Cambiemos vuelve a la carga con la baja en la edad de imputabilidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, anticipó que después de las elecciones enviará al Congreso el proyecto de régimen penal juvenil. La reforma propone “para los delitos gravísimos, aquellos que tienen penas mayores de 25 años”, bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, y “para los delitos muy graves, como violaciones, homicidios, robos con arma consumados”, pasarla a 15 años.
Presentado como un proyecto para después de las legislativas del 22 de octubre, lo cierto es que el PRO fogoneó el tema a lo largo de toda la campaña electoral. Como sucede con este tipo de propuestas punitivas que aparecen siempre en los climas fuertemente emocionales generados por hechos graves con amplia cobertura en los medios de comunicación, el disparador de este proyecto fue el asesinato de Brian, el chico de Flores baleado en un asalto en enero pasado, crimen por el que resultaron detenidos un adulto y un menor, de 15 años.
Ese mismo mes, el Gobierno armó una comisión para redactar el proyecto. La polémica con los especialistas sobre cuáles serán los efectos reales si la baja llega a aprobarse continuó durante todo el año. El candidato a senador de Cambiemos Esteban Bullrich llegó a cometer la torpeza de elogiar como un logro del Gobierno que “todos los días” haya “un pibe más preso”. El ex ministro de Educación tuvo que pedir disculpas por sus dichos, pero Cambiemos sigue poniendo el tema en agenda, esta vez a veinte de las elecciones. Como bandera de campaña, le permite mostrarse como haciendo algo drástico, firme, frente a la inseguridad.
“No se trata solamente de un tema de edad, sino de tener una ley que permita un abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley penal”, remarcó ayer Garavano, que hizo el anuncio luego de firmar un convenio por el que la Provincia de Buenos Aires recibirá 20 millones de pesos para realizar obras en sus institutos de menores. El ministro dijo además que en la elaboración del proyecto “estamos coordinando con (los ministerios de) Desarrollo Social y Seguridad, y esperamos poder también abrir luego con el resto de las jurisdicciones”.
“En esto la Provincia de Buenos Aires es uno de los actores más importantes, porque es una de las jurisdicciones que tiene una de las problemáticas más críticas en esta materia”. En ese sentido, agregó que “la opinión de la Provincia de Buenos Aires va a ser clave para esta ley nacional”.
Los especialistas advierten que la baja en la edad de imputabilidad no soluciona en nada el problema de los menores que delinquen: por el contrario, al no dar una respuesta social, sino policial y represiva, agrava la situación. Por otra parte, las estadísticas muestran que el porcentaje de chicos de 14 o 15 años que cometen delitos graves es muy menor. En 2009, el director regional de Unicef para América Latina, Kils Kastberg, informó que en Argentina, al año, hay 2 mil homicidios dolosos. De esa cantidad, en 200 casos participaron menores de 18 años. Y de esos 200, en 15 casos los agresores fueron menores de 16. Es decir que el papel de los menores en el aumento de la inseguridad está agigantado por el prejuicio. Se asienta en creencias como la de que “no van presos” por su edad, cuando en realidad la ley penal juvenil vigente permite detener a los menores que cometen delitos graves, que son llevados a institutos de menores.
Aunque hay una amplia coincidencia en que se debe ir hacia una nueva ley, ya que la vigente viene de la dictadura, el planteo de hacerlo bajando la edad de imputabilidad es cuestionado por su carácter inconstitucional. Durante la dictadura, el decreto ley 22.278 fijó la edad de punibilidad en 14 años. Antes de la recuperación de la democracia, esa edad se modificó a 16. Volver atrás tendría por esto un carácter regresivo.
La última vez que el tema de la baja de la edad se había hecho rodar públicamente fue durante la campaña para las elecciones legislativas de 2013, cuando el ex diputado y actual intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, propuso la modificación del régimen penal juvenil. También se lo discutió durante los gobiernos de Néstor Kirchner (tras el asesinato de Axel Blumberg, en 2004), Eduardo Duhalde y Carlos Menem. En todas esas oportunidades, la iniciativa no prosperó debido al rechazo masivo de organizaciones sociales y de derechos humanos.
En septiembre de 2015, la agrupación Justicia Legítima constituyó una comisión de infancia que redactó “Diez puntos básicos para una futura ley penal juvenil nacional”. Allí propuso pautas que deberían cumplirse en un futuro proyecto. En su punto 4 señaló que “la ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años. En todo caso, quienes propician dicha baja deberían dar argumentos teóricos y empíricos para justificar la ampliación de la intervención penal, de manera de no afectar el principio constitucional de no regresividad”. La comisión remarcó que la “no criminalización por debajo de la edad de punibilidad que fije la ley” debe ser acompañada de una averiguación de la verdad que permita establecer si detrás del adolescente hubo adultos que lo utilizaron.
