Un fiscal dejó en evidencia a través de un dictamen la maniobra que el Gobierno puso en marcha a través de la ONG amiga Será Justicia y del Colegio de Abogados de la calle Montevideo para poder echar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó eludiendo el mecanismo del juicio político, previsto por ley. Las entidades pretenden que ese procedimiento sea declarado inconstitucional y así dar vía libre a que el Ejecutivo concrete una expulsión por decreto. Para eso abrieron una causa en el fuero contencioso administrativo. Miguel Gilligan, a cargo de la fiscalía que interviene, opinó que esas entidades carecen de legitimación para hacer el reclamo judicial en cuestión porque no sufren ningún perjuicio por la vigencia de la norma; pero además dijo que no se le puede pedir a un juez que declare la invalidez de una ley porque sí y sin que haya un hecho o caso que lo motive. De todos modos evaluó que para colmo se está pidiendo a un juez -en este caso una jueza, Rita Ailán- que en cierto modo interfiera en la tarea de legislar y “declare la inconstitucionalidad del proceso de remoción con mayor representación popular”.  

El oficialismo intentó ya el año pasado en el Congreso que se modificara la Ley de Ministerio Público Fiscal, que establece que al procurador o procuradora se los remueve del mismo modo que a los jueces de la Corte Suprema, o sea, con el juicio político. El intento fue producto  de que Cambiemos sabía que no contaba con votos suficientes para la destitución de Gils Carbó. Pero no logró ni una cosa ni la otra. Fue Elisa Carrió, paradójicamente, la principal opositora a la reforma legislativa. Por eso el Poder Ejecutivo fogoneó dos caminos alternativos adicionales: uno, conseguir que algún juez federal indague y procese a la Procuradora, como para alegar argumentos en un eventual juicio político; y otro, impulsar que algún juez contencioso administrativo declare inconstitucional ese mecanismo para habilitar otra vía (como un decreto) para echarla.

Con una denuncia originada en un llamativo anónimo, el juez federal Julián Ercolini ya indagó a Gils Carbó por el pago de una supuesta comisión indebida en la compra del edificio donde funciona la Procuración, y debe resolver su situación procesal. El otro camino comenzó con las denuncias de Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad, conocido por su aval histórico a los golpes de Estado. En este último caso, la demanda estaba dirigida contra el Estado que, a través de los abogados del Ministerio de Justicia les dio la razón a los demandantes, que son sus aliados.

La jueza Ailán le pidió opinión al fiscal y Gilligan sostuvo:

  • Que ni Será Justicia ni el Colegio de la calle ofrecieron ninguna prueba que demuestre de qué manera los perjudica la vigencia del sistema de juicio político como forma de remoción del Procurador.
  • “Los jueces no pueden tomar por sí o para sí una ley o una cláusula constitucional y estudiarla en teoría, sino sólo aplicarla a las cuestiones que suscitan o se traen ante ellos por las partes a fin de asegurar el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones”.
  • Los jueces operan sobre “casos” no sobre cualquier conflicto.  
  • La inmunidad funcional del Ministerio Público Fiscal “es otorgada para lograr la independencia del órgano (...) lo que no parece tener relación causal, es plantear como objeto de una demanda, que el Poder Judicial declare la inconstitucionalidad del proceso con mayor representación popular que establece nuestra Constitución…”.
  • “Resulta improcedente pretender” que un juez “impulse una ley que regule la remoción del procurador”, sería un “exceso” respecto de “sus atribuciones”.  

Son tiempos de alta presión del oficialismo sobre el Poder Judicial, que en Comodoro Py demuestran surtir efecto, ahora le toca resolver a la jueza Ailán, que integra un fuero que también suele moverse de acuerdo a los vientos políticos.