Cuando conocí a través de los medios el caso de abuso sexual ocurrido durante la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires, mi primera reacción fue pensar que si hubiera sido en la escuela a la que van mis hijos, hubiera querido enterarme por las autoridades educativas del episodio, como había hecho el rector Gustavo Zorzoli, a través de una comunicación a los padres y madres. Pronto, hablando con compañeras del Colectivo Ni Una Menos, pude ver lo que no veía con claridad en ese primer momento: que lo que debía primar era el interés superior de la niña, la alumna de 14 años que denunció lo que le había pasado y lo dijo cuando pudo y como pudo: en un grupo cerrado de Facebook, de donde trascendió la información. ¿Cuánto podía protegerla a ella, que era lo que realmente importaba, si yo, como madre de otros alumnos, me enteraba de lo sucedido? Nada. Ese era el punto. El interés superior del niño o la niña es el faro ético y legal para analizar cualquier caso que involucre a personas menores de edad, como lo explicó en este diario la abogada feminista Sabrina Cartabia.

La decisión del rector de divulgar el grave episodio, que involucra a otro alumno, de 18 años, vulneró claramente el derecho a la privacidad e intimidad de esa niña, aun cuando no la hubiera identificado. Era obvio que por tratarse del Nacional de Buenos Aires y porque entre el alumnado hay varios hijos e hijas de periodistas, el caso iba a trascender a los medios, como finalmente ocurrió. Zorzoli no podía desconocer ese escenario. Y sin poner por encima de su interés, el de la niña, los buitres mediáticos se abalanzaron sobre la noticia.  

Zorzoli hizo un uso personal y político de un hecho tan delicado –como un abuso sexual sufrido por una alumna– para desprestigiar la toma y la participación política de los y las estudiantes, movilizados contra la reforma del secundario impulsada por el gobierno macrista en la Ciudad. Pero no solo hizo eso: más grave aún, puso en duda la palabra de la niña, socavando aún más sus derechos: “Aquí no hay víctima y victimario hasta que no se pruebe nada”, llegó a afirmar en conferencia de prensa. Además, con sus acciones, violó un acuerdo de confidencialidad que había firmado previamente con el papá de la alumna, según pude saber luego. Incluso cuando como docente pudiera tener obligación de denunciar al tomar conocimiento de un caso de abuso sexual, siempre debió poner por delante el interés superior de la estudiante, como establece la Convención Internacional de Derechos del Niñx, con rango constitucional.

El abuso sexual es un delito de instancia privada: es decir, la víctima es quien decide si quiere llevarlo a la justicia. El hecho de que pueda decidir no denunciar en ese ámbito no significa que el hecho no haya existido ni que lo haya inventado, como algún medio pretendió inferir. La revictimización que suelen padecer en tribunales niñas, adolescentes y mujeres que denuncian situaciones de violencia sexual es una realidad conocida que muchas víctimas prefieren evitar. No obstante, en este caso, ya se radicó una denuncia en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, y se esperarán los tiempos de la niña para escucharla. Si quiere. Son sus tiempos y no los de los medios los que deben primar. 

Por la decidida postura del padre de la alumna, que fue escuchado por las autoridades de la UBA, acompañado por el Colectivo Ni Una Menos, finalmente el alumno denunciado fue suspendido por 90 días y terminará sus estudios por sistema de educación a distancia. Y se le garantizó a la niña que no perderá la regularidad –porque no quiso ir a clases desde que ocurrió el hecho– y se tendrá en cuenta esa situación para compensar exámenes que no pudo dar, para evitar que pierda el año. Lo decidió el Consejo Superior de la UBA. También, quitarle a Zorzoli la potestad de comunicar sobre el caso.

Es claro que no fue el contexto de la toma del colegio lo que provocó el abuso sexual denunciado: como en otros espacios donde transitan adolescentes, se repiten, lamentablemente, este tipo de situaciones. El machismo atraviesa a la sociedad. En agosto, otra alumna empapeló con un texto suyo el edificio del mismo colegio, contando un episodio de abuso sexual, que ella había sufrido de parte de un compañero de curso en una fiesta privada. Los separaron de curso. La chica no quiso llevar el caso a la justicia.

Muchas mujeres en su adolescencia han sufrido situaciones de abuso sexual por parte de algún amigo, novio, compañero de curso o familiar. No son hechos excepcionales. Las mujeres lo sabemos. Pero históricamente los hemos callado, naturalizándolos, como parte de nuestra cultura. Hoy lo que cambió es que muchas adolescentes y jóvenes son conscientes de sus derechos, de que cuando dicen no, es no, de que si no hay consentimiento es violencia sexual. Y, sobre todo, ya no se callan. A partir del movimiento que despertó el Ni Una Menos, se crearon comisiones de Género en los Centros de Estudiantes que promueven debates sobre la problemática de la violencia de género. Por eso vienen reclamando con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que cumpla con la ley y garantice la educación sexual integral, sancionada hace 11 años, herramienta indispensable para combatir la violencia de género. El macrismo lleva diez años en el gobierno porteño y se ha esmerado en quitarles ese derecho.

El caso del Nacional de Buenos Aires deja en evidencia la urgencia de implementar protocolos de atención de situaciones de violencia de género en las instituciones educativas –la UBA tiene uno que no se cumplió en el CNBA–, para evitar lo que justamente sucedió en este caso: la exposición de los involucrados, y a la vez brindar la protección y el acompañamiento necesario a la víctima. Pero fundamentalmente, lo que se pone en primer plano es la necesidad de trabajar desde la educación sexual integral, en forma transversal en la currícula escolar, desarmando los patrones de machismo que persisten entre jóvenes, y que son el caldo de cultivo que habilita a que un adolescente considere a una compañera como parte de sus posesiones y se apropie de su cuerpo, sin su consentimiento. No perdamos esta oportunidad. Es obligación del Estado.