Los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires se declararon en estado de alerta ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilite las operaciones de la cadena Farmacity, que todavía no logró desembarcar en territorio bonaerense gracias a que la ley vigente establece que haya una farmacia cada 300 metros y prohíbe que se puedan vender medicamentos junto con alimentos y otras mercaderías. 

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia convocó a realizar un abrazo simbólico al edificio de de la Corte el próximo jueves 12, en coincidencia con el día del farmacéutico, oportunidad en que reiterará su denuncia acerca de los vínculos entre Farmacity y algunos funcionarios de la alianza gobernante. 

Isabel Reinoso, presidenta del Colegio, le exigió a la Corte Suprema que sostenga los fallos sucesivos de la justicia bonaerense, que le negaron la autorización para operar en su territorio, "a pesar de la queja elevada por la empresa Farmacity". “Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, añadió.

La demanda de Farmacity para que le permitieran operar en Buenos Aires comenzó en 2012, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana. Pero el conflicto de interés no solo afecta al número dos de la jefatura de Gabinete. También alcanza a uno de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien tuvo entre sus clientes a la empresa farmacéutica. 

"El estudio de Rosenkrantz representó a Farmacity en una demanda similar en la provincia de Mendoza", reveló Néstor Caprov, presidente de la filial Lanús del Colegio de Farmacéuticos. Caprov también apuntó contra Juan Carlos Maqueda, quien "habilitó una farmacia de Cáritas en San Martín sin un permiso de salud pública, a pesar de que hubo una objeción de la provincia porque no había ni siquiera un profesional a cargo. El caso llegó a la corte y Maqueda votó a favor de habilitarla. El fundamento de Quintana y Farmacity se basa en ese fallo de Maqueda para habilitar la cadena en la provincia". 

Con esos elementos a la vista, los farmacéuticos sospechan la existencia de un creciente lobby para cumplir con los deseos de la empresa y destacan como primer indicio el hecho de que la Corte Suprema haya aceptado tratar el caso, cuando podría haberlo rechazo in limine. Reinoso sostuvo que la pelea “es contra los molinos de viento, ya no como farmacéuticos, sino como ciudadanos; me parece que llegar a una instancia de poder para acomodar el beneficio propio no está bueno”.

Caprov marcó como "principal escollo" para la empresa creada por Quintana al artículo 3 de la ley 10.606, aprobada en los años 60, que establece una distancia mínima de 300 metros entre los establecimientos farmacéuticos y que incorpora un criterio recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): "La relación es una farmacia cada 3 mil habitantes". "La discusión de fondo es qué modelo adoptamos, si el norteamericano, cuyo exponente es Farmacity, o mantenemos el europeo, donde la mirada prioritaria es la cuestión sanitaria y no el negocio", añadió el farmacéutico. 

El defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, por su parte, calificó como “muy grave” el conflicto de intereses evidente en el caso y adelantó que, si la demanda de la empresa prosperara, demandarán a Rosenkrantz en la Bicameral de juicio político y presentarán otra denuncia penal contra Quintana, por negociaciones incompatibles con su función.