A juzgar por los durísimos términos de la respuesta del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, el Estado conducido por Cambiemos hizo poco y nada y mal en la búsqueda de Santiago Maldonado. El organismo se mostró “altamente preocupado porque su suerte y el paradero todavía no han sido esclarecidos y la información disponible refleja una falta de avances en las investigaciones en curso”, y requirió al Estado que informe “las razones por las cuales las autoridades a cargo de la búsqueda del señor Maldonado y de la investigación de su desaparición esperaron más de un mes para tomar en cuenta de forma efectiva todas las hipótesis investigativas disponibles y relevantes”. La preocupación del Comité se hizo extensiva a la situación de los familiares del joven desaparecido dado que “han encontrado grandes dificultades para tener acceso de forma debida y rápida a la información relacionada con el desarrollo de su búsqueda”. Y también mostró alarma por “la entrega tardía de las actuaciones administrativas con datos sobre la actuación de la Gendarmería en el operativo”, además de advertir sobre los riesgos que implica la estigmatización de la comunidad mapuche y la falta de respuestas respecto a la protección de ésta ha requerido. En ese contexto, pidió “esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en  los  hechos,  y  en  caso  de  demostrarse, establecer   y  sancionar a  sus responsabilidades, tomando en cuenta que la identificación  de los perpetradores de la desaparición   forzada puede resultar clave para ubicar a la persona desaparecida".

En su nota de seguimiento al Estado parte, el Comité rechazó el planteo del Gobierno de que las acciones de la ONU se superponen con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “Una petición de acción urgente puede incluir medidas cautelares, pero no es en sí misma una medida cautelar. Por lo tanto, una acción urgente no tiene la misma naturaleza jurídica que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH”, explicó y resaltó que las iniciativas de ambos organismos lejos de colisionar son complementarias.

El organismo internacional señaló que “pasó más de un mes antes de que las autoridades iniciaran su labor investigativa” y que “los primeros momentos tras la desaparición de una persona son de mayor relevancia en la perspectiva de ubicarla”. En el documento, al que accedió PáginaI12, el Comité se mostró, de nuevo, “altamente preocupado” por las declaraciones públicas de los funcionarios del Gobierno tras la desaparición de Maldonado, rechazando la hipótesis del involucramiento de las fuerzas estatales en los hechos, así como la tipificación de los mismos en una desaparición forzada. 

El Comité citó varias declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y en particular se detuvo en su dicho del 18 de agosto de que “hasta el momento no hay ninguna persona en la causa judicial que haya prestado un testimonio (...) en el cual se hubiese aseverado que Santiago Andrés Maldonado se encontraba en el predio en cuestión el día del procedimiento” contra la comunidad mapuche en el que el joven fue visto por última vez. “El Comité queda sorprendido por esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se lo ubicaba en el territorio”, reza el documento.

En uno de los párrafos más duros, el organismo de la ONU expresó su alarma “porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas en forma pública antes de que se haya realizado una investigación exhaustiva e integral de los hechos, y en particular, del proceder de la Gendarmería”. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de los uniformados “fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de búsqueda de personas desaparecidas”.

El Comité lamentó “que se haya esperado hasta el 7 de septiembre para iniciar con las entrevistas a la Agrupación XIV de la Gendarmería de Chubut, donde aparecen elementos precisos sobre los hechos, tales como el dato de que un gendarme había arrojado una piedra a un manifestante en el río, y que al menos otro reconoce haber disparado con balas de goma en la orilla”. Reprobó también que “dichos elementos no fueron integrados al expediente de habeas corpus sino hasta el 10 de septiembre y que hasta esta fecha no se conocía la existencia de actuaciones de la propia Gendarmería”. En ese sentido, añadió que además “la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostuvo que al menos hasta el 4 de septiembre no existía formalmente ni siquiera un Sumario Administrativo en los términos previstos por la legislación  nacional”, por lo cual cuestionó su validez.

Por otra parte, el Comité de manifestó estar “muy preocupado porque gran   parte de los aportes del Ministerio fueron adelantados a los medios de comunicación previo a su ingreso a la causa judicial, lo cual no es  compatible con los principios básicos de confidencialidad y debido proceso   aplicables a la investigación de cualquier caso de desaparición forzada”.

Ante este cúmulo de situaciones, el Comité pidió a los funcionarios macristas la “plena imparcialidad, independencia y autonomía” de la investigación de la desaparición de Maldonado y que se excluya de la misma “a toda persona que pueda estar involucrada”. También señaló que se debe garantizar que los investigadores cuenten “con la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus funciones”.

El organismo de la ONU fue directo acerca de la necesidad de “esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer y sancionar sus responsabilidades”. Y también en cuanto a que se debe “investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones de las autoridades del Estado parte que hayan podido entorpecer” la búsqueda de Maldonado.

“El Comité también está preocupado por la información recibida según la cual, tal como lo denunció el Defensor Federal de Esquel, los vehículos de la Gendarmería involucrados en el operativo podrían haber sido lavados, y que varias fotos e imágenes del operativo habrían sido faltantes”, dice la nota de la ONU. También se pronunció respecto a la gravedad que podría implicar para el caso “la información pública según la cual las autoridades estatales a cargo de la búsqueda e investigación inicialmente elaboraron su estrategia con base en declaraciones no verificadas indicando que los gendarmes no habrían llegado hasta el Río Chubut”. “Tal y como lo sabe el Estado parte, fotografías y declaraciones de varios gendarmes en las investigaciones internas desmintieron esta afirmación”, remarcó el Comité, que requirió “adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger los elementos probatorios disponibles” y asegurar que toda la información disponible sea debidamente tomada en cuenta como indicio.

El Comité también advirtió que debe ser garantizado el acceso a la familia Maldonado y sus abogados a toda la información del caso. Recordó que en su nota al Estado del 7 de agosto pasado requirió “la  adopción de medidas cautelares de protección a favor de los familiares de Santiago Maldonado y de sus representantes, así como de los miembros de la comunidad mapuche”. También lamentó que el Gobierno haya acusado a la familia y a la comunidad mapuche de no haber colaborado en la causa.