La Audiencia Nacional española citó ayer a declarar este viernes al jefe de la Policía autonómica de Cataluña, Josep Lluis Trapero, (foto) por un presunto delito de sedición durante un incidente vinculado al polémico referéndum soberanista del domingo. La jueza instructora Carmen Lamela también admitió la denuncia de la Fiscalía contra la intendente de la Policía catalana, Teresa Laplana, y los jefes de las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, informó la agencia Europa Press.

 La denuncia vincula a los cuatro imputados con las protestas frente a la Consejería de Economía catalana en Barcelona el 20 y 21 de septiembre, cuando varios guardias civiles quedaron bloqueados por manifestantes que además destrozaron coches del cuerpo armado. Los manifestantes protestaban por un gran operativo policial que el 20 de septiembre desmanteló parte de la logística del referéndum soberanista celebrado este domingo y detuvo a 14 personas, incluyendo a funcionarios del gobierno catalán.

 La magistrada analiza si los cuatro imputados participaron en esos incidentes, incurrieron en un delito de sedición –que acarrea penas de hasta 15 años de cárcel– por ir “dirigidos a romper la organización territorial del Estado”.

 Sànchez y Cuixart llamaron a protestar ese día tras el operativo de la Guardia Civil española, mientras que la Policía autonómica de Cataluña (Mossos d’Esquadra) está bajo sospecha de no haber actuado para impedir el cerco a los agentes y los incidentes. El papel de los Mossos quedó también en duda en el referéndum del domingo. Trapero tenía orden judicial de cerrar los locales de votación antes de las 6:00 horas, algo que no ocurrió. Cuando se desplegaron los agentes de la Policía Nacional española y la Guardia Civil con la misma orden, se produjeron graves enfrentamientos con los votantes. Diversos videos mostraron discusiones entre policías nacionales y los Mossos, que fueron acusados por las otras fuerzas de pasividad.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anunció el domingo que al menos seis juzgados de la región abrieron diligencias para investigar si los Mossos d’Esquadra desobedecieron la orden del tribunal de impedir el uso de locales públicos para el referéndum.