sino de la trama posterior de encubrimiento estatal. “Asimismo, nuevamente se pone en vuestro conocimiento que la Gendarmería Nacional Argentina actuó en cumplimiento de una orden judicial liberando la ruta nacional 40 ante la comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal”, previsto para la interrupción del tránsito, “que se encontraba interrumpido mediante la quema de cubiertas de automóvil, colocación de ramas de árbol y personas encapuchadas”. Nada dice el informe respecto a los testimonios de Soraya Maicoño y sus compañeras, detenidas al costado de la ruta 40 durante seis horas. En ese lapso, vieron dos veces al jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Indicaron que el tránsito vehicular había sido cortado por la propia Gendarmería, formando un operativo cerrojo que impedía el paso desde varias horas antes del procedimiento represivo en el cual desapareció Maldonado.

“A fojas 106 a 116 se desprende que durante la sustanciación de la manda judicial (de despejar la ruta) se produjeron graves actos de violencia contra los funcionarios de Gendarmería, no surgiendo de dicha acta que se hubiere detenido a persona alguna”, respondió el Gobierno, que enumeró que tal acta fue validada con la firma de ocho funcionarios públicos. “Por otro lado, del expediente no surge ninguna declaración testimonial que acredite la versión de los peticionantes relativa a que un “peñi” de la comunidad escondido entre los arbustos al otro lado del río pudo escuchar y observar que un funcionario de Gendarmería habría localizado a Maldonado y que luego éste, en conjunto con otros, habrían agredido y retirado al nombrado de ese lugar en una camioneta o en un Unimog”, menciona el informe firmado por Damián Arabia, jefe de la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad. Y repite: “No existe ninguna declaración testimonial en ese sentido”.

En su síntesis, el Gobierno insistió en que durante el procedimiento judicial de búsqueda de rastros realizado el 5 de agosto, en el cual los canes llegaron hasta el río luego de haber olisqueado la gorra blanca de Santiago, la comunidad se opuso a que la medida se siguiera realizando en la otra margen. Las querellas, incluida la que está presentada en la CIDH desmintieron esto al explicar que los testimonios coincidían en que Maldonado no llegó a cruzar, y, además, que ese día los buzos de Prefectura Naval concluyeron que de haberse ahogado su cuerpo hubiera estado allí dada la cantidad de ramas y objetos, la baja profundidad y la escasa corriente. Incluso en el escrito sostuvieron que la gorra fue aportada por la comunidad, en concordancia con el informe que adjuntaron de la fiscal Ávila, cuando en realidad la misma fue hallada por efectivos de la PSA y el defensor Fernando Machado, a poca distancia de donde el joven fue visto por última vez.

“El Estado Nacional y en especial el Ministerio de Seguridad, bajo las órdenes del juez de la causa, han agotado hasta el momento todas las medidas posibles en el interés de corroborar la veracidad de esta versión provista por los peticionantes sin que hasta el momento se encuentre ninguna prueba que confluya en esa vía”, continúa la respuesta del Gobierno. Como si los testimonios presentados por los mapuches ante la Procuración de Violencia Institucional no tuvieran valor alguno, repitió que “ninguna persona afirmó que Santiago Andrés Maldonado se encontraba en el predio en cuestión el día del procedimiento” del 1 de agosto, “como así tampoco que la Gendarmería hubiese procedido a la detención de persona alguna”, en el marco de tal operativo. También falta a la verdad el macrismo porque según consta en el expediente, que PáginaI12 pudo leer, ya desde el 3 de agosto la justicia contaba con las expresiones del periodista Ricardo Alejandro Bustos, quien el día previo en Facebook había publicado que Maldonado había sido detenido por Gendarmería “y ahora la justicia federal tiene la papa caliente”. Alguna relevancia habrá tenido porque los investigadores pidieron el audio de la entrevista que Bustos le hizo por FM Del Lago a Noceti. Además, en uno de los audios que trascendieron, un gendarme también habla de la detención de Maldonado con su pareja, quien se alerta por la gravedad de la situación.     

Naturaleza de Derechos ya pidió a la CIDH que tome medidas contra el Estado por el incumplimiento de las medidas cautelares, y requirió protección para los testigos, los abogados y todas las comunidades mapuches que siguen siendo objeto de graves violaciones a los derechos humanos, como quedó en evidencia en el operativo del lunes 18, cuando dos testigos del caso estuvieron en el piso con las manos precintadas durante doce horas, por orden del juez Otranto. “Estamos insistiendo para que la CIDH le diga al Estado argentino que el sistema de recompensas debe quedar sin efecto, porque fue lo que permitió instalar todas las pistas falsas, colocando a Santiago en diferentes puntos del país cuando la sospecha más clara es que desapareció en el marco de la intervención de una fuerza del Estado, y de hecho en su respuesta al organismo termina diciendo que Maldonado no estuvo allí el 1 de agosto”, destacó el letrado. 

Cabaleiro también cuestionó que la fiscal Ávila no haya apelado el rechazo del juez Otranto a cruzar el teléfono de Noceti con los de los jefes de Gendarmería y a allanar el predio de Benetton. Consideró que esas medidas eran clave y afirmó que no se hicieron porque hubiera implicado que Otranto se involucrara a sí mismo. De hecho, el periodista Horacio Verbitsky publicó que el juez ese día mantuvo un diálogo con Noceti, en el cual éste último prácticamente le ordenó avanzar contra la Lof de Cushamen invocando la “flagrancia”. 

La etapa actual del caso corresponde a la de las medidas cautelares pero la CIDH podría concluir que, ante los sucesivos incumplimientos, sea admisible un proceso ante la Corte Interamericana, como pasó con Iván Torres, cuando en 2011 Argentina fue condenada por la desaparición de este joven mapuche. “Hay una responsabilidad internacional del país como miembro de la Organización de Estados Americanos que tiene un compromiso de cumplir con los tratados, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Tratado Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, pero con este comportamiento y los argumentos expuestos en su contestación está claro que no están actuando de buena fe”, afirmó Cabaleiro. Para el abogado, el encubrimiento tuvo como protagonistas tanto a los funcionarios del Ejecutivo como al juez Otranto y a la fiscal Ávila. “Estando recusado el juez ordenó peritar unas rastas en San Luis, cuando con los testimonios de la causa ya está probado que sí estuvo en la Lof el 1 de agosto”, dice en referencia a las declaraciones de Matías Santana y Soraya Maicoño.

Respecto de la protección a los testigos, Cabaleiro admitió que las medidas de la CIDH no tienen un efecto coercitivo que garantice su cumplimiento, pero si tienen un efecto político. “Si el Estado no cumple queda en una situación de responsabilidad internacional”, apuntó.