La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) volvió a reclamarle al gobierno argentino por la falta de avances en la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

A más de dos meses de que el joven fuera visto por última vez durante la represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut, el organismo de la ONU emitió un nuevo comunicado en el que “urge al Estado a redoblar sus esfuerzos de investigación para esclarecer lo ocurrido con el joven y dar con su paradero”. Reclamó que los procedimientos estén alineados con los estándares internacionales en derechos humanos y particularmente con la Convención de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

“Insto al Estado argentino a adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables por la desaparición de Santiago Maldonado”, declaró el Representante Regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.

Expresó su “preocupación ante la falta de avances en las investigaciones” y consideró “urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos”.

Incalcaterra también renovó su ofrecimiento de cooperación técnica para la investigación, algo a lo que se había comprometido el Gobierno con la familia de Maldonado pero que finalmente echó hacia atrás. El pasado 12 de septiembre, el ministro de Justicia, Germán Garavano, decidió deshacer la promesa hecha a los familiares de aceptar que se incorpore el grupo de expertos de la ONU y argumentó que en ese momento la investigación se estaba "encausando".

A pesar del optimismo del funcionario, ya se cumplieron 62 días de la desaparición que estuvieron marcados por la defensa cerrada del Gobierno a la Gendarmería, la instalación de hipótesis falsas para desviar la investigación y el apartamiento del primer juez de la causa, Guido Otranto, por la falta de avances.