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Un total de 41 personas, la mayoría miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) –entre ellos el actual director nacional de la fuerza, Emiliano Blanco–, serán indagados en una causa donde se investiga el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, por un monto superior a los 19 millones de pesos. La acusación se debe a que “los imputados dilataban adrede los procedimientos licitatorios” para la provisión de alimentos en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y de esa manera “ante la inminencia de una crisis alimentaria, contrataban a Carnes Yamuni S.A. para que les provea los suministros” sin cumplir con las normas legales. Entre los acusados figuran directivos de la empresa. Los acusados fueron llamados a declarar entre el 8 de noviembre y el 28 de febrero de 2018.
La acusación fue fundamentada por el fiscal federal número 2 de Morón, Carlos Hernán García, y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Félix Crous. La investigación comenzó a partir de una denuncia formulada por la Procuvin y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El dato inicial fue “la detección de un déficit alimentario” en el Complejo Penitenciario II y en el CPF de Jóvenes Adultos, entre los años 2012 y 2014. Hoy la imputación es por “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado “en concurso real con vejaciones sufridas por la población carcelaria del penal de Marcos Paz, perpetrados entre enero de 2014 y julio de 2016”. Esta había sido la carátula con la que se abrió la investigación que luego llegó a las razones de la “crisis alimentaria” detectada.
En su momento, el fiscal García solicitó una serie de medidas de investigación para determinar la posible comisión de delitos que involucraran a funcionarios del SPF y a proveedores de alimentos. De esa forma se llegó a la actual situación, en la que el juez federal 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, llamó a indagatoria a los 41 imputados, por una defraudación cuyo monto sería de al menos 19.162.525,42 pesos.
La medida alcanza a quienes, entre los años 2014 y 2016, estuvieron a cargo de las direcciones Nacional, General de Administración y General de Contrataciones y la División Abastecimiento del SPF, como así también al director Administrativo y al jefe del Complejo Federal II. También deberán prestar declaración indagatoria los responsables del área de Testimonio de Recepción de Mercadería de ese establecimiento carcelario. Por otro lado se imputa a los responsables de la firma Carnes Yamuni S.A., que proveía de carne, fraccionada en medias reses, chorizos al organismo.
Los dos principales son el actual director nacional del SPF, Emiliano Blanco, quien asumió el cargo el 1º de enero de 2014, y el ex subdirector nacional de la institución, Claudio Barbera. Otros de los citados son Carlos Alberto Eced, Abelardo Torres y Dario Ferrara, responsables de la Dirección General de Administración del SPF; Manuel Leguizamón, Gabriela Martins Giménez y Walter Frantini, directores de Contrataciones del SPF; y Francisco J. Ramírez, Gisel Ávalos, Rodolfo Fassa, Javier Morriones, Sergio Otazú y Carlos Caro, directores de la División Abastecimiento.
En igual situación están Oscar García y Walter Trangoni, directores administrativos del Complejo Penitenciario Federal II; José María Ferezín, Orlando Aguirre, Gumercindo Gómez, Gabriel Ciappesoni, Raúl Medina y Juan Carlos Lafuente, quienes se desempeñaban como jefes del CPF II de Marcos Paz, y los responsables del área de Testimonio de Recepción de Mercadería (Economato) Hugo Ocampos, Carlos Merino, Christian Pereyra, Leonardo Aravena, Marcelo Juárez y Jorge García.
Por otro lado, el juez ordenó las indagatorias de Alberto Rojas, Fernando Díaz, Guillermo Cuccarese, Claudia Carballo, María Victoria Varela, Ricardo Caruso, entre otros, todos de la Auditoría General del SPF. Los fiscales creen que todos los imputados son responsables de que en la cárcel de Marcos Paz se produjera “un déficit alimentario, el que en gran medida se vio originado y causado por la entrega de carne de menor cantidad y peor calidad, por parte del Frigorífico Carnes Yamuni S.A., con quien había contratado el SPF de manera ilegal y arbitraria, dolosamente y con fin de lucro indebido, perjudicando los intereses económicos de la administración pública”.
Eso derivó en “un trato degradante” a las personas privadas de su libertad alojadas allí. Los fiscales consideran que los directivos de la firma involucrada fueron “partícipes necesarios” del delito de “vejaciones” sufrido por los interno. El juez también llamó a indagatoria a Facundo Antonio y Antonio Julián Yamuni y a Marcela Balchunas, presidente, director titular y directora suplente de la firma.
