Desde Santa Fe
El fiscal de Estado adjunto de la provincia Gustavo Luzzini confirmó que investiga a más de 30 asociaciones civiles de Santa Fe beneficiadas con millones de pesos por el intendente José Corral ‑en lo que se conoce como -"Corral papers"‑ ante la sospecha de que "podrían haber violentado el objeto social" para el que fueron creadas. "A todas se les pidió información detallada de los subsidios que recibieron y cómo se aplicaron", más los "balances y memorias", dijo el funcionario. Y adelantó que prepara un "informe" sobre el tema que "podría ser enviado a la justicia", si se comprueban las "irregularidades". Precisamente, desde ayer la investigación judicial está a cargo del fiscal Roberto Apullán, quien instruirá la denuncia que formalizó el concejal peronista Juan Cesoni hace una semana.
Luzzini dijo que apenas se publicaron los primeros informes periodísticos sobre "las cajas negras de Corral" unas 30 asociaciones civiles quedaron bajo la lupa de la provincia. "El 11 de setiembre se despacharon las primeras intimaciones", explicó. "Les pedimos información detallada acerca de los subsidios que recibieron y cómo se han aplicado" porque "en algunos casos entendemos que estos hechos podrían violentar el objeto social" de la entidad.
"El Estado debe velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de esas asociaciones y en muchos casos tenemos algunas pautas para creer que el objeto de la asociación no se cumple", adelantó Luzzini
‑¿Eso qué significa?-le preguntó un colega de Aire de Santa Fe.
‑Que no cumplen con el objetivo que tuvieron al formalizarse. Que prestan servicios y reciben subsidios del municipio de Santa Fe que no se condicen con el objeto de la entidad. La asociación sólo puede funcionar dentro de su campo de actuación, no se puede mover de él "aclaró.
Por lo tanto, les pedimos "balances y memorias para hacer un informe final que, en caso de corresponder, va a ser enviado a la justicia". "Tenemos intimadas más de 30 asociaciones y se van agregando otras a medida que van surgiendo los nombres en las informaciones periodísticas".
Ante otra pregunta, Luzzini reveló que ayer a la mañana también le había pedido un "informe" sobre el asunto a la directora de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia (IGPJ), María Silvia Gómez Bausela, una militante radical con trayecto en la Universidad Nacional del Litoral. "¿Ella no tendría que haber controlado las irregularidades e informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)?".
‑Exactamente. Ya se le requirió un informe- contestó el fiscal de Estado adjunto. "Sí, es cierto que uno debe informar a la UIF, no sólo cuando los socios de una entidad coinciden en el mismo domicilio legal, sino cuando las asociaciones tienen también el mismo domicilio". Y explicó que trabaja en una "reforma informática" para que esos hechos salten como "alarma" y "no se tenga que ver papel por papel". "En Santa Fe, hay cerca de 12 mil asociaciones civiles y muchas veces esos hechos no se advierten en debida forma. Obviamente, que en estos casos se informará a la UIF".
Luzzini dijo que la Fiscalía de Estado se anotició por la prensa. "Tomamos conocimiento de supuestas irregularidades e inmediatamente intervenimos en el tema". "La línea política que nos baja" desde el gobernador Miguel Lifschitz es "estar atento a las informaciones periodísticas, que es una base para nutrirnos en nuestro trabajo diario".
En tanto, el fiscal Roberto Apullán se encargará de investigar la denuncia del concejal Cesoni contra Corral y a sus secretarios de Desarrollo Social, Carlos Medrano, y de Gobierno, María Martín por supuesto "incumplimiento de deberes de funcionario" y a punteros, que son a la vez empleados municipales y beneficiarios del reparto, por presuntas "incompatibilidades". "Estamos analizando los términos de la denuncia y las medidas a seguir", precisó Apullán.
