Cuando en los tribunales de Comodoro Py todo hacía suponer que se acercaba una nueva citación a indagatoria para Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman en la causa donde se les imputa traición a la patria y encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA, el juez Claudio Bonadio decidió antes llamar a dar testimonio a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, presidentes de bloque y de las comisiones que puedan hablar sobre la génesis del proyecto de ley que dio lugar a la aprobación parlamentaria del Memorándum con Irán. Lo había pedido la querella de la DAIA, que intenta que alguien involucre al gobierno de CFK en el ofrecimiento de algún favor a los iraníes.

Esta es la causa que se inició con la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida, y que había sido cerrada en dos oportunidades, por decisiones de primera y segunda instancia, pero se reabrió cuando, después que asumió la presidencia Mauricio Macri, hubo un nuevo planteo de reapertura de la DAIA e intervino la Cámara de Casación Penal. Una de las objeciones más obvias al planteo de Nisman y al llamado a indagatoria que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita era que trataba al Memorándum como si fuera un delito en sí mismo pero, además de que nunca se aplicó porque Irán no lo convalidó, había tenido la aprobación de ambas cámaras en el Congreso. De modo que, desde ese punto de vista, los diputados y senadores serían igualmente responsables. Por eso, las citaciones de Bonadio a los legisladores como testigos tienen múltiples lecturas: por ejemplo, que los llama como testigos, no como imputados.

El próximo lunes están citados Agustín Rossi, Ricardo Gil Lavedra, y Federico Pinedo y para el martes Guillermo Carmona, Diana Conti y Jorge Yoma. Para el miércoles 11, el juez convocó a Miguel Angel Pichetto, Ernesto Sanz y Rubén Giustiniani y para el jueves 12 a Daniel Filmus, Marcelo Fuentes y Pedro Guastavino. Bonadio les dio la posibilidad de responder por escrito a los legisladores que actualmente están en funciones. La querella de la DAIA pretende que cuenten la cocina de la ley que respaldó el Memorándum, su efecto sobre las alertas rojas sobre los acusados iraníes, si hubo reuniones con funcionarios de Irán y si Argentina les ofrecía algo.

En los últimos días, además de las versiones sobre un inminente llamado a indagatoria, las hubo sobre posibles detenciones. Por eso se presentó en la causa Adrián Albor, el abogado de Luis D’Elía, señalado lateralmente en la denuncia de Nisman por escuchas telefónicas, y pidió su eximición de prisión ya que el periodista Joaquín Morales Solá y luego una serie de programas televisivos anunciaban que iría preso. Bonadio rechazó el pedido por no haber ninguna orden restrictiva de la libertad concreta. Es decir, no es que le concedió la eximición de prisión sino que le dijo que no era algo que esté en juego ahora, lo que no le impediría ordenar detenciones más adelante.

Esta causa tuvo su origen como un expediente mellizo del primero que se abrió con la denuncia de Nisman. Era una especie de plan “B” que manejaba el establishment de la comunidad judía y el oficialismo actual por si la causa original era definitivamente cerrada.