El Consejo de la Magistratura, que hoy maneja el oficialismo, pondrá cámaras de seguridad en el edificio del juzgado federal de Esquel, que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y podrá monitorear desde el “data center” en la Ciudad de Buenos Aires quiénes entran y salen del lugar. La semana pasada viajó allí el funcionario que está a cargo de la Seguridad Informática del organismo, Sebastián Gómez del Junco, alguien que no es ajeno al mundo de la Gendarmería, la fuerza sobre la que caen las principales sospechas de la desaparición del joven, ya que su padre integró el llamado “Escuadrón Alacrán”, que participó en la guerra de Malvinas, y su hermano es gendarme. Gómez del Junco lleva más de 15 años en el Consejo pero ocupa desde 2016 su cargo actual, por el que tiene acceso a buena parte del sistema informático judicial, por impulso del representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques.

El juzgado federal de Esquel, que es de competencias múltiples (no sólo penal), ocupa un edificio de tres pisos. Su titular, Guido Otranto, tiene despacho en el segundo piso. Proyectaba mudarse al tercero, pero su desplazamiento de la causa sobre la desaparición de Maldonado cambió los planes ya que ahí estará por al menos dos meses el juez de Rawson que lo reemplazará, Gustavo Lleral. Otranto había pedido hace tiempo al Consejo de la Magistratura que le instalara un sistema cámaras de seguridad. En el organismo nunca se ocuparon del tema, y se acordaron ahora ante un pedido de personal e insumos que envió Lleral pero que no dice nada específicamente sobre el circuito de vigilancia.

Gómez del Junco viajó jueves y viernes de la semana pasada para evaluar cómo se hará la instalación en Esquel. Los documentos que autorizan los viáticos ponen el eje en la instalación de un sistema de videoconferencia y aluden de manera más indirecta al circuito de cámaras con monitoreo desde el Consejo, pero tanto allá como en Buenos Aires todo el mundo daba por hecho que era el objetivo primordial del viaje. Del mismo modo, aunque no era una misión relacionada con la investigación sobre Maldonado, es imposible sacar los hechos de contexto y en el organismo en el que revista Gómez del Junco, a nadie se le escapan sus lazos familiares con la Gendarmería. Su padre, Néstor Alfredo Gómez del Junco, había sido primera alférez del Escuadrón Alacrán. Por eso su visita personal al juzgado de Esquel llamó al atención en el Consejo y porque si bien uno de los integrantes de su equipo es oriundo del sur del país y tiene origen mapuche, eligió viajar con otro, Claudio Barrionuevo, según pudo saber este diario por allegados al organismo.

La Dirección de Seguridad Informática fue creada hace un año, en buena medida como consecuencia de una sucesión de escándalos con el sistema informático del Poder Judicial, que demostró un alto nivel de vulnerabilidad: hubo denuncias por manipulación de la asignación de causas a determinados jueces y por la posibilidad de acceso a datos de los expedientes con cierta facilidad. Gómez del Junco es una de las personas a cargo del “data center”, que es lugar donde están los servidores informáticos de todos los tribunales nacionales y hay una base donde se asienta los expedientes judiciales. Pero también es el lugar desde donde se realiza el control de las cámaras de seguridad de distintos juzgados, la mayoría porteños, aunque en algunas provincias también fueron instaladas. En Paso de los Libres hubo una experiencia escandalosa, ya que la jueza subrogante Cristina Pozzer Penzo detectó que la vigilaban directamente a ella a través de las cámaras, lo que coincidió -además-con el descubrimiento de que había habido un hackeo a los sistemas de su juzgado con más de 30 mil accesos remotos.

En el verano Gómez del Junco quedó escrachado en una situación apremiante. Fue denunciado por su compañero de seguridad informática David Conte quien, al volver de sus vacaciones descubrió que lo habían cambiado compulsivamente de despacho. Al llegar quiso abrir con la llave de siempre la oficina que compartía con Gómez del Junco y no pudo. Habían cambiado la cerradura. Cuando finalmente accedió advirtió que sus pertenencias ya no estaban. Tampoco lo que había dejado en la caja de seguridad: un pendrive que oficiaba de media llave y una clave cifrada que eran el único medio supuesto de acceso a la declaración testimonio que había dado durante un día el ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio Jaime Stiuso. Ese testimonio, que duró más de nueve horas, había sido encriptado por orden de la jueza que investigaba la muerte de Alberto Nisman. Se suponía que los únicos que tenían acceso eran Conte y la jueza Fabiana Palmaghini (cada uno tenía media llave). El sumario interno del Consejo al final quedó dirigido contra el propio denunciante, Conte. En la causa penal que se abrió, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, sí lo tiene a Del Junco como uno de los posibles implicados.

El viaje al juzgado de Esquel no habría sido informado a los consejeros. Al parecer lo manejaron la presidencia, de Adriana Donato, el delegado del Poder Ejecutivo, Mahiques, y su hombre de confianza a cargo de la administración del Poder Judicial, Agustín Cinto. Si las cámaras hubieran estado ya en el juzgado de Esquel cuando comenzó la investigación por la desaparición de Maldonado, los funcionarios del Ministerio de Seguridad que lo frecuentaron durante todo este tiempo –como Gonzalo Cané, Daniel Barberis y Pablo Noceti– habrían quedado  estampados en alguna filmación, aunque la realidad es que hoy el Consejo, el centro de datos y con él toda la conexión informática del Poder Judicial, están bajo el control del poder político de turno que, como publicó PáginaI12, sigue despegando a la Gendarmería de la desaparición del artesano, ocurrida hace ya dos meses.