El fiscal Miguel Gillian dictaminó que el Colegio de Abogados (de la City de Buenos Aires) y la asociación Será Justicia, ambos aliados del Gobierno de Cambiemos, carecen de legitimidad para exigir la inconstitucionalidad del juicio político como herramienta de remoción de la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien Mauricio Macri quiere echar de su cargo.

Según reveló el portal Nuestras Voces, Gillian señaló que “los cuestionamientos legales y constitucionales efectuados por las accionantes tendientes a obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 76 de la ley 27.148, resultan de carácter genérico y no aportan elementos probatorios ni demuestran de qué manera la normativa impugnada contraría el bloque de juridicidad generándole un perjuicio concreto”.

El Colegio de Abogados y la ONG habían realizado dos pedidos por separado para facilitar el propósito del Ejecutivo, que no oculta su pretensión de remover a Gils Carbó salteando el mecanismo previsto por ley, es decir, el juicio político en el Congreso de la Nación. Una vez radicadas, ambas denuncias fueron unificadas por pedido del Colegio en el juzgado de Ernesto Marinelli, el mismo juez que  aceptó el decreto presidencial que permitió el ingreso al blanqueo de capitales de familiares de funcionarios públicos, entre ellos el hermano presidencial Gianfranco Macri, quien blanqueó 35 millones y medio de dólares.

A pesar de que se trataba de una demanda contra el Estado, de la cual la Procuración es parte, el Ejecutivo hizo lugar al planteo de los demandantes, lo que evidenció el carácter de la operación que estaba en curso. La propia Procuración General pidió ser parte del expediente, pero el juez no la aceptó. Sí aceptó, en cambio, que Gils Carbó apareciera como tercera interesada, lo que frenó momentáneamente la maniobra. 

Sin embargo, Marinelli fue recusado y la causa recayó en el juzgado de Pablo Cayssials, quien le dio vista a Gillian. Ahora el fiscal dictaminó contra el planteo de los aliados de Cambiemos, que constituye el primer revés formal a la maniobra del Gobierno para saltear –con ayuda de sus amigos- el proceso constitucional de remoción de la procuradora.

Gillian acusó a los demandantes de hacer “aseveraciones genéricas, dogmáticas e hipotéticas”, además de reprocharles no concretar cuál sería la relación existente entre la ley atacada y el riesgo de lesión que le ocasionaría su aplicación”.