Mediante el decreto 794/2017 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional creó la empresa Corredores Viales S.A., que tendrá las mismas funciones que tiene Vialidad Nacional. Según figura en el documento, el principal accionista de la sociedad anónima será el Ministerio de Transporte, con un 51 por ciento de las acciones, mientras que el restante 49 le corresponderá a la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, el texto aclara que “en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”, lo cual implica que las acciones pueden ser vendidas a privados. En diálogo con PáginaI12, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, advirtió que la medida significa “la privatización de lo que hoy es Vialidad Nacional”. El propio decreto establece que la nueva empresa queda al margen de las regulaciones y controles estatales de licitaciones y contratos.
“El administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, planteó abiertamente frente a los trabajadores que la idea es usar la empresa como puente para el proyecto de Propiedades Público-Privadas (PPP)que están tramitando en el Congreso de la Nación, porque después crearían otro organismo”, explicó Catalano. “Pero Corredores Viales S.A. tendrá vigencia por 99 años, por lo cual es muy difícil creerle al administrador”, agregó. El gremialista replicó los argumentos que esgrimió Iguacel para justificar la creación de la sociedad anónima: “Dijo explícitamente que se trata de una sociedad transitoria para quitarle el peaje de la autopista Riccheri a Cristóbal López y que se va a disolver una vez que se apruebe el proyecto de las PPP. Aseguró que el objetivo era devolverle al Estado ‘lo que Cristóbal López se había robado’. Es muy raro hablar de devolverle algo al Estado con la creación de una empresa privada que reemplace a un organismo público”, señaló Catalano.
Cuando los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad llegaron ayer a su lugar de trabajo, en avenida Presidente Roca 738, encontraron el edificio vallado, con la entrada franqueada por miembros de la Policía Federal armados y varias camionetas de la fuerza estacionadas en la vereda. “Nos pidieron documentos para entrar a nuestro lugar de trabajo de todos los días, en donde algunos compañeros trabajan desde hace más de 30 años. Esto no pasó ni en la dictadura”, contó a este diario Graciela Aleña, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Viales, y empleada del organismo desde 1974. “Estábamos pendientes de la lucha por la entrega y disolución del Distrito 1 de Buenos Aires (ver aparte), y hoy (por ayer) nos desayunamos este decreto, que no deja nada claro, pero que nos preocupa muchísimo”, agregó luego.
El decreto de creación de Corredores Viales fue firmado por Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Según dice el texto del documento, el propósito de la empresa será “la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional, y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera”. Es decir, las mismas funciones que tiene hoy Vialidad Nacional.
El decreto contempla, en el artículo 3, la creación de la “Asamblea de Socios” de la empresa, que será la encargada de “aprobar modificaciones posteriores” del Estatuto Societario, la venta de acciones. Para el secretario general de ATE Capital, “lo que busca el decreto es tercerizar y achicar Vialidad Nacional”, con el fin de “lograr un nuevo convenio colectivo con los trabajadores; modificar el régimen de trabajo, lo que implicaría pérdida de derechos y un fuerte recorte de los salarios”. “En ningún momento nos notificaron o anticiparon nada, ni al sindicato ni a los trabajadores. Nos enteramos por la lectura del Boletín Oficial”, señaló Catalano. “Nos llama la atención que sea un decreto simple y que haya sido justificado con normativa de la década del 90, la misma normativa que ya se usó para destruir Vialidad Nacional durante esos años”, agregó luego. En suma, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, explicó el secretario general, no se encargó ninguna obra a Vialidad Nacional: “Las obras que hay pendientes son las que arrancaron con el gobierno anterior”, apuntó.
Así como abre la puerta al ingreso de socios privados, el decreto deja el camino allanado para realizar contrataciones al margen de las regulaciones previstas para el Estado y que el gobierno debería respetar si hiciera las obras a través de Vialidad Nacional. “Establécese expresamente que no resultan aplicables a Corredores Viales”, sostiene el documento sobre las disposiciones consagradas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos; el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Ley de Obras Públicas. Dicho de otro modo, Corredores Viales S.A. no tendrá que hacer las licitaciones que tiene obligación de realizar Vialidad Nacional, sino que podrá hacer contrataciones directas y decidir discrecionalmente qué empresa hace cada obra.
La secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Viales aseguró que la mayor preocupación entre sus compañeros es el riesgo que corren sus puestos de trabajo. El decreto faculta a Vialidad para que establezca con los gremios “la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria”.
Además, en los artículos 4 y 5 establece que “no resultan aplicables a Corredores Viales S.A. las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, y que “la sociedad mantendrá con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado”, lo cual implica, como indicó Catalano, un cambio en el régimen laboral para los trabajadores del organismo. Aleña recordó que durante la reunión con Iguacel, “no nos dijeron nada concreto sobre los puestos de trabajo”, y adelantó que “estamos viendo con nuestros abogados si se puede impugnar el decreto”.
Informe: Juan Funes.
