Desde Barcelona

Todos le piden lo mismo a Rajoy: diálogo. La rotunda negativa del presidente español a sentarse en una mesa con las fuerzas independentistas catalanas es vista ya desde todos los ángulos parlamentarios del país- y desde todos los miradores internacionales- como la principal causante de las violentas escenas vividas el domingo en Cataluña. Después de la brutal represión policial que causó 893 heridos durante la celebración del referéndum soberanista prohibido por el Tribunal Constitucional, poca duda cabe de la necesidad de una solución consensuada para el problema del encaje (o el desencaje) de Cataluña en el Estado español. 

El día después de la consulta popular que movilizó a más de dos millones de personas y concluyó con un 90 % a favor de la independencia, tanto Cataluña como el resto de España amanecieron revueltas. Todavía dolidos por los palos recibidos de parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, los ciudadanos compartían ayer sus testimonios, impresiones y denuncias de una jornada que costará dejar atrás, mientras las principales fuerzas políticas se reunían para analizarla y empezar a trazar los próximos pasos. 

El primero en pronunciarse fue el presidente del Govern catalán, Carles Puigdemont, quien anunció, como primordial medida, la creación de una comisión de expertos para “llegar hasta el final” en la investigación de las cargas policiales del 1-O, y exigió al Ministerio del Interior la retirada de los diez mil efectivos policiales desplazados a Cataluña expresamente para impedir el referéndum. Una vez recalcado que lo más relevante era la denuncia del abuso policial cometido bajo el amparo del Ejecutivo del Partido Popular, el líder catalán realizó su última llamada antes de declarar la independencia de forma unilateral. Puigdemont le pidió al gobierno de Mariano Rajoy que acepte sentarse en una mesa de diálogo presidida por mediadores internacionales, advirtiendo que, si finalmente se niega, el Parlament de Cataluña “se dispondrá a proclamar la independencia de Catalunya”.

“Ni yo ni el Govern estamos declarando la independencia”, quiso dejar claro Puigdemont ante la interpelación de los periodistas que le recordaban sus palabras en la noche del referéndum llamando a la puesta en marcha de la secesión. “Nuestro Ejecutivo ha tomado la decisión de invocar la mediación real y sincera a través de esta mesa de diálogo a tres bandas: Generalitat, Gobierno y los mediadores internacionales”. Las consecuencias de un nuevo rechazo de Rajoy, eso sí, conducirían a la aplicación de la Ley de transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán, según la cual a las 48 horas de la presentación oficial de los resultados del referéndum se declararía unilateralmente la independencia. 

Las fuerzas soberanistas de Cataluña no son las únicas en exigirle al presidente español que, por fin, ceda al diálogo. En Moncloa, el líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, se reunió con Rajoy para pedirle que abra una “ronda de conversaciones” con las fuerzas representadas en el Congreso, en especial con Unidos Podemos, formación dejada de lado en los contactos iniciados por el Ejecutivo central; a la vez que le demandó “una negociación de forma inmediata” con Carles Puigdemont.

Mariano Rajoy, sin embargo, no quiere saber nada de juntarse a hablar con quienes considera “unos golpistas”. En la reunión que mantuvo ayer con los líderes de las dos fuerzas que le manifestaron su apoyo en contra de la causa independentista, PSOE y Ciudadanos, el jefe de gobierno les pidió “mantener el consenso a la hora de hacer frente al grave reto planteado a nuestro sistema democrático” y diseñar juntos la estrategia a seguir tras el aviso del president de la Generalitat de una posible declaración unilateral de secesión. 

También se comunicó el presidente español, según lo anunciaron desde Moncloa, con los presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para trasladarles que “la determinación del gobierno a la hora de impedir el referéndum ilegal contribuye a mantener la estabilidad y la democracia en el conjunto de la Unión”, como respuesta a la reacción que, después de semanas de silencio, la Comisión Europea tuvo este lunes ante la crisis entre España y Cataluña. “Hacemos un llamamiento a todos los relevantes actores a moverse de la confrontación al diálogo”, declaró el portavoz del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker en una rueda de prensa que centró todas las preguntas de los periodistas en los graves incidentes del domingo y los resultados del referéndum. “La violencia no puede ser un instrumento en política”, le advirtió el portavoz de Juncker a Mariano Rajoy, aunque también aprovechó para reiterarle su confianza en que podrá hacer lo necesario “para salir de la crisis política que vive España”.

Todo lo contrario opinan desde Podemos, que tras la reunión de su Consejo de Coordinación para analizar lo sucedido el domingo, afirmaron que “Rajoy ha quedado inhabilitado como agente de diálogo”. El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, señaló que “el comandante de la represión en Cataluña no puede representar el diálogo y la solución democrática”, a la vez que rechazaba una posible declaración de independencia sostenida por los resultados del referéndum. “El 1-O no ha sido un referéndum pactado, legal y con garantías y no se pueden extraer conclusiones sobre el futuro de Cataluña”, expresó el número dos de Podemos, recordando que su formación rechazó “la hoja de ruta de Puigdemont” desde el principio.

Desde la calle, tampoco la gente quiso quedarse sentada ante el enroque de sus dirigentes y la violenta represión sufrida por la movilización del domingo, por lo que para hoy los dos principales sindicatos catalanes, CCOO y UGT, convocaron un paro general que pretende alterar la actividad normal de manera “pactada” en los centros de trabajo como protesta. En declaraciones a Catalunya Ràdio, los secretarios generales de los dos sindicatos subrayaron que no se trata de una convocatoria de una huelga general porque no hay detrás un conflicto laboral, sino que es “una gran movilización” ante la “desproporción” de la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el plebiscito catalán.