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Desde Barcelona
“Som un poble digne” escribieron en el asfalto frente a uno de los colegios de Barcelona más reprimidos por la policía el domingo- el Instituto Ramón Llull- las cientos de personas que allí se concentraron en el marco de la huelga general de ayer en Cataluña. “Somos un pueblo digno, un pueblo de paz” cantaban, mientras llenaban la puerta de claveles rojos en nombre de cada uno de los heridos por las cargas policiales que el gobierno de Mariano Rajoy ordenó para impedir el referéndum soberanista.
La manifestación en protesta por la violencia sufrida el domingo pasado en Cataluña empezó con gestos como este ayer a la mañana y no se detuvo, sino que fue creciendo y expandiéndose a lo largo del día hasta desbordar a partir de las 6 de la tarde la avenida principal de Barcelona- la Vía Laietana- con decenas de miles de personas. Gente de todas las edades salió a la calle en una jornada marcada por la convocatoria de dos acciones reivindicativas: el llamado “paro cívico” promovido por la Taula per la Democràcia- agrupación ciudadana que aglutina a los principales sindicatos catalanes y a las entidades independentistas- en rechazo a la represión policial del 1-O, y la huelga general impulsada por centrales obreras minoritarias y partidos de izquierda como la CUP, en denuncia no solo de la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil sino de la enorme precariedad en la que están sumidos los trabajadores de todo el Estado (era una huelga que estaba convocada con anterioridad a la votación soberanista).
Como resultado de estas dos protestas simultáneas- que se convirtió, en realidad, en una sola- el paro de ayer fue masivo, con especial incidencia en el transporte y el sector público (administración, enseñanza y sanidad), según los datos proporcionados por la consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa. Aunque la gran industria no secundó el paro- la SEAT de Martorell, por ejemplo- sí que tuvo un alto seguimiento entre la pequeña y mediana empresa, alcanzando al 50 % en el comercio y dejando desiertas importantes calles comerciales como Gran de Gracia, en un barrio céntrico de Barcelona.
El FC Barcelona mostró expresamente su apoyo a la medida y prácticamente todos los medios de comunicación catalanes detuvieron su actividad ayer, así como los puertos de Barcelona y Tarragona o el Mercado de Abastos más importante de Cataluña, Mercabarna. Los bomberos, como no podía ser de otro modo después de días de protagonismo por su defensa activa del referéndum del domingo, se manifestaron también este martes ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, vestidos con su uniforme, en silencio y con las manos alzadas.
La desmesurada violencia con la que las fuerzas de seguridad nacionales intentaron impedir la consulta soberanista unió a una gran parte de la población en un pedido de paz, por sobre todas las cosas. Además de los gritos en favor de la independencia y el derecho a decidir que se escucharon por toda Barcelona y otras ciudades catalanas como Lérida, Gerona, Sabadell o Tarragona, los cánticos más entonados fueron aquellos dirigidos contra la violencia policial. “No vengo para defender la independencia de Cataluña porque no estoy de acuerdo con ella, pero sí para defender nuestra paz y nuestra libertad y manifestar abiertamente mi rechazo a los abusos que sufrimos el domingo”, afirmaba Clara, una profesora que ayer no acudió a las aulas y se dirigió a la manifestación del centro de Barcelona.
La respuesta ciudadana a las cargas policiales que se saldaron con 844 heridos no se limitaron, de todos modos, a la huelga de ayer. Los vecinos de diversos pueblos de la Costa Brava donde se hallaban alojados muchos de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia civil desplazados a Cataluña como parte del operativo ordenado por el gobierno central hicieron escraches multitudinarios frente a sus hoteles y lograron que, ayer mismo, tuvieran que abandonarlos y volver a sus cuarteles. El lunes por la noche, la primera teniente de alcalde de Pineda de Mar, Carme Aragonès, anunció que una cadena hotelera del municipio se había comprometido a que al día siguiente se fueran las decenas de agentes de la Policía Nacional que estaban alojados en dos establecimientos de la localidad. Y lo mismo ocurrió en otros municipios catalanes como Figueres, Bruc o Calelles, pueblo donde Guardias Civiles vestidos de paisano cargaron contra ciudadanos el domingo al terminar las votaciones.
El Partido Popular (PP), mientras tanto, está resuelto a defender hasta el final la actuación de las fuerzas de seguridad durante el referéndum y para ello va a registrar una proposición no de Ley en el Congreso en apoyo a la Policía y la Guardia Civil. El portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, explicó que con esta iniciativa se “pretende que el Congreso muestre apoyo incondicional en momentos de extraordinaria dificultad para unas personas que defienden la democracia en Cataluña”. Al mismo tiempo, el equipo de Rajoy se mostró indignado ante el trato que los agentes están teniendo en los pueblos catalanes donde permanecen alojados, acusando- como lo hizo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido- al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de alentar “el acoso y los actos de odio hacia los policías nacionales y guardias civiles”.
La Fiscalía de Barcelona, por su parte, avala las tesis del gobierno del PP y sostiene que la intervención de las fuerzas nacionales para impedir el plebiscito prohibido por el Tribunal Constitucional no afectó “en absoluto a la normal convivencia ciudadana”, porque los agentes actuaron en “legítima defensa”. Asimismo, el documento presentado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona recrimina al gobierno catalán su irresponsabilidad y “grave comportamiento al convocar concentraciones tumultuarias para desobeder y enfrentarse al Tribunal Constitucional”.
Los populares necesitarán respaldo parlamentario si quieren sacar adelante su Proposición no de Ley de apoyo a la actuación policial del domingo y también si, finalmente, se deciden a aplicar el artículo 155 de la Constitución que permitiría intervenir la autonomía de una región y convocar elecciones. Pero, de momento, solo cuentan con la compañía de Ciudadanos porque el Partido Socialista se muestra reticente a esta medida y, además, pidió este lunes la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al considerarla la principal responsable de las cargas policiales que se produjeron el día de la consulta en Cataluña.
