La Justicia entrerriana condenó ayer a tres personas por haber lanzado hace tres años una lluvia de agroquímicos sobre una escuela rural en un pequeño pueblo enclavado de esa provincia.

Aunque la condena a un año y tres meses de prisión será en suspenso, se trata de un fallo inédito y marca un precedente jurídico para esta problemática, que afecta la extensa zona de producción agrícola argentina, dijo la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.

“Quedó acreditado que hubo daño en la salud de las personas. Eso es lo más destacado y se trata de un fallo histórico”, declaró Daniela Evequo, abogada de la campaña “Paren de fumigar las escuelas”, que impulsa desde hace varios años el sindicato docente provincial.

Los condenados fueron Bernardo Rodríguez, titular de la empresa fumigadora, José Mario Honecker, dueño del campo, y César Martín Visconti, piloto de la aeronave fumigadora. Fueron hallados culpables de los delitos de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” por haber pulverizado agroquímicos en los alrededores de la escuela en horas de clase, sin preaviso y sin cumplir con la legislación vigente.

“Nos sentimos muy conformes. Nos habría gustado una pena mayor, pero sabemos la importancia de este fallo, que sienta un precedente”, dijo al término del juicio Mariela Leiva, la maestra de la escuela fumigada.

El 4 de diciembre de 2014, poco antes de Navidad, una lluvia de agroquímicos cayó sobre Mariela Leiva y cinco chicos que estaban en la escuela rural de Colonia Santa Anita, en Entre Ríos. Pocos minutos después de aquella “lluvia”, Leiva y los chicos sintieron mareos, vómitos, dolores de estómago e irritación en las mucosas: el plaguicida lanzado desde corta distancia sobre el campo de arroz pegado a la escuela número 44 comenzaba a hacer efecto.

Tras el episodio en que los pequeños resultaron intoxicados, el sindicato docente de Entre Ríos llevó adelante una campaña bajo el lema “Paren de fumigar las escuelas”.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos calificó la condena de “fallo histórico”, ya que es el primer dictamen de la Justicia “en torno a la protección de docentes y alumnos rurales”, dijo.

Leiva destacó “la seriedad y la celeridad” del proceso judicial que se inició el 22 de septiembre y culminó ayer en los tribunales de Concepción del Uruguay, 300 km al norte de Buenos Aires.

Al acusar a los tres hombres, el fiscal Fernando Lombardi aclaró que la sentencia no era “contra la actividad agropecuaria”, sino contra “una conducta negligente”. En la condena, el tribunal de Concepción del Uruguay accedió a lo solicitado por el fiscal.

La Justicia pudo determinar una serie de irregularidades ya que la empresa de aviación no estaba habilitada y el avión no disponía de autorización para esas tareas.