La Corte Suprema confirmó el fallo que condena al Estado nacional a producir información básica sobre la escolaridad de estudiantes con discapacidad. El tribunal rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la administración nacional contra la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y dejó firme el fallo de la causa iniciada a principios de 2015 cuando un grupo de organizaciones interpusieron un amparo colectivo ante la constatación de graves falencias y vacíos en la información relevada por el Estado Nacional en esta materia. En 2014, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece), encargada de los relevamientos anuales, había reconocido que no producía la misma información para escuelas comunes que para escuelas especiales, y que desconocía la cantidad de niños y niñas con discapacidad que asistían a escuelas comunes.
