En el último año, cientos de artistas pasaron por el Centro Cultural Haroldo Conti, pilar cultural que, por estar ubicado en la ex ESMA, lo es también de la memoria. Ninguno de esos artistas cobró. A fines de 2016, los trabajadores del espacio comenzaron a denunciar, con una campaña, que el centro cultural estaba desfinanciado y se sostenía gracias a la “precarización” de los artistas. Es más: en una institución que depende del Estado y se caracteriza por impulsar actividades gratuitas, tuvieron que empezar a pasar la gorra, para que nadie se fuera con las manos totalmente vacías. Pero luego, la dirección lo prohibió. Recientemente, los afectados se unieron en la “Asamblea autoconvocada de artistas sin cobrar del Conti” y enviaron una carta a las autoridades en la que exigen una respuesta. 

“Somos un gran número de artistas que durante el año pasado y el corriente nos hemos presentado en el centro cultural bajo el acuerdo de recibir una remuneración. En cada uno de los casos fueron solicitados todos nuestros datos de facturación, requisito que hemos cumplido sin falta, para tramitar honorarios con el compromiso de abonarnos en un plazo no mayor a los 60 días. Sin embargo, ya han transcurrido varios meses y aún seguimos sin novedades”, se lee en el documento al que pudo acceder PáginaI12. Fue enviado, con fecha del 27 de septiembre, al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y al director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Alex Kurland. 

La cifra es estimativa: el Estado debe a los artistas más de 1 millón de pesos. Se estima que alrededor de 500 mil se adeudan a representantes de artes escénicas y 750 mil, a música, las dos áreas más afectadas, aunque no las únicas. Difícil calcular cuántas son las personas afectadas, porque en los registros aparece un solo integrante del elenco teatral o agrupación musical. Pero hay que hablar de cientos. Y no se trata solamente de que no han cobrado honorarios: muchos pusieron dinero de su bolsillo para los gastos de sus presentaciones (músicos invitados o fletes para el traslado de escenografía, por ejemplo). “Al igual que cualquier trabajador/a, los y las artistas que firmamos esta carta vivimos de nuestra actividad, realizada con dedicación, compromiso y profesionalismo. Cumplimos también con los requisitos exigidos por el empleador, que en este caso es el propio Estado (que se supone que debería velar por nuestros derechos)”, protesta la Asamblea. Da un plazo de diez días para que las autoridades respondan al “grave   incumplimiento”. A esta situación “vergonzosa, ultrajante”. El límite se cumple este fin de semana.

El conflicto se produce en el marco del vaciamiento del centro cultural ubicado en la ex ESMA, según vienen denunciando hace ya un tiempo, sin éxito, los trabajadores. El Conti depende de la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El presupuesto está subejecutado, advierten. A esto se añade el hecho de que otras carteras del Estado han dejado de aportar fondos a la institución, como es el caso de Cultura, que financiaba el grueso de los hechos artísticos en los tiempos previos a la gestión macrista. 

Silvio Lang dirigió en el Conti Diarios del odio, performance de elenco numeroso. “Dijeron que nos iban a pagar algo mínimo; tampoco es mucho. Es simbólico: 15 mil pesos. Pero somos 30 personas y tenemos un gasto fijo de 5 mil para hacer la obra”, detalló. No firmó un contrato. Fue una promesa de palabra.  “Asumimos, desde el grupo, la situación de hacerlo en esas condiciones porque el Conti nos parece un espacio importante. Había que colaborar con la situación en la que están los trabajadores y para que la programación no se disuelva. Muchas veces los artistas trabajamos sin firmar contrato. Estamos siempre batallando para que el Estado cumpla con sus acuerdos, que nos respete y dignifique”, expresó el director teatral, una de las caras visibles de un conflicto semejante con el CCK, que involucró a más de 2 mil artistas y finalmente fue resuelto.

“No es que falta plata. Hay una decisión política de no ejecutar estos pagos. No es que el Ministerio está en crisis deficitaria. Es una posición muy sádica la de la gestión, y tenemos que defendernos de esta violencia institucional”, remarcó el creador. Cuando Diarios del odio se presentó en agosto en el marco del ciclo “Teatro y Política”, fue leído un comunicado para explicar al público la situación y solicitarle una colaboración monetaria. Otros elencos hicieron lo mismo. Pero después la dirección prohibió esta alternativa. También reveló Lang que en el Conti “no hay mantenimiento técnico”. “Todo el equipamiento en el cual se invirtió se está rompiendo. Hay un abandono del edificio. Con la vida y la producción cultural que había en ese espacio, el macrismo está haciendo lo que hace en todos los ámbitos: congelar toda vitalidad. Salvo que sea un tipo de actividad que les sirva a ellos para su comunicación empresarial”, protestó.

En un cuestionario que respondió por escrito a este medio, Alex Kurland negó el desfinanciamiento del espacio. Por otro lado, admitió la deuda del centro cultural, suavizando la denuncia al decir que es con “algunos” artistas. “Se va a saldar íntegramente hacia fin de año. Tenemos voluntad de pago y vamos a pagar lo que se adeuda”, prometió. “Los atrasos responden a cambios en la administración de recursos. El Conti ahora lo gestiona la Secretaría de Derechos Humanos, cuando antes lo hacía el Ministerio de Cultura. Ese procedimiento requiere un ordenamiento y tiempo para que el sistema se aceite”, argumentó. 

Micaela Vita, de Duratierra, relató: “En abril presentamos nuestro último disco, en un espectáculo súper producido. De nuestro bolsillo, de la producción, se les pagó a los músicos invitados, técnicos y escenógrafos, sabiendo que ese dinero luego iba a entrar. Invertimos en este espectáculo. Se nos prometió un pago en un plazo no mayor a 60 días, y todavía no hay siquiera noticias. Todos los meses me comuniqué con la administración. Me dieron un número de expediente, como para mantenerme tranquila, diciéndome que estaba en cierto círculo administrativo”. Ella y Lang firman la carta de la Asamblea y dejan allí sus teléfonos celulares. “No sonó, no entró mail, nadie se ha comunicado”, aseguró la cantante. “Esta es una más de las políticas de vaciamiento de este Gobierno. Lamentablemente, buscan dejar vacíos de contenido todos estos espacios para la cultura y la memoria. Siguen vivos por los trabajadores y los artistas. Consideramos que es muy importante que se mantenga activo; conservarlo, cuidarlo”, concluyó.