El gobierno bonaerense cambió de estrategia y decidió promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas. Días atrás, fiscales de distintos municipios habían apuntado contra una supuesta organización detrás de los llamados intimidatorios a centros educativos. La nueva medida surgió luego de una reunión entre la gobernadora María Eugenia Vidal y otros funcionarios de la provincia de Buenos Aires, tras haber registrado más de 2400 amenazas telefónicas en el último mes, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense. “No se puede querer solucionar un conflicto político y educativo con temas jurídicos. El solo hecho de querer amedrentar a los padres causa miedo”, sostuvo a PáginaI12 Fernando Muriel, abogado especialista en derecho familiar. Los alumnos también criticaron la medida.
Hace unos días, la lupa sobre los responsables de las amenazas de bomba en colegios bonaerenses estaba puesta en una presunta banda que orquestaba los llamados, en especial, a las escuelas del oeste del conurbano. Así lo había manifestado, por ejemplo, el fiscal Claudio Ovidio, quien alertó de un “efecto contagio” y pidió investigar si las amenazas estaban motivadas “por alguna red”. Ahora, pareciera que el gobierno provincial encontró otro responsable: los padres. La propuesta estatal es impulsar demandas civiles, por “daños y perjuicios”, contra los tutores de los jóvenes que sean señalados como responsables de cometer esos llamados. “Los costos que generan los operativos deberán ser cubiertos por las demandas”, estableció un vocero del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense indicó a este diario que las demandas son “sólo una medida” para frenar las amenazas. De acuerdo con las cifras de la cartera que maneja Cristian Ritondo, en el último mes crecieron exponencialmente, al punto de contabilizar más de dos mil llamados en menos de treinta días. “Es una moda, pero el problema es que los jóvenes parecen no tomar conciencia”, agregó el vocero provincial. En la misma línea siguió Ritondo, al establecer que “la amenaza de bomba en una escuela no es una broma, es un delito” y agregar que se trata de “un acto de intimidación pública penado por la ley”.
Sin embargo, la propuesta de demandar a los padres levantó polémicas. En primer lugar, de parte de los propios alumnos, quienes consideran que ya los quieren ubicar en el banquillo de los culpables. “Hubo 150 amenazas en un colegio particular y creen que somos nosotros que no queremos tener clase”, indicó un joven, de cuarto año, de la Escuela Normal Antonio Mentruyt. “Así buscan desestimar nuestra lucha”, completó a PáginaI12 Federico, del Colegio Nacional de Adrogué.
En términos legales, la intención del gobierno provincial también dejó sospechas. “Que se quiera demandar por el lado civil y no el penal condice con que, en el segundo caso, se necesita la prueba fehaciente de que el padre realizó la amenaza de bomba en la escuela, cosa que es diferente a lo que el gobierno está diciendo”, explicó Muriel, del Frente de Abogados Populares. Otros abogados especializados en derecho de familia, en cambio, apuntaron a ver cómo se puede comprobar la relación de causalidad entre el accionar del chico (siempre y cuando haya sido él) y la responsabilidad del padre. Y por último proyectaron las posibles consecuencias: “Si la Justicia termina sancionando a los padres porque el teléfono con el que llamó el chico estaba a su nombre, ¿qué va a suceder?, ¿van a prohibir los celulares?, ¿estarán atrás de ellos todo el tiempo para ver con quién hablaron? De esta manera, sólo se restringen libertades adquiridas por los adolescentes en la última versión del Código Civil y Comercial”, estableció el letrado Muriel.
Por último, representantes de los Consejos Escolares bonaerenses mostraron su preocupación por las amenazas de bomba. “Empezamos a recibir llamados sistemáticos desde la semana pasada, hay escuelas que no tienen clases desde hace varios días”, aseguró el presidente del Consejo Escolar matancero, Alejandro Schvartzman, y alertó que “hay una situación muy rara, no pasaba en años anteriores, cuando era algo muy esporádico”. En la misma línea se expresó la secretaria del Consejo de Morón, Ana María Ruiz, que opinó que “es un caos” la situación y comentó que “hay muchas escuelas que tienen a los chicos en la calle, las brigadas de explosivos no dan abasto porque llaman a 20 escuelas a la vez desde hace 10 días”.
Informe: Jeremías Batagelj.
