Cerca de 230 mil personas están empleadas en Córdoba en diversas actividades comprendidas en el universo de la economía popular. Ese diagnóstico es fruto del trabajo que se realizó en la Mesa de Ciencia y Tecnología Social. Se trata de una instancia “conformada por distintos sectores en torno al objetivo de favorecer y propiciar canales de comunicación entre el conocimiento de las ciencias sociales y la gestión pública”, explicó al Suplemento Universidad de Pagina/12, Julieta Quirós, antropóloga e investigadora del Conicet en el Instituto de Antropología de Córdoba (Idacor).

Y en ese sentido, la investigadora agregó: “En nuestro caso, mejorar las políticas públicas destinadas a las economías populares de la provincia y a fortalecer las condiciones de trabajo y de vida de sus protagonistas, que son los trabajadores y trabajadoras”.

Entre algunos de los resultados más llamativos que arrojó el estudio se encuentra que una de cada cuatro personas económicamente activas, en Córdoba, es trabajadora de la economía popular y ganan 50 por ciento menos que quienes trabajan en condición de asalariados en el sector formal.

En el trabajo se destaca que el 34 por ciento de quienes trabajan en la Economía Popular (EP) en esa provincia se dedican al comercio por mayor y menor. Un 13 por ciento lo hacen en la construcción; un 10 por ciento lo hace en los servicios personales (limpieza de prendas y calzado, estética y peluquería); otro 12 por ciento lo hace al sector industrial y ramas asociadas y un 31% a una variedad de actividades englobadas en otras (agropecuaria, recolección de residuos, transporte, logística, enseñanza, etc.).

Coordinadora del estudio, Quirós resaltó que “sobre la base de los problemas y necesidades de gestión que nos planteó el organismo provincial en esas conversaciones, elaboramos un proyecto que está en ejecución desde fines de 2021 y que tiene como principal objeto generar un primer diagnóstico, en perspectiva interdisciplinaria y cuali-cuantitativa, de rasgos, problemáticas y fortalezas del sector de las EP”.

“Y a partir de ese conocimiento precisar las herramientas y soluciones que se generan, no sólo desde el ámbito gubernamental, sino también desde iniciativas y actores del cuerpo social, para el sector”, subrayó la antropóloga.

Trabajo en negro

Quirós explicó que la EP comprende “el universo de trabajadoras y trabajadores no profesionales que, sin salario ni relación salarial, se las ingenia para ganarse la vida en ocupaciones por cuenta propia, en emprendimientos productivos, comerciales o de servicios tanto individuales como familiares, changas en distintas ramas de actividad, y formas diversas de trabajo asociativo”.

Acerca de la EP y el trabajo no registrado, la investigadora aclaró que ambas realidades “no son equivalentes, porque la noción de economía popular viene precisamente a dar nombre a una realidad económica y laboral de la Argentina reciente, que eso que comúnmente conocemos como trabajo en negro, deja afuera.

“Trabajo en negro es una expresión del sentido común para referir al problema del empleo informal, es decir, a relaciones de patrón/empleado no registradas o informales, que hoy representan cerca del 45 por ciento de la totalidad del empleo en la Argentina”, aseguró Quirós.

La antropóloga de la UNC precisó que ambas nociones “son modalidades de trabajo que comparten problemáticas estructurales, como la condición informalizada” y advirtió que “la mayor parte de las actividades de la EP se desarrollan en condiciones de desprotección social y laboral”.

Por su parte, Karina Tomatis, economista de la UNC, que participó en la coordinación de este estudio, resaltó que “mientras en el debate público domina la falsa idea de que estos sectores viven de las políticas de asistencia, encontramos que el 89 por ciento de estos trabajadores vive enteramente de sus ingresos laborales”.

“Sólo el 11 por ciento percibe algún tipo de ingreso no laboral de origen estatal. Si consideramos la masa de ingresos del conjunto de trabajadores/as de la economía popular, alrededor del 80 por ciento del ingreso proviene de actividades y fuentes laborales, mientras las llamadas ayudas sociales representan solamente 5% del total”, aseguró Tomatis que codirige el proyecto de investigación, en el que también toma parte como codirectora Claudia Kenbel por la Universidad de Ríos Cuarto.

Pobreza extrema y mala calidad

Respecto del nivel de ingresos, el estudio conjunto arroja también los siguientes resultados: “El 41 porciento de la población de la economía popular en Córdoba se encuentra bajo la línea de pobreza. Dentro de ese conjunto, el 18 por ciento (es decir, 7% de la totalidad) vive en pobreza extrema”.

Sin embargo, sus ingresos son 19 por ciento son mayores a los de quienes reciben ingresos por trabajos asalariados informales –no profesionales–. “En Córdoba sólo 11.5 por ciento de los y las trabajadoras de la Economía Popular percibe ingresos provenientes de alguna ayuda social (transferencia estatal de ingresos monetarios), según la investigación”.

Quirós advirtió también que “buena parte de los trabajadores de la EP participa de manera parcial, intermitente y extremadamente dinámica del mercado de empleo. Es decir, suelen entrar y salir de empleos, que además de ser informales y no registrados, son de muy mala calidad”.

Explicó, en ese sentido, que “en una primera aproximación estadística al sector, nuestro equipo comparó la distribución del ingreso entre quienes trabajan en la EP y los trabajadores equivalente categoría ocupacional no pertenecientes a la EP”.

“Las brechas arrojan datos muy significativos: si bien ganan la mitad que los asalariados no profesionales formales, los trabajadores de la EP reúnen un ingreso promedio 20% mayor que el de los asalariados informales. ¿De qué nos habla esto? Del deterioro que el mercado del empleo realmente existente tiene para los estratos menos calificados de la Población Económicamente Activa (PEA)”.

Destrato y humillaciones

Acerca del trabajo en una empresa o bajo patrón, la antropóloga señaló que del análisis surge también que “cuando miramos a lo largo del tiempo las posibilidades efectivas de trabajo bajo patrón, que el mercado laboral ofrece a buena parte de las trabajadoras y trabajadores de la EP, son falsas oportunidades, no sólo porque esos empleos son mal pagos y sin cobertura, sino porque son temporarios, inestables, sin proyección en el tiempo, con niveles insostenibles de intensificación de mano de obra y muchas veces organizados sobre la base de maltrato, destrato y humillaciones”.

“En ese escenario, y pese a todas las dificultades estructurales, no debe sorprender que las economías populares puedan representar horizontes de mayor autonomía y dignidad en el trabajo y en la vida”, aseguró.

En el caso de las mujeres y la EP, Quirós subrayó que las actividades en el sector “son más y mejor conciliables con las actividades reproductivas y de cuidados que tienen a cargo”.

“No sólo las ordinarias, sino las extraordinarias, como poder llevar a un dispensario u hospital al hijo enfermo o pedir un turno en el sistema público de salud, gestiones que pueden demandar medio día laboral o más, y a veces sólo de espera. Estas cosas -que importan mucho y hacen a la calidad y dignidad de la vida de las personas-, no son habilitadas por los empleos informalizalizados y sin derechos que el mercado reserva para ellas”, advirtió.