PáginaI12 En España
Desde Barcelona
Ya desde el mediodía las versiones, las visiones, de lo ocurrido en Cataluña eran dos: la del Govern y la población catalana destacando que, a pesar de las cargas policiales indiscriminadas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, miles de personas continuaban haciendo colas de hasta 5 horas en los colegios para votar; y la del gobierno central asegurando que el referéndum no se produjo y que la actuación de las fuerzas de seguridad era una respuesta proporcionada y justa al “desafío” independentista.
Interpretaciones aparte, los datos anunciados a la madrugada del lunes por el Govern catalán hablan por sí solos: la participación en el referéndum del 1 de octubre fue de 2.262.424 millones de personas y el 90% de ellas votó a favor del ‘sí’. El conceller portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, destacó que esa cifra de participación se cuenta sobre un censo de 5,3 millones de personas de las que 770.000, según sus datos, no pudo votar por la incautación de material electoral. El dato de participación obtenido por el 1-O quedaría entonces unos 43.000 votos por debajo de los que consiguió el proceso participativo del 9-N de 2014, cuando votaron 2.305.806. En comparación con aquella fecha, sin embargo, los votantes independentistas habrían aumentado, ya que este domingo 2.020.144 personas han votado favorablemente, mientras que, en 2014, 1.861.753 personas optaron por el Sí-Sí. Hay que recordar, tal y como ha explicado Turull, que en el 9-N el censo era mucho mayor, ya que votaban personas de hasta 16 años o sin nacionalidad.
En la tensa e intensa jornada que se vivió en Cataluña este domingo, Jordi Turull compareció por primera vez poco después de las 14 horas (hora española) para dar una triste noticia: los servicios de emergencia cifraban en 337 las personas heridas o contusionadas hasta ese momento durante las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para requisar urnas y papeletas. Luego, el número ascendió a 844. “En una situación de democracia esto es inaudito”, señalaba el conseller, quien denunciaba también que la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, se encontraba también entre las personas agredidas. “La actuación de la Policía y la Guardia Civil no responde a ningún criterio de proporcionalidad, solo responde al ‘a por ellos’”, indicó Turull, haciendo referencia al cántico que entonaron las personas que, hace una semana, despedían con vítores a los agentes de la Guardia Civil que viajaban desde distintas ciudades españolas hacia Cataluña para impedir que se celebrara el referéndum. “Si hubieran permitido el voto, aunque no hubieran querido negociar nada, esto podría haberse evitado”, culminaba el portavoz de la Generalitat.
Desde Madrid, sin embargo, las cosas se veían de un color completamente diferente. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostraba contundente al responsabilizar del caos y la violencia de este domingo al president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, por “su empeño inconstitucional, antidemocrático y contrario a nuestras normas de convivencia de seguir adelante con un referéndum ilegal”.
Para la número dos de Mariano Rajoy, ayer directamente “no hubo referéndum ni apariencia de tal” e insistió que “lo que nunca fue legal es ya claramente irrealizable”. Sáenz de Santamaría, al igual que muchos miembros de su equipo lo hicieron a través de Twitter a lo largo de la jornada, defendió la actuación de la Policía y la Guardia Civil, cuyo objeto “nunca han sido las personas, sino el material electoral”. El propio Ministerio del Interior desde primera hora de la mañana publicaba mensajes a través de la etiqueta creada expresamente el sábado #EstamosporTI en los que destacaba que la Policía Nacional y la Guardia Civil “sí cumplen” con las órdenes de la juez de retirar el material electoral del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, remarcaba que “La @policia retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal”, en contraste con la desobediencia de la policía catalana ante su orden interna de precintar los colegios y retirar las urnas a las seis de la mañana de este domingo.
El Ejecutivo de Rajoy “se ha visto obligado a hacer lo que no quería hacer”, expresó el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, en rueda de prensa tras el despliegue policial que, finalmente, se saldó con 844 heridos, según los últimos datos proporcionados por el Departamento de Salud de la Generalitat. Millo se escudó, como el resto de miembros del gobierno español, en que “los Mossos tenían la orden policial de impedir la celebración del referéndum ilegal” pero “lamentablemente no había sido así en la mayoría de casos”, por tanto, le correspondía a las fuerzas de seguridad nacionales “velar por la seguridad de los catalanes, garantizar sus derechos y salvaguardar el marco jurídico y constitucional”. Para “velar por la seguridad de los catalanes”, la policía enviada por el gobierno de Rajoy disparó balas de goma para acabar con las protestas en algunos de los centros de votación intervenidos en Barcelona, un material antidistubios ilegalizado en Cataluña desde 2014 cuando la Generalitat prohibió expresamente a los Mossosd’Esquadra su uso tras meses de controversia por el caso de una mujer que perdió un ojo durante una huelga general.
“La vergüenza perseguirá por siempre al Estado español por haber utilizado violencia, bastones, balas de goma y agresiones indiscriminadas contra la gente que quería urnas y papeletas”, aseguró el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde el colegio de SantJulià de Ramis, donde tenía previsto votar a las 9.30 de la mañana pero un amplio dispositivo de la Guardia Civil lo impidió con una de las operaciones de desalojo más violentas de la jornada. Finalmente Puigdemont pudo depositar su papeleta en otro centro educativo, a 15 km del anterior, así como también lo hicieron los demás miembros del gobierno catalán, la mayoría de ellos en escuelas diferentes a las que les correspondían por haber sido intervenidas estas o por problemas informáticos, frecuentes a lo largo de la votación de este domingo.
El Govern cifra en 319 el número de colegios cerrados por mandato judicial en toda Cataluña. Esto significa que, pese a la brutalidad con la que actuaron la Policía Nacional y la Guardia Civil, solo se cerró el 14 % de los 2.315 colegios electorales dispuestos para el referéndum del 1-O. Las colas que daban la vuelta a la manzana en la mayoría de los centros habilitados para la votación se sucedieron hasta las 20 horas, cuando finalizaba la jornada plebiscitaria, y cuando la movilización ciudadana cambiaba de escenario para dirigirse a las plazas. En Plaza Cataluña de Barcelona, Plaza del Sol de Madrid y las plazas centrales de Palma de Mallorca, Valencia y diferentes ciudades andaluzas la gente se autoconvocó a través de internet para protestar por la represión policial sufrida por centenares de personas que ayer hicieron todo lo posible por pronunciarse sobre la independencia de Cataluña.
