Produccion: Javier Lewkowicz
“Adiós al autoabastecimiento”
Por Marcos Rebasa *
La decisión de liberar el precio de las naftas se hace pública en un contexto electoral, y en medio de otras disposiciones, conflictos y presiones que muestran la ausencia de una política seria y sustentable para los hidrocarburos. Contiene asimismo una dosis de improvisación y de ambigüedad ante la falta de coherencia con la normativa existente. También cierta discrecionalidad y arbitrariedad ya que no se cuenta con las formalidades que requieren resoluciones de esta importancia. No se sabe el alcance real de estas medidas. A primera vista promueve la libertad del precio al público de los combustibles derivados del petróleo. Asimismo respaldaría el libre precio del crudo con destino a refinerías y exportación a partir del 2018. Son decisiones de cúpulas: las del gobierno en conjunto con las cuatro o cinco productoras del hidrocarburo que conforman el oligopolio del sector. Alguna empresa podrá o no acordar en algún punto con los nuevos criterios, ya que venía sosteniéndose con el aporte estatal, pero será compensada, como veremos. Todo esto representa el protagonismo del mercado por sobre la responsabilidad estatal ante la sociedad y la economía nacional. Supone la primacía del funcionamiento libre del mercado por sobre la necesidad de asegurar en el tiempo el autoabastecimiento, que sigue siendo una finalidad del sector energético asignado por la ley. Al resignar de alguna manera ese objetivo con estas decisiones, asoman consecuencias previsibles, como la importación de combustibles si el negocio es conveniente para las petroleras, ya que hay abundante oferta mundial y más barata, a pesar de lo cual ello significará aumento de los precios al público. La pérdida del autoabastecimiento como objetivo de la política energética contiene también aspectos vinculados con la integración nacional: una Patagonia con destino incierto, que queda a la deriva. En efecto, la pérdida creciente de empleos en esa zona, en su actividad tecnológica y en la inversión productiva es una consecuencia a la vista.
Por otra parte, y al mismo tiempo, se mantienen las altas tarifas de gas, estas sí fijas y por sobre los valores internacionales: allí no juega la competitividad ni el mercado. Los valores de estas tarifas siguen sostenidas por la remuneración del gas a las petroleras, subsidiada por todos los usuarios y garantizada y sostenida también por el Estado. Esos precios otorgados al gas producido en el país resultan de remunerar los yacimientos convencionales, mayoritarios en el suministro de gas a la demanda, con precios sustancialmente superiores a sus costos. De la misma manera con el precio con que se subsidia los no convencionales de Vaca Muerta. Son las compensaciones al oligopolio petrolero. Y un beneficio especial a Neuquén por su aporte a la flexibilización de las condiciones de trabajo, como isla solitaria en una Patagonia empobrecida y conflictiva. El combo que resulta de precios al alza en combustibles, y el mantenimiento del gas caro a contramano de los precios internacionales, es un contexto que atenta contra las posibilidades del desarrollo de la economía. Expone también con claridad las contradicciones entre los principios alegados de competitividad y alineamiento con los precios mundiales, con la realidad de protección estatal a los precios especiales del gas a los usuarios, sin justificación en sus costos, que implican cuantiosas ganancias de las empresas petroleras.
* Integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO).
“Final anunciado”
Por Roberto Adaro *
Desde los comienzos de la gestión de la alianza Cambiemos se viene advirtiendo el nuevo rumbo de la política energética del presidente Mauricio Macri y su ministro del área, Juan José Aranguren. Por ejemplo, allá por el 11 de enero de 2016 en el marco de la declaración de la emergencia del sector eléctrico nacional, el Gobierno hacía hincapié en la renegociación de contratos, destacando al esquema tarifario como el encargado de brindar señales; agregando que “los sistemas de remuneración (…) no han dado señales económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las inversiones que se requiere”. La medida anunciada por Aranguren el 26 de septiembre respecto de suspender el “Acuerdo para la Transición de Precios Internacionales de los combustibles” es un paso más en ese sentido.
El antecedente a la desregulación del mercado de naftas consiste en el acuerdo firmado en enero de 2017, que establecía un plazo de un año para aumentar de manera trimestral el precio de las naftas y gasoils, hasta la convergencia plena con el precio internacional y la total liberalización del mercado. Si esto ocurría antes de los 12 meses de celebrado el acuerdo, en consonancia con lo establecido en el punto 9 del mismo, se suspendían sus efectos y operaba la vigencia plena del precio internacional, tal lo anunciado días atrás por el ministro.
La desregulación se traducirá en un aumento de las naftas y gasoils -quizás demorado a causa de las elecciones- con consecuencias directas sobre los consumidores, la generación de energía eléctrica (dónde la mayor parte se obtiene a partir de hidrocarburos) y el transporte. Las consecuencias indirectas se derivarán del arrastre inflacionario sobre buena parte del resto de los precios de la economía. Al respecto, anteayer se conoció públicamente que las petroleras Axion, Puma y Oilya aumentaron los precios un 11,5 por ciento para agro, transporte e industria. Mientras, otros medios dan cuenta de las presiones de las petroleras para mantener el nivel de subsidios que les permita mantener su renta en pozos maduros o “potencialmente conflictivos en materia de empleo”, como los del Golfo San Jorge -compartido entre Santa Cruz y Chubut-. Si los subsidios no se mantienen, presionarán por mayores aumentos, o dejarán de explotar los pozos menos rentables. Esto así podría implicar menor producción nacional, menos empleo e ingresos para las provincias productoras.
En este sentido, es dable especular que la convergencia del precio local y el internacional del petróleo, generará desincentivos para la producción nacional, dejándola sometida a los vaivenes del precio externo en una actividad cuyos procesos de exploración y explotación suelen demorar años en concretarse; con un consecuente aumento de la importación de petróleo y refinados. Esto a su vez plantea un desafío para el balance de pagos, generando riesgos de mayor endeudamiento. En un informe reciente, Oetec destaca con datos del Ministerio de Energía y Minería que “la demanda interna en estaciones de servicio de naftas y gasoil del país es la más baja de los últimos doce años. A pesar de ello, las importaciones se incrementaron un 29 por ciento en relación a 2015, en paralelo a una producción de crudo refinable (básicamente cuencas neuquina y del Golfo San Jorge) transitando sus peores niveles desde 2012. Finalmente, se advierte que la única variedad de combustibles cuya elaboración y ventas aumenta en el mercado interno es la Ultra, esto es, la más cara. La Súper y el gasoil grado 2, termómetros de la economía real, retroceden sin pausa”.
Esto así sin ahondar en la pérdida de soberanía que significa dejar en manos de la especulación internacional –cabe recordar la influencia del sector financiero en los precios de las commodities incluido el petróleo–, un insumo difundido tan importante como la energía.
* Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad (Cepes).
