Corredores Viales S.A. Así se llama la sociedad anónima que el gobierno de Mauricio Macri decidió crear y que no hará otra cosa que lo que hoy está en manos de Vialidad Nacional: la construcción, mejora y reparación de rutas y autopistas de jurisdicción nacional.  La sociedad fue creada por medio de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial con la justificación de que es "prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial”.

El principal accionista de Corredores Viales es el Ministerio de Transporte, que tiene el 51 por ciento del capital social de titularidad del Estado nacional. El 49 por ciento restante quedó en manos de la Dirección Nacional de Vialidad. El reparto de las acciones quedó establecido en el decreto 794/2017, a partir del cual se aprobó el Estatuto Societario de la entidad, que de todos modos faculta a la Asamblea de Socios para aprobar modificaciones posteriores.

Que la asamblea societaria tenga atribuciones de hacer cambios no es un dato menor: eso quiere decir que el día de mañana podrían incorporarse otros socios privados a la empresa. El mismo decreto señala en sus considerandos que “en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes".

El decreto de creación de Corredores Viales fue firmado por Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Dice que el propósito de la empresa será "la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional, y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera".

Al argumento de que es “prioritario” hacer obras viales se suma el de que “resulta fundamental disponer los recaudos que tiendan a proteger los derechos del público usuario ante eventuales contingencias que pudieran surgir en el desarrollo de las concesiones (viales) a los fines de viabilizar la continuidad del servicio que se presta a los usuarios a través de las concesiones de la red nacional de caminos, rutas y autopistas".

Así como abre la puerta al ingreso de socios privados, el decreto deja el camino allanado a contrataciones al margen de las regulaciones previstas para el Estado y que Macri debería respetar si hiciera las obras a través de Vialidad Nacional. “Establécese expresamente que no resultan aplicables a Corredores Viales”, sostiene el decreto sobre las disposiciones consagradas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos;  el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y  la Ley de Obras Públicas.

Dicho de otro modo: Corredores Viales no tendrá que hacer las licitaciones que tiene obligación de realizar Vialidad Nacional, sino que podrá hacer contrataciones directas y decidir discrecionalmente qué empresa hace cada obra.

Aunque por otra vía, el Gobierno va por lo mismo en el PAMI. Allí acaba de crear la Fundación PAMI, una ONG cuyos objetivos se parecen mucho a los de la obra social de los jubilados, con la que comparte además sus autoridades.

En el caso del PAMI la ONG estará habilitada a dar prestaciones sanitarias y sociales que “brinde el o los efectores cuya gestión se encargue”, con la posibilidad de abrir sucursales y administrar establecimientos propios, es decir, los hospitales y las clínicas que ya supervisa el PAMI. La Fundación podrá hacer compras directas sin licitación y contratará personal por fuera del convenio. Y de esta manera, esquivará todos los controles actuales. Según se explicó, la ONG se creó para administrar el hospital Houssay de Mar del Plata, Sin embargo, el PAMI ya administra el Hospital Francés y también el Hospital Español.