El Parlamento de Cataluña celebrará el lunes 9 de octubre un pleno en el que podría declarar la independencia de la región, un paso que plantearía el mayor desafío de las últimas décadas al Estado español y abriría un foco de conflicto imprevisible en Europa. El pleno convocado ayer por los partidos independentistas incluirá la comparecencia del jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y tiene registrado como único punto en el orden del día analizar la victoria del “sí” a la ruptura con España en el polémico referéndum no autorizado celebrado el domingo. Sin embargo, el propio Puigdemont aclaró esta semana que Cataluña declarará su independencia “los próximos días” y la ley que regula el referéndum estipula ese paso en un plazo de 48 horas después de que se conozcan los resultados oficiales de la consulta, algo que podría ocurrir antes del fin de semana. “Es un pleno para valorar los resultados y para materializar las consecuencias de esos resultados: es decir, para declarar la independencia o para proclamar la república”, explicó hoy en una rueda de prensa la diputada Mireia Boya, del partido antisistema la CUP, que apoya al Gobierno de la alianza Junts pel Si.
En ese contexto, el anuncio de que Puigdemont enviaría un mensaje institucional por la noche despertó una gran expectativa, pero el líder secesionista evitó aludir a la sesión del lunes y reforzó en cambio el pedido de diálogo y mediación con el Estado central. “Este momento pide mediación. Hemos recibido diversas propuestas en las últimas horas y recibiremos más”, aseguró. “Pero nunca hemos recibido una respuesta positiva del Estado”. El Gobierno y los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición, criticaron rápidamente el mensaje de Puigdemont por no ceder en su plan.
Al menos uno de esos intentos llegó a la prensa: el líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, quien ayer mantuvo contactos con varios líderes, incluido Puigdemont y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para sondear la posibilidad de restablecer el diálogo roto. La propuesta sumó rápidamente varios apoyos espontáneos, pero Rajoy respondió a Iglesias que no negociará con quien hace un “chantaje tan brutal” al Estado, según fuentes del Ejecutivo.
La represión del domingo estuvo en el centro del debate sobre la situación en celebrado ayer en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, sostuvo que el referéndum fue ilegal y argumentó que “a veces hace falta el uso proporcionado de la fuerza”, pero luego agregó que “la violencia no resuelve nada en política” y lanzó una llamada al diálogo: “Todas lasvías de comunicación deben permanecer abiertas, es tiempo de hablar”.
El “sí” a la creación de una “república catalana independiente” ganó por un 90 por ciento la consulta –segun datos del Gobierno catalán. Los partidarios del “no” explicaron la derrota en su rechazo a la votación y a la campaña preelectoral porque el referéndum había sido prohibido por el Tribunal Constitucional español, pese a que las autoridades catalanas lo habían respaldado.
La declaración de independencia catalana plantearía un escenario impredecible al Estado español. La respuesta del Gobierno central de Mariano Rajoy podría consistir en intervenir la autonomía de la región, un paso inédito en 40 años de democracia en España, lo cual ha generado alarma entre organismos de derechos civiles y autonómicos. En un mensaje televisado la noche del martes, que cayo muy mal en los sectores independentistas catalanes, el rey Felipe VI denunció la situación de “extrema gravedad” abierta por el desafío soberanista y pidió al Estado asegurar “el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones frente a quienes pretenden quebrar la unidad” del país”. “El rey ha perdido una oportunidad de dirigirse a todos los ciudadanos”, sostuvo Puigdemont. “Las aspiraciones del pueblo catalán han sido tratadas de criminal e ilegítima. Y así no. Por eso hacemos una apelación al diálogo y a la concordia”.
Para intervenir o suspender parte de la autonomía de Cataluña, el Gobierno tendría que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite “adoptar las medidas necesarias” para obligar a un región a cumplir sus obligaciones. El paso inédito, que se discute desde hace meses en España, implicaría en el caso de Cataluña la intervención de autoridades puntuales o directamente la disolución del Parlamento regional para convocar elecciones anticipadas en la región. Su aplicación tampoco es inmediata y debe cumplir con diversos trámites que incluyen la aprobación en el Senado (Cámara alta), donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta, por lo que posiblemente no llegaría a producirse antes del lunes. Hasta ahora, solo el partido liberal Ciudadanos insistió en pedir ese paso a Rajoy “para frenar el golpe a la democracia en Cataluña”, mientras que los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición, mostraron sus reparos. La izquierda lo rechaza y apuesta por el diálogo.
