Desde Santa Fe

£El ministro de Infraestructura José Garibay encargó a una sociedad de abogados y a un consultor técnico -que percibirán honorarios por más de 1.700.000 pesos‑ la "revisión definitiva" de la salida de ARSSA del negocio de la autopista Santa Fe‑Rosario a costo cero, que el propio Garibay había negociado en 2016, pero que el gobernador Miguel Lifschitz ordenó someter a prueba por consejo del fiscal de Estado Pablo Saccone. Es una contratación directa que el ministro justificó en "razones de urgencia" porque el plazo de 180 días que dispuso Lifschitz para el examen vence en dos semanas, el 22 de octubre, el día de las elecciones. El estudio jurídico es Cassagne Abogados (Cass SRL) que percibirá 61.235 dólares por su dictamen (más 217 dólares por hora adicional de asesoramiento) y el consultor, el ingeniero Miguel Gueydán, quien cobrará 678.138 pesos, lo que suma 1.743.627 pesos, si no se dispara la paridad cambiaria.

Lo que está bajo la lupa es la causal del "mutuo acuerdo" que negoció Garibay para extinguir el contrato con ARSSA, cinco años antes de su vencimiento y sin exigir la cláusula que obligaba a la concesionaria a repavimentar los 330 kilómetros del corredor. Lifschitz aprobó el convenio el último día hábil de 2016, con el decreto 5194, que generó un revuelo político en la Legislatura, donde el bloque de diputados peronistas denunció que el indulto a la empresa significaba un "perjuicio" para la provincia de 1.554 millones de pesos.

El 25 de abril, el gobernador firmó un segundo decreto (1017/07) que dispuso la "revisión definitiva" del convenio Garibay‑ARSSA, que el propio Lifschitz había aprobado en diciembre. Y lo hizo por consejo del fiscal de Estado, quien dictaminó que el acuerdo que negoció el ministro de Infraestructura "no logra justificar la solución a la cual se llegó", es decir, no ejecutar las garantías ni sancionar a la contratista. Saccone propuso entonces "una nueva instancia de análisis técnico de las consecuencias económicas de la rescisión del contrato", que es la que ahora Garibay encargó al estudio Cassagne y a su colega Gueydán.

Garibay justificó la contratación directa en razones de "urgencia" porque el plazo de 180 días que le otorgó Lifschitz está próximo a vencer. Explicó que en julio había convocado a cinco consultoras a una "compulsa" de precios, pero el día de la apertura "no hubo ninguna propuesta". Y luego, otras dos empresas expresaron su interés en participar, pero tenían "incompatibilidades y conflicto de intereses" con ARSSA, le dijo a la periodista Ivana Fux.

-‑¿Por qué contrató a consultores privados y no a las universidades que ya trabajaron en el tema? ‑-le preguntó la colega.

-‑Ya incorporamos esos estudios (de la Facultad de Ciencias Económicas y del Instituto de Estudios de Transporte de la Universidad Nacional de Rosario) y nos parecía que se debía ampliar con alguien que tuviera una visión específica de las concesiones viales y del ámbito privado ‑contestó el ministro.

-‑¿Cree que pueden aportar información adicional?

‑-Sí, esperamos hacer un análisis más integral y completo. En su momento, a la facultad le pedimos que analizara sólo un aspecto. El informe técnico trabajará ahora sobre las inversiones que hizo la concesionaria y sobre cómo fue el proceso de desarrollo; qué fuimos permitiendo y no permitiendo durante toda la concesión.

Al estudio jurídico, Garibay le pidió "determinar la legalidad y conveniencia" para la provincia de los decretos 5194/16 (que rescindió el contrato con ARSSA de "mutuo acuerdo") y 1017/17 (que dispuso la revisión), analizar "las principales actuaciones administrativas vinculadas al contrato de concesión y sus órganos de control". Y asesorar sobre "eventuales cursos de acción administrativa y/o judicial". Y el ingeniero contratado deberá "cuantificar en términos económicos los incumplimientos contractuales" de la provincia y de la empresa y su relación con la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión.