A pesar de que no hay organización internacional dedicada a la protección de los derechos humanos que no haya reclamado por la “inmediata liberación” de Milagro Sala, el gobierno de Mauricio Macri hace oídos sordos y no modifica su posición con respecto a la detención de la dirigente social jujeña. "Insistimos en la autonomía de Jujuy y la independencia de la justicia, que es el paso que tiene que dar ahora", dijo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Desde esa provincia, el fiscal de Estado, Mariano Miranda, reiteró que la liberación de la líder de la Tupac Amaru implicaría un "riesgo procesal" y dijo que los pedidos de la ONU, la CIDH y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “tienen un claro contenido político".
Tras el pronunciamiento de Comisión Internacional de Derechos Humanos que "urgió" al Estado argentino a "dar pronta respuesta" a la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU al pedido de "liberación inmediata" de Sala, Avruj dijo que "tomará debida nota y dará traslado a la justicia jujeña para que actúe en consecuencia".
En la misma línea en la cual la Cancillería respondió al planteo de la ONU, el funcionario habló buscó despegar al gobierno de Mauricio Macri de la responsabilidad por la detención de la dirigente social y se la cargó a la administración del jujeño Gerardo Morales, el gobernador radical socio del PRO. Con ese objetivo se escudó en la “autonomía de la provincia y la independencia de la justicia, que es el paso que tiene que dar ahora". Además, consideró que "es discutible" en señalamiento sobre la falta de independencia de la justicia jujeña y sostuvo que "el sistema judicial y todos los jueces independientes no son un sistema instalado por el gobernador sino que viene de la administración anterior".
Avruj habló por radio La Red, y reveló que anoche habló con Morales: "De la misma manera que (Mauricio) Macri está trabajando en sostener la idea de la justicia independiente, él entiende también que en Jujuy debe funcionar como está funcionando, (de manera) independiente".
Mila Sala está detenida desde el 16 de enero pasado por instigación al delito, a raíz de un acampe y protesta frente a la sede de la gobernación de Jujuy para protestar contra las políticas de Morales. A partir de entonces, la justicia jujeña abrió una seguidilla de causas en su contra para mantenerla presa.
Miranda es una pieza clave en ese armado de causas judiciales. Contra todos los reclamos de liberación de Sala, el fiscal de Estado de Jujuy insiste en reivindicar su detención. "Está claro que la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, así como la carta del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y el comunicado de la CIDH tienen un claro contenido político", afirmó.
Miranda desacreditó los pedidos de la ONU, la OEA y la CIDH con el argumento de que "no tienen a la vista la totalidad de los expedientes ni el avance de las diferentes causas, de las cuales, en el análisis detallado, surge que Sala cumple en prisión con los estándares sobre derechos humanos”.
El fiscal insistió en que existe "riesgo procesal" en caso de que Sala quede en libertad, riesgo que está "acreditado por la posibilidad de que puedan presionar a los testigos".
