Estudiantes, docentes, decanos, representantes sindicales y de organismos de derechos humanos manifestaron un enérgico repudio a la "clara intimidación" de Gendarmería Nacional durante un acto en la Facultad de Psicologia, a dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado. En el centro de la Plaza de la Memoria, en La Siberia, una bandera con el rostro del joven artesano desaparecido desde el 1ª de agosto plasmó el reclamo de toda la comunidad educativa: "Basta de amedrentamiento e intimidación contra los que luchan". A metros de allí, el martes al mediodía irrumpió una camioneta de la fuerza cuestionada por la desaparición de Maldonado, en Chubut, con el argumento de llevar una citación judicial a un docente de otra facultad. La situación generó malestar y fue leída como un hecho de "provocación y amedrentamiento". A través de una comunicación telefónica, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, agradeció el compromiso y manifestó su preocupación. Se suman las denuncias penales; y el gobernador Miguel Lifschitz pidió "la investigación que corresponda". La singular explicación de Gendarmería no conformó y el área de Investigación de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación le informó al rector Héctor Floriani que puso una abogada para seguir el expediente.

Las palabras vía telefónica de Sergio Maldonado retumbaron ayer en La Siberia, pasadas las 13: "Fue un atropello a la democracia. Estoy ahí con ustedes. Si estamos juntos, no es fácil callarnos", dijo y manifestó sentir culpa porque el hecho sucedió durante el encuentro para exigir la aparición con vida de su hermano.

Los manifestantes de la convocatoria organizada por la Federación Universitaria y la Facultad de Psicología, recordaron que el artículo 31 de la Ley de Educación Superior 24.521 exige una autorización judicial para el ingreso de las fuerzas de seguridad a casas de estudios. Ante ello, el comandante mayor Marcelo Torrisi, secretario de comunicación de la Gendarmería Nacional, intentó dar explicaciones en defensa de los agentes: "El personal estaba cumpliendo una manda judicial. No veo ninguna situación fuera de lugar. Fueron a realizar su tarea, pidieron permiso al personal de seguridad. No debería la comunidad sentirse intimidada", dijo en LT8 sobre una presunta autorización para que un docente que fue perito mecánico en parte de la causa contra el exjefe de policía Hugo Tognoli, se presente a declarar. Sin embargo, trascendió que el docente en cuestión trabaja en la Facultad de Pellegrini al 200, donde funciona Ingeniería Mecánica Forense.

Por la tarde, el rector Héctor Floriani difundió un intercambio de correos electrónicos con autoridades de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad de la Nación. En esas comunicaciones, el director de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal del Ministerio, Daniel Barberis, informó: "He designado una abogada de mi equipo que lleva el expediente que hemos conformado. Iremos intercambiando datos en detalle de lo sucedido".

 

El repudio

La comunidad educativa de la CUR consideró que el hecho de anteayer "no fue aislado" y rápidamente se lo relacionó con lo ocurrido el 8 de septiembre pasado, en el Instituto Olga Cossettini, donde se realizaba una clase pública en la calle, por el joven desaparecido el 1º de agosto, y también fueron visitados por gendarmes.

Desde la FUR exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su segundo, Pablo Noscetti. Su presidente, Juan Manuel Gorosito, expresó que "la situación es muy grave: estamos ante el peligro de la imposición de una sola mirada, que dice que los derechos humanos son un curro y denigra nuestra educación pública. Tenemos que multiplicarnos para seguir reclamando y no permitir que se avasallen nuestros derechos", dijo y manifestó que "no satisfacen" las explicaciones de Gendarmería.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, hizo llegar su repudio al "lamentable acto de intimidación con los que luchamos por la aparición de Santiago. No se callen, no dejen de luchar", les escribió en una carta. En tanto, Laura Ferrer Varela, secretaria general de Coad, aseguró: "Saben que no pueden entrar a nuestra casa sin una orden judicial y sin avisar a decanos o a Rectorado. No queremos que entren más, como lo hicieron en otros momentos. Muchos tenemos el dolor en el cuerpo de cuando entraban a llevarse a nuestros compañeros", dijo sobre hechos de la última dictadura militar.

Franco Bartolacci, decano de Ciencia Política, agregó que "se violó la autonomía universitaria" y calificó el acto de ayer como una "manifestación contra la impunidad del poder que cree que tiene la posibilidad de hacer lo que se le canta". También aseguró que harán un seguimiento a la causa y que reclamarán justicia. "Frente a los grandes problemas que nos interpelan, estamos todos juntos", destacó. También expresaron su repudio el decano Raúl Gómez Alonso, de Psicología; y Ana Balderrama, vicedecana de Arquitectura.

Temprano, también se pronunció el gobernador Miguel Lifschitz: "Las autoridades pertinentes tendrán que hacer la investigación que corresponda", dijo.

El mismo día de la irrupción de los gendarmes en el Centro Universitario de Rosario (CUR), el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Héctor Floriani, aclaró que el ingreso de Gendarmería no contó con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria, como indica la ley de educación superior vigente. De hecho, eso fue lo que respondió el asesor jurídico de la UNR, Luis Delannoy, al comandante de la región 8 de Gendarmería, Claudio Brilloni, ante un mail que explicaba la presencia de efectivos de la fuerza en el CUR. Horas más tarde, la UNR presentó una denuncia en la Fiscalía Federal, a la que se sumó la presentación del gremio Coad; y -ayer‑ la de la concejala kirchnerista Norma López y del candidato a concejal, Roberto Sukerman.