Más de un tercio de las pymes del sector electrotécnico redujo su dotación de personal durante 2016. El uso de capacidad instalada en el sector promedia el 66 por ciento, es decir que un  tercio del capital físico productivo está fuera de servicio. Sólo un 3 por ciento de las empresas del sector mantienen los tres turnos diarios de trabajo, 21 por ciento trabaja en dos turnos y el 76 por ciento restante redujo la jornada diaria a un solo turno. Una crisis que no es exclusiva del sector, pero ilustra sobre la situación del renglón de actividad en el que el gobierno anunció la baja de aranceles a la importación de equipos informáticos, que a juicio de las autoridades de la cámara del sector, Cadieel (que suministró los datos anteriores), pondrá en riesgo otros cinco mil puestos de trabajo de la cadena de valor del sector. La respuesta de las áreas específicas del gobierno a esta preocupación –ministerios de Trabajo y de Producción– es notable: lanzó el denominado Plan Nacional de Transformación Productiva, que propone brindar asistencia técnica y financiamiento a la reconversión de empresas que no estén en condiciones de afrontar la competencia importada. En buen romance, habrá crédito subsidiado para las firmas que presenten planes de liquidación de su actividad actual, para que puedan afrontar las indemnizaciones.  

  Hace poco más de diez días, el gobierno anunció un supuesto acuerdo con cámaras empresarias y sindicatos para garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo hasta marzo de 2017. Pero la tranquilidad social anunciada no superó ni el umbral de la Casa de Gobierno. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, aclaró de inmediato que el acuerdo no implicaba obligaciones, sino simplemente una expresión de voluntad. No pasó mucho tiempo para que la realidad permitiera verificarlo. No había transcurrido una semana cuando ya se tuvo noticias de 60 despidos en Electrometalúrgica Andina, 80 trabajadores de Acindar “forzados” al retiro voluntario, 270 telegramas de despido a trabajadores de Pecom Energía, 38 despidos en Tejedurías Naiberger, otros 60 despidos en Nevares, además de la decisión de YPF de desactivar definitivamente 33 equipos de yacimientos neuquinos, poniendo en peligro 1700 empleos de las empresas contratistas. Son apenas una muestra de los conflictos sociales que se multiplican en cadena, tan sólo en los primeros días posteriores al pregonado acuerdo de estabilidad laboral.

  Si no se encienden señales de alarma en el gobierno es porque un panorama como el presente no escapaba a las previsiones oficiales. Desde hace por lo menos tres meses, las autoridades de las áreas de producción y trabajo vienen pregonando un Plan Productivo Nacional, en el que se define un esquema de sectores de alta, mediana y baja competitividad, de acuerdo a su capacidad de sustentabilidad en un modelo que los exponga a una apertura importadora. Dicho plan toma como ejemplo la estrategia de crecimiento de Australia, destacando como factor a imitar la generación de empleo de calidad por medio de una apertura gradual de la economía y una reconversión productiva. El país oceánico echó mano, para ese objetivo, también, a la reducción de la representación sindical y a un fuerte esquema de privatizaciones.

 El Plan Productivo Nacional se fue presentando, en forma parcial y nunca como un documento acabado, en diferentes ámbitos empresarios. Uno fue el Foro de Inversiones que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, en el que se ofreció como anzuelo para los capitales extranjeros. Luego, en diversos encuentros empresariales, en los que el acento se puso sobre las facilidades que se le ofrecían a las industrias para reconvertirse y lograr mayor competitividad. Pero nunca había ido el gobierno tan directo al hueso como en la Resolución conjunta (ministerios de Trabajo y de Producción) 1 - E/2016, bajo el título “Programa Nacional para la Transformación Productiva”, publicada en el boletín oficial del 15 de noviembre.

 En su presentación, los dos ministerios involucrados presentaron el programa como una oferta de “financiamiento, asistencia técnica y capacitación para empresas que busquen mejorar su competitividad”. Sin embargo, los más atentos rápidamente identificaron la norma conjunta como la propuesta para “reconvertir las industrias afectadas por la inminente baja de aranceles a productos importados, en particular del sector informático” (Mariano Martín, Ambito Financiero). La Unión Obrera Metalúrgica rechazó de plano el programa de reconversión, entendiendo que era el preanuncio de la destrucción de empleo en el sector, y lanzó una campaña de afiches callejeros contra las importaciones.

 El Programa de Transformación Productiva consta de 14 artículos y un Anexo, en donde plantea que su aplicación “implica la acción coordinada de los Ministerios de Producción y de Trabajo, junto a las empresas, cámaras, trabajadores y sindicatos, en tres niveles”. Dos de ellos están referidos a las empresas, que identifica como aquellas “que detecten oportunidades de transformación productiva”, o las “empresas dinámicas que tienen proyectos de inversión genuinos y sustentables”. Para unas y otras se ofrece financiamiento y asistencia técnica. Pero lo más revelador está en el nivel referido a “los trabajadores, tanto que requieran capacitación para realizar nuevas tareas dentro de la misma empresa, como con aquellos que necesiten reinsertarse laboralmente”. E inmediatamente agrega el mismo párrafo, ya dando por sentado que estamos hablando de flamantes desocupados: “los trabajadores que elijan ingresar al Programa recibirán un seguro de desempleo ampliado (durante seis meses, 50 por ciento del último salario percibido, con un piso de un salario mínimo), facilitando su reinserción en las empresas que forman parte del programa”.

 “Lo que están ofreciendo es financiar la indemnización para las empresas que decidan no seguir: no hay otra forma de entenderlo, nos están entregando por adelantado nuestra propia acta de defunción”, expresó tajante Federico Cuomo, ex presidente de la Unión Industrial de Avellaneda. No fue el único, pero él mismo llamó la atención sobre el silencio de otras entidades empresarias que no se pronunciaron pese a la gravedad del tema.

 El Programa de Transformación Productiva de Jorge Triaca y Francisco Cabrera (foto) trata de presentar como un plan de financiamiento y asistencia técnica lo que, en la práctica, puede convertirse en un sistema de selección para la eliminación de sectores considerados “no competitivos”. Es lo que acaban de anticipar con el tratamiento a la industria informática, y lo que en la práctica está sucediendo en general con indumentaria, textil, metalúrgicas, etc. El Plan Productivo Nacional, el modelo australiano, era más explícito. El mismo definía tres grandes grupos de sectores. Los de alta competitividad, los llamados a subsistir, que apenas incluía a las ramas de la agroindustria; los de media competitividad, donde señala a biotecnología, software y servicios profesionales, que serían a los que se le ofrece asistencia para ganar competitividad; y los de baja competitividad, donde se agrupan la mayoría de las áreas manufactureras y pymes del país, algunos con “posibilidades mínimas de crecimiento (sectores latentes)”, como automóviles, autopartes, agroquímicos y medicamentos, y otros directamente destinados a “reconvertirse”, como calzados, textil, electrodomésticos y electrónica, entre muchos más.  

 Para los planes oficiales, el destino de todos estos sectores ya está trazado. Habrá que ver la resistencia que son capaces de ofrecer las miles de empresas y cientos de miles de trabajadores afectados, y la existencia de planes alternativos para evitarlo u ofrecer otra salida.